por Guadalupe Correa-Cabrera y John P. Sullivan */
Los principales medios de comunicación en ambos lados de la frontera continúan especulando sobre los detalles del arresto de dos importantes líderes del Cartel de Sinaloa el pasado 25 de julio: Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, uno de los “Chapitos” (hijo del legendario “Chapo” Guzmán). La cobertura sobre este caso parece surreal y se asemeja a la saga de una serie de Netflix o una telenovela. Una versión sobre lo ocurrido enmarca el hecho como una detención o arresto legal; otras versiones lo presentan como una entrega extrajudicial, que incluye supuestamente una rendición por traición. Hasta este momento, la incertidumbre y las contradicciones rodean al caso. La realidad podría estar en algún punto intermedio, pero a la fecha abundan las inconsistencias en medio de rumores, filtraciones e historias encontradas.
No obstante lo anterior, este episodio y su cobertura constituyen un reflejo emblemático de los sesgos gubernamentales y prejuicios entre la opinión pública de ambos países sobre el tema de la seguridad. El crimen organizado en México se enmarca en la caricatura del “narco”, que delinea un mundo criminal dominado por carteles de la droga liderados por capos legendarios y “todopoderosos” que siembran la violencia en ambos lados de la frontera. A manera de respuesta, los políticos y las fuerzas del orden en los dos países vecinos buscan la resolución simbólica del problema a través de la implementación de la llamada kingpin strategy (en inglés)—que consiste en capturar a los líderes de estos grupos criminales para supuestamente aliviar la preocupación pública por la inseguridad y demostrar la destreza gubernamental. La experiencia ha demostrado que esta visión es falaz y distorsiona la realidad, que es bastante más compleja.
Redes transnacionales ilícitas
El análisis del panorama criminal en México y la delincuencia organizada transnacional a través de una visión centrada en carteles de la droga omnipotentes es irrelevante e incompatible con la realidad. Existen ciertamente organizaciones criminales prominentes y reconocidas por su enorme influencia y capacidad de fuego como son el Cártel de Sinaloa y su rival el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que, entre otras actividades criminales, se dedican al narcotráfico. Pero más que en corporaciones o empresas con una estructura centralizada y liderazgos bien definidos, podríamos pensar en ecosistemas o sistemas complejos formados por una red de actores criminales—los llamados carteles y otros grupos subordinados (mafias, pandillas, grupos de sicarios, etc.)—que mantienen alianzas de corte oportunista con otros actores económicos y se nutren de la connivencia ilícita con políticos y autoridades en los distintos niveles de gobierno.
Todos estos componentes están vinculados a flujos económicos ilícitos globales. Por otro lado, contrariamente a los mensajes políticos de corte “populista” en ambos lados de la frontera, no existe una invasión criminal transfronteriza en contra de Estados Unido por parte de los carteles mexicanos. Hablamos en realidad de una dinámica de interpenetración criminal y cooperación entre empresas criminales que trasciende los límites territoriales, dentro y fuera de las fronteras nacionales—es decir, nos referimos a flujos que atraviesan la República Mexicana en su totalidad, cruzan la frontera entre México y Estados Unidos y se relacionan con actores dedicados a actividades legales e ilegales en todo el hemisferio occidental y otras partes del mundo. Esta economía política ilícita puede considerarse una faceta de lo que Nils Gilman denominó «globalización desviada» y que describe como “el lado desagradable de la integración transnacional”.
Promoviendo la “globalización desviada”
La violencia y la inseguridad son la cara visible de la presencia y actividades de los grupos delincuenciales organizados (GDOs). Algunas de estas agrupaciones se enfocan en el narcotráfico, pero otras no—más bien se especializan en extorsión, secuestro, tráfico de personas, robo de combustible, entre otras actividades ilícitas. El control territorial y la gobernanza criminal amplifican la problemática ocasionada por la presencia de dichos actores. Al momento en que la violencia y el conflicto con los Estados se agudizan, estos GDOs pueden considerarse entonces como grupos armados criminales (GACs), que entran en competencia con el Estado y ponen en jaque su monopolio de la violencia.
Estas dinámicas parecen operar en algunas regiones de México actualmente. En cuanto a la violencia visible, se detectan claramente emboscadas y ataques a la policía y a las fuerzas armadas, así como el uso de vehículos aéreos no tripulados para atacar a grupos rivales (tanto fuerzas estatales, como otras bandas delincuenciales), secuestros, desapariciones y masacres brutales que se amplifican en las redes sociales y se promueven (o glorifican) en los narcocorridos. En este contexto, la corrupción y la impunidad son los factores más insidiosos, que constituyen la mayor amenaza para el Estado y su sociedad. Esto permite a los GDOs convertir su violencia y capacidad de fuego en poder económico y político latente—más que nada a nivel local.
En el ámbito de la economía y el desarrollo, se perpetran extorsiones contra una serie de agentes económicos—como las tiendas OXXO, los fabricantes de tequila, los productores de aguacate, limón y tortilla, y toda una gama de empresas locales. Si a esto añadimos la extracción ilícita y el comercio [transfronterizo] de hidrocarburos—incluyendo petróleo y sus derivados como las gasolinas (huachicoleo)—que afecta fundamentalmente a la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex), se consolida una mezcla económica/política de las mafias clásicas.
Esta combinación corrosiva y corrupta erosiona la soberanía nacional y brinda oportunidades tanto para la gobernanza criminal como para la explotación de la sociedad mexicana por parte de actores externos y políticos extranjeros—en el marco de lo que se conoce como guerra híbrida. Esta combinación también amplifica el miedo, la división social y la xenofobia. Este fenómeno, en presencia de actores políticos populistas y autoritarios, también puede alimentar los llamamientos a una acción militar “decisiva” y unilateral.
Por supuesto, la solución propuesta para minar los efectos corrosivos de la corrupción, la extracción ilegal de rentas y la gobernanza criminal consisten en el respeto irrestricto al Estado de Derecho, la promoción de una sociedad civil independiente, robusta y transparente, así como el fortalecimiento de las instituciones de procuración de justicia (incluyendo a la policía, el poder judicial y el sistema penitenciario). Entre todos estos elementos necesarios para sostener el Estado de Derecho es preciso un enfoque prioritario en combatir la corrupción y la impunidad.
Nearshoring y cooperación transfronteriza
A medida en que Estados Unidos intenta superar los retos de la reconfiguración de las cadenas de suministro globales en un nuevo mundo multipolar y en el contexto de los nuevos conflictos bélicos internacionales—especialmente en lo que respecta a la industria manufacturera y en el ámbito cibernético y de la información—México (como principal socio comercial de Estados Unidos) se coloca en la geopolítica como un actor fundamental. En este contexto, y en medio de múltiples tensiones que centran su atención en la seguridad fronteriza, el narcotráfico y la delincuencia organizada en general, las relaciones comerciales entre Estados Unidos y México son determinantes para ambas naciones.
La creación de una capacidad de nearshoring sólida y sostenible beneficiará a ambas economías. La lucha contra el crimen organizado es una de las facetas de esta colaboración transfronteriza. El fomento de la transparencia, la lucha contra la corrupción y los esfuerzos multilaterales de cooperación en todo el hemisferio son componentes esenciales de la creación de mecanismos para reducir la inseguridad y mantener el Estado de Derecho. El “Entendimiento Bicentenario” sentó las bases de una cooperación potencialmente efectiva y multidimensional que incluyó la voz de México, al tiempo que consideró sus problemas y prioridades. No fue un llamado unilateral de la nación dominante, ni una imposición de sus políticas irrelevantes e inefectivas enfocadas en el narco. Nuestro colega Eduardo Guerrero Gutiérrez ha presentado también una propuesta interesante para la elaboración de un Tratado de Seguridad de América del Norte entre Estados Unidos, México y Canadá.
Esta última, se trata de una iniciativa razonable que consta de acciones viables para abordar un problema hemisférico y, a la vez, mundial. Pensamos que dicho «espacio para promover la seguridad en América del Norte» podría potencialmente constituir la base de un espacio para promover la seguridad en las Américas, desde el Ártico hasta el Cono Sur. Se requiere conocer a profundidad los detalles de la propuesta del tratado y las acciones concretas para lograr su operatividad. Preocupa a muchos el esquema de dependencia que podría generar o reforzar esta perspectiva, así como la unilateralidad que siempre ha caracterizado a este tipo de acuerdos con Estados Unidos a la cabeza.
La saga reciente de “El Mayo” y los “Chapitos”, el papel histórico de la DEA en México, la desconfianza entre vecinos, el uso político y geopolítico de las llamadas guerras contra las drogas, así como la corrupción y la impunidad que reinan en México (y por supuesto en el mercado de drogas de Estados Unidos)—generan dudas y resquemores sobre el futuro de los tratados que podrían contribuir a avanzar hacia una verdadera integración regional y hemisférica. Por otra parte, los discursos populistas sobre intervención y la promoción de acciones militares unilaterales, constituyen verdaderos obstáculos para la cooperación transfronteriza, la seguridad regional y el desarrollo de nuestras naciones bajo un nuevo orden multipolar.
*/ La Dra. Guadalupe Correa-Cabrera es profesora de la Escuela Schar de Política y Gobierno en la Universidad George Mason. El Dr. John P. Sullivan es instructor en el Instituto de Comunidades Seguras de la Universidad del Sur de California.
