Por Federico Anaya Gallardo:
En mis últimas tres entregas en este espacio he analizado cómo se conformó la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación después del “golpe” que en 1994-1995 los poderes ejecutivo (Zedillo) y legislativo (PRI) le dieron a la Corte previa. De esa debacle aún quedan detalles qué comentar… dignos de comidilla en los mentideros de la capital federal. Por ejemplo, ¿será que el ciudadano Diego Valadés Ríos, prohombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y sabio preferido de los “institucionales” sigue recibiendo su pensión como ex-ministro de aquella vieja Corte? Apenas sirvió siete meses en ella. (Roguemos a los santos de nuestra devoción que la pensión sea pequeña por haber servido tan pocas quincenas en el máximo tribunal.)
Hoy quiero contrastar las actitudes político-constitucionales de dos ministros de la nueva Corte. El primero de ellos llegó al máximo tribunal en 1995 con la gran reforma zedillista: Juventino Castro y Castro (1918-2012) y sirvió allí ocho años. El otro llegó en 2012 durante la transición de las presidencias panista (Calderón) y priísta (Peña) y seguirá allí hasta 2027: Alberto Pérez Dayán (n.1960). Los separan al menos dos generaciones: Castro podría haber sido abuelo de Pérez. Pérez llegó a la Corte cuando el ex ministro Castro ya estaba enterrado. Pero a ambos los une la circunstancia de vivir en una crisis en que se debaten las reglas constitucionales.
Empiezo por lo más reciente. El pasado 22 de mayo de 2023, el ministro Pérez Dayán participó en la presentación del libro La Defensa y Remediación de los derechos sociales, de Isidro E. Muñoz Acevedo. (Liga 1.) De su intervención todomundo recuerda los tamales porque, luego de plantar cara al poder ejecutivo como decidido y valeroso defensor de “las normas plasmadas en la Constitución”, señaló irónico que “si después de todo lo que suceda me voy a ir a vender tamales, ahí les mando el menú…” Como si en la confrontación constitucional de los dos poderes (un hecho real) el poder ejecutivo estuviese viendo cómo deshacerse de las y los ministros que se le oponen (una inferencia no probada). Este último tema merecería más atención. Hoy sólo apunto que elegir los ministros de la Suprema Corte siguiendo el modelo de la iniciativa obradorista en materia democrática (elección popular entre 60 candidatos, propuestos por cada uno de los tres poderes) permite dos escenarios: substitución simultánea de toda la Corte o reemplazo escalonado. Yo prefiero lo último, para ver cómo se comportan las personas designadas con uno y otro sistema.
Fabrizio Mejía ha hecho una buena recapitulación de los dichos del ministro Pérez Dayán. (Liga 2.) Pero más allá de su miedo a ser substituido, el ministro dijo algo mucho más importante para el cabal entendimiento de la Corte como uno de los supremos poderes de la unión –es decir, como un eslabón político de nuestro sistema republicano. Luego de afirmarse como defensor de la Constitución, Pérez Dayán agregó: “Se lo he dicho a todos, el día que la Constitución cambie y diga otras cosas, ya haremos que esas otras cosas se cumplan, pero mientras no estén haremos que se cumplan las que están a costa de lo que sea”.
Esta declaración nos muestra una actitud política muy clara respecto de la Constitución.
Para entender esa actitud, lectora, te recomiendo que veas una película francesa de 1996 titulada Ridicule (dirigida por Patrice Leconte). Uno de los personajes es el Abad de Vilecourt, quien en una presentación ante Luis XVI Capeto demuestra, brillantísimo, la existencia de Dios. Halagado por los aplausos de los cortesanos y los elogios de Su Cristianísima Majestad, eufórico, Vilecourt asegura que si el rey así lo desea también puede demostrar –¡con la misma solidez!– que Dios no existe. El monarca se levanta indignado y abandona la sala. El abad será expulsado de la Corte, por supuesto.
Una versión más cercana de esta actitud que te cuento la consagró Groucho Marx al decir: “Estos son mis principios. Pero, si no le gustan, tengo otros.” Groucho se burlaba así de los veletas ideológicos que infestaban su comunidad artística.
Lo que el ministro Pérez Dayán nos dice es que el papel de los jueces constitucionales es hacer cumplir cualquier cosa que se consagre dentro del canon constitucional. Cualquier cosa… como Vilecourt y Groucho.
Ahora quiero invocar el recuerdo de Juventino Castro y Castro. Hace quince días, lectora, te conté aquí que conocí al ministro en 1997 en una conferencia sobre Derecho Indígena en Bolivia. Castro y Castro mandó a su asistente a buscarme apenas llegué al hotel. Muy formalmente fui invitado a comer. El ciudadano ministro era cuadrado en todo, correctísimo en su trato. Como él no comprendía bien a bien qué era lo que buscaba el neozapatismo en los Acuerdos de San Andrés y este era el tema de mi ponencia, me pidió que le explicase. Luego él me dijo que creía que lo indígena se solucionaría sólo a través de la justicia agraria. Pero también agregó un comentario que hoy es relevante recordar.
Castro y Castro me dijo que, cuando fue electo, la Constitución decía ciertas cosas que él protestó defender y salvaguardar. Y me explicó que, si la Constitución fuera reformada y dijera otras cosas en las que él no creyese, su deber sería renunciar. Formal y cuadrado, pero muy claro ideológicamente: No se puede defender la constitucionalidad de un principio cuando no se cree en ese principio.
No basta que una cosa, principio, institución entre formalmente en la Carta Magna para que, como si fuese un autómata, el juez constitucional la defienda. Las ideas existen y cambian el mundo. Si las fuerzas sociales logran transformar el sistema constitucional, las juezas y jueces constitucionales probablemente entrarán en contradicción con los nuevos principios. Y habrá que convencerlos… o lidiar con su oposición hasta que termine su periodo.
Esto es normal y ocurre en todas partes. A mí me gustan los ejemplos de nuestros primos al otro lado del Río Grande del Norte. (Similar sistema constitucional, sociedades diversas. Buena comparación.)
Entre 1808 y 1857, el congreso federal y las legislaturas estaduales de los EUA produjeron, una serie de “compromisos” en materia de esclavitud. La tendencia de todos esos arreglos apuntaba a la desaparición de esa institución. Pero en 1857 la Suprema Corte estadunidense, en un voto de 7 contra 2 (Caso Dred Scott), decidió que los seres humanos de origen africano no eran personas y jamás podrían ser ciudadanos en la República. La Corte hizo política y favoreció a la facción esclavista: su decisión puso en riesgo la libertad de cualquier persona africana-americana en cualquier parte del territorio. El asunto debió resolverse en una guerra civil.
Ochenta años después de la sentencia contra Dred Scott, en 1937, la Suprema Corte estadunidense llevaba cuatro años oponiéndose a las reformas económicas de la Administración Roosevelt para enfrentar la Gran Depresión. Creían que se daba demasiada fuerza al poder ejecutivo federal. FDR respondió enviando una iniciativa de Ley al Congreso, proponiendo que el máximo tribunal pasara de nueve a quince ministros. (Detalle: en EUA la Constitución sólo dice que existirá una Suprema Corte, pero no dice cuántos ministros se sientan en ella, por lo que el número se decide en una ley ordinaria.) Obviamente, sería Roosevelt quien propusiera a los seis nuevos ministros –asegurándose una mayoría. Escándalo y horror en ambos lados del espectro político. La iniciativa presidencial fue rechazada… pero los ministros conservadores en la Corte moderaron su oposicionismo. Aún derrotado, el presidente se acercó un poco a los objetivos demócratas: una Corte liberal y un fuerte gobierno nacional. (Liga 3.)
Los ministros conservadores de la Corte estadunidense sobrevivieron para luchar otras batallas. Durante las siguientes ocho décadas (1937-2023) los dos partidos han tratado de modelar el pleno de la Corte a su gusto. Hoy existe una mayoría conservadora. Todo es política.
Regresemos a México. Ya te conté, lectora, que con los años don Juventino Castro y Castro cambió de opinión sobre los derechos indígenas. Pero estos cambios los hizo en público de la gente, caso por caso, de modo que las y los ciudadanos pudiésemos verle en su transformación. No hizo promesas vacías, no se engañó y no nos engañó acerca de sus convicciones ideológicas. En contraste, Alberto Pérez Dayán nos dice que no importan los principios sino sólo si estos llegan o no llegan en la Constitución. Hoy tiene unos principios, mañana tendrá otros. Como el Abad Vilecourt y Groucho Marx. ¿No sería mejor substituirle por un artefacto de inteligencia artificial? No notaríamos la diferencia.
Ligas usadas en este texto:
Liga 2:
https://www.sinembargo.mx/25-05-2023/4364518
Liga 3:
https://ushistoryscene.com/article/fdr-v-supreme-court/
