Pedro Alonso Pérez
Pasado y Presente
Al amanecer el 27 de marzo de 1968, los habitantes del antiguo San Miguel de las Cuevas, luego llamado San Miguel de Camargo, despertaban con dos gratas noticias, trascendentes para su vida social.
Buena noticia para este pueblo, enclavado a orillas del río Bravo en la frontera tamaulipeca era que, finalmente se cumplía su viejo anhelo de convertirse en municipio – se independizaba de Camargo- pero además, también amanecía con el rango de ciudad. En efecto, el decreto legislativo 261 emitido el día anterior por el Congreso del Estado de Tamaulipas establecía: “Artículo Primero.- Se crea el municipio de San Miguel, Tamaulipas. Artículo Segundo.- El poblado de San Miguel se erige en cabecera del nuevo municipio y se le concede la categoría de ciudad.” Triunfaba de esta forma una larga lucha por la autonomía municipal que venía desde años atrás, al menos desde la década 1940, cuando varios grupos sociales se organizaron para demandar ese reconocimiento sin lograrlo entonces. Incluso, en 1951 arañaron su independencia erigiéndose en municipio de forma efímera; conquista denegada por la posterior legislatura en 1953, argumentando que no fue publicado el decreto legislativo correspondiente y que San Miguel no reunía todos los requisitos legales para tal efecto.
Pero aquella pretensión de autonomía continuaría circulando en toda la comarca ribereña, era una sentida demanda social también en otros lugares fronterizos; en 1961, como respuesta a la petición de sus pobladores se creaba el municipio de Río Bravo, segregando territorio de Reynosa, y en 1966 se reiniciaba la lucha municipalista en San Miguel instalando el Comité Pro-emancipación, organismo plural que mediante diversas gestiones y firmes acciones político-sociales logró al fin en 1968 que fuera aceptada su propuesta: constituir el municipio tamaulipeco número 43.
No obstante, menos de un mes después de aquel alegre despertar, los mismos habitantes de San Miguel lamentarían haber perdido su nomenclatura histórica. El “cuadragésimo sexto” Congreso Local aprobaba el 24 de abril de 1968 otro decreto, el 276, para cambiar el nombre oficial del nuevo municipio y de su cabecera, por “Municipio Gustavo Díaz Ordaz” y “Ciudad Gustavo Díaz Ordaz” respectivamente. ¿Cómo ocurrió tal cambio y Por Qué? Responder a esta cuestión permite mostrar las paradojas de aquel memorable acontecimiento.
Imposición innoble
El licenciado Praxedis Balboa Gojon, a la sazón gobernador del estado, envió al Poder Legislativo la iniciativa que modificaba el nombre, argumentando: “Que el Pueblo y el Gobierno de Tamaulipas reconocen, sin reserva, que el Señor Presidente de la República (sic), Licenciado Gustavo Díaz Ordaz (en el original, título y nombre están escritos con mayúsculas), ha desarrollado en la Entidad (sic) un gigantesco programa de obras materiales de interés público que benefician a todos los sectores sociales…” y continúa el escrito por el mismo tenor alabando sin medida la función gubernamental del “Primer Mandatario de la Nación”, lo cual no era extraño en aquellos tiempos de cultura política priista; lo que si sorprende es el contenido del segundo considerando que a la letra dice: “Que ante la ausencia de antecedentes históricos que justifiquen el nombre del recién creado Municipio de San Miguel, Tamaulipas, el propio Ejecutivo Estatal con el apoyo y simpatía de todos los sectores activos interesados, ha resuelto cambiar el nombre del nuevo Municipio y su cabecera, imponiéndole el del Ciudadano Presidente de la República, para honrar en forma continua y permanente al Estadista que hoy rige los destinos de nuestra Patria.” El texto original está firmado por el gobernador Balboa y el licenciado Pedro de Kératry Quintanilla, entonces secretario general de gobierno, según consta en el archivo histórico del Congreso.
Al día siguiente de recibir este documento, el congreso tamaulipeco dictaminó y aprobó a toda prisa la iniciativa del Ejecutivo, sin modificarle siquiera algún punto o una coma. Y el mismo 24 de abril de 1968 se publicó en el Periódico Oficial el decreto 276 disponiendo: “Artículo primero.- A partir de la fecha en que entre en vigor este Decreto, al Municipio de San Miguel, Tamaulipas se le impone el nombre de Municipio Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas. Artículo Segundo.- A la cabecera municipal se le impone el nombre de Ciudad Gustavo Díaz Ordaz.” Suscribían esta disposición de efectos inmediatos, los diputados Carlos Quintanilla Meléndez, como presidente y los secretarios, Ma. Del Refugio Perales G. y Gumaro Barrientos Galván. Aquella iniciativa gubernamental convertida íntegra en decreto legislativo, utilizaba el verbo “imponer” (“imponiéndole”, “se le impone”), lo que era muy propio de los tiempos que entonces se vivían, aunque el sentido pretendiera ser otro. Este documento – fuente primaria del acontecimiento histórico con los otros decretos -, es evidencia del contexto de autoritarismo entonces vigente en todo el sistema político mexicano. Se imponían candidatos, se imponían nombres, se imponía casi todo.
Según Daniel Cosío Villegas, aquel sistema estaba basado en dos grandes pilares: un presidencialismo omnipotente y un partido de Estado (PRI) que controlaban por entero el poder político. El presidente de la República sometía a los otros poderes públicos, y medios de comunicación, sindicatos, cámaras empresariales, etc.; en general, la sociedad política y la sociedad civil mexicanas estaban bajo la férula del Ejecutivo federal en turno. Y los gobernadores reproducían en su entidad aquellas prácticas y el mismo esquema de dominación; por tanto, no resultaba ajeno que avasallaran al poder legislativo local, como ocurrió en el caso que nos ocupa. Por supuesto, había antecedentes históricos suficientes que justificaban el nombre de San Miguel al nuevo municipio, así se llamaba desde mediados del siglo XIX, pero el día que, sin consultar a los sanmiguelenses le cambiaron de nombre – el 24 de abril de1968-, se impuso la cortesanía política inherente al régimen autoritario que existía.
Tres meses después de aquel evento, el 26 de julio estalló el movimiento estudiantil que durante más de noventa días sacudió al sistema político y a la conciencia nacional; con apoyo creciente de la ciudadanía, los estudiantes enfrentaron a base de grandes movilizaciones pacíficas al gobierno antidemocrático de Gustavo Díaz Ordaz (GDO) cuyo secretario de gobernación era Luís Echeverría Álvarez (LEA). Pero a las demandas estudiantiles de libertades democráticas y diálogo público este gobierno respondió con la represión desde el inicio del conflicto; y de manera brutal en Tlatelolco, la noche del 2 de octubre, cuando soldados y francotiradores dispararon a mansalva con saldo todavía indeterminado de muertos y heridos. La represión continuó hasta los primeros días de diciembre, cuando terminó la huelga en la UNAM, el “Poli”, las normales rurales y otras instituciones de educación media y superior. El movimiento del 68 fue derrotado con imposición y violencia gubernamental, pero el país empezó a cambiar con este acontecimiento y grande fue el desprestigio del gobierno – dentro y fuera de México – y en especial del presidente Díaz Ordaz. Ahora lo sabemos, a la larga triunfaron las banderas democráticas del movimiento estudiantil-popular de 1968 y este acontecimiento histórico ejemplar ahora es considerado un parteaguas de la transformación nacional.
Ingrata memoria
Años después de aquel conflicto nacional el exgobernador Balboa publicó, en 1975, un libro de memorias que lleva por título “Apuntes de mi vida”, sin referirse ahí para nada al movimiento del 68, ni a la imposición del nombre de Díaz Ordaz al municipio de San Miguel, Tamaulipas. Tampoco tenía porque hacerlo, puesto que el libro abarcaba temas, recuerdos y sucesos hasta el gobierno de Adolfo López Mateos (1958-1964). Sin embargo, cierra el texto con esta nota: “Aquí termino la primera parte de mis memorias, dejando para la segunda – si es que me alcanza la vida -, mis últimos cuatro años como Subdirector de Petróleos Mexicanos, las luchas que sostuve para llegar al Gobierno de Tamaulipas y mi actuación como Gobernador Constitucional del Estado”
La segunda parte de esas memorias continúa inédita. En el fondo documental “Praxedis Balboa” – los archivos del exmandatario local – resguardado en la Biblioteca Estatal “Marte R. Gómez” de la capital tamaulipeca, encontré el manuscrito de esa segunda parte, que tampoco aborda los acontecimientos aquí comentados, pero al menos deja testimonio de las verdaderas opiniones de Balboa sobre GDO y LEA como políticos y gobernantes, entre otras cosas interesantes. No es este lugar apropiado para extenderme sobre ello, solo comentar que, de acuerdo con ese testimonio, el exgobernador tuvo discrepancias con Echeverría (choque, dice el autor) y su opinión sobre Díaz Ordaz estaba muy distante del propósito de “honrar en forma continua y permanente al Estadista”.
En dicho manuscrito (inconcluso, por cierto, pues a Balboa no le alcanzó la vida para terminar y publicar esas memorias), refiriéndose al Díaz Ordaz candidato sucesor, dice don Praxedis que el presidente López Mateos le confió: “me decidí por el Lic. Díaz Ordaz, por considerarlo un hombre de lo más ponderado y prudente (subrayado en el original), incapaz de alterarse ante nada. Imagínese usted – seguía diciendo el presidente – que yo hubiera escogido a Uruchurtu con ese carácter impulsivo que tiene, que no sabe tolerar una broma ni resistir una crítica. ¿No cree usted que un hombre así sería peligroso para el País (sic)?”. Y concluye nuestro autor: “el Lic. López Mateos estaba igualmente muy equivocado con respecto al carácter de Díaz Ordaz, error cuyas consecuencias tuvieron que resentir el mismo en sus relaciones personales con su sucesor y el País (sic) entero cuando los acontecimientos de Tlatelolco”.
Es sabido que las relaciones de Balboa gobernador con Díaz Ordaz presidente no fueron las mejores. Se habla que el mandatario local fue maltratado por el ejecutivo federal e incluso corrió riesgo de ser destituido. Y aunque el autor omite de plano esto en sus memorias, tenemos a la mano otras evidencias: en carta del 23 de junio de 1978 dirigida al licenciado Juan Guerrero Villarreal y publicada por éste, dice Balboa que él estuvo a punto de pasar por un problema similar a la desaparición de poderes de 1947; un testimonio escrito de Valentín Lavín Higuera también arroja algo de luz sobre el asunto, asegurando que Balboa alguna vez le dijo que Díaz Ordaz lo mando llamar, molesto por hechos ocurridos durante la visita de Carlos A. Madrazo a Tamaulipas, y que al entrar a la oficina del presidente escuchó (palabras más, palabras menos) “el vozarrón” de GDO que lo increpaba: “Dé usted gracias de que cayó Dupré Cisneros [gobernador de Durango, removido del cargo en agosto de 1966 mediante la desaparición de poderes], de lo contrario no sería usted gobernador ahora”.
Agrega Lavín que Balboa dio el nombre de Díaz Ordaz al nuevo municipio, “para ganar la voluntad del presidente”. No obstante, años después el exgobernador comentaría al escritor, que con el tiempo este hecho le causaba (a don Praxedis) doble vergüenza: “ser responsable de la decisión y haberse dejado influir por personas cercanas a él para tomarla”.
Es posible que el exmandatario estatal se hubiera arrepentido de aquello, pero no hizo nada por remediarlo, por tanto vivió con esa “doble vergüenza” y la memoria ingrata de tan cuestionable decisión, paradoja que ni el manto del olvido logró ocultar.
Oportunidad histórica
El municipio de Díaz Ordaz vive en el presente nueva e interesante etapa de su historia política. En general, la entidad tamaulipeca transita por un proceso de cambios de acuerdo con los resultados de la última elección. Una nueva mayoría con diputados locales de Morena en el Congreso Local instala otra época política, la de los llamados gobiernos divididos, donde el poder ejecutivo está en manos de un partido (PAN) y el legislativo en otro distinto, opositor. Y habrá elección de gobernador en junio de 2022 con todas las encuestas a favor del partido del presidente López Obrador. Mientras, Morena gobierna desde octubre de 2021 las principales ciudades y municipios de Tamaulipas, donde se concentra más del 70% de la población. También el pequeño municipio de Díaz Ordaz es gobernado por Morena, con Nataly García Díaz una joven presidenta municipal que ya alzó la voz para plantear el cambio de nombre a su municipio, quitándole el “de un asesino”. Reparar esa historia parece ahora viable, se antoja posible. Bastaría un acuerdo de cabildo y una mayoría simple en el Congreso, para que la legislatura 65 enmendara esa plana, o incluso una consulta popular pudiera iniciar la ruta del desagravio. En cualquier caso, el nuevo contexto político resulta favorable, al menos para discutir seriamente esa posibilidad. Aflora una oportunidad histórica.
Por si fuera poco, el 2 de octubre de 2021 fue creada por decreto presidencial, la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. Instancia pública de kilométrico nombre que mediante investigación, seguimiento, fiscalización e informes pondrá contra la pared al viejo régimen autoritario y a sus representantes, entre ellos Díaz Ordaz y Echeverría. El primero fallecido en 1979 y el segundo, ya sufrió detención domiciliaria por los crímenes del 68 y la guerra sucia, judicializados por la otrora Fiscalía Especial para delitos contra movimientos sociales del pasado (FEMOSP). Falta aún resarcir los daños a las víctimas, completar toda la verdad, hacer justicia y recuperar la memoria histórica. Ni Díaz Ordaz ni Luis Echeverría saldrán bien librados ante la historia.
