La presidenta Sheinbaum evitó dar mayor importancia al incidente de los connotados políticos de la 4T que por tomarse una fotografía grupal se mantuvieron «distraídos», de espaldas, cuando ella pasaba detrás. En todo caso, destacó la importancia de la presencia de los contingentes populares, los empresarios y los gobernadores, en particular los opositores.
Cuando menos cuatro de los «distraídos» ya habían expresado sus disculpas, horas después de lo sucedido en la Plaza de la Constitución, en el marco de una reunión que sostuvieron cuando menos tres de ellos (Adán Augusto López, Ricardo Monreal y el propio Manuel Velasco, que así lo consignó en X).
El zacatecano había puesto un mensaje claramente petitorio de disculpas, aunque luego lo cambió por uno más «institucional». La presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, le echó la culpa al «protocolo» y, por difundir el hecho, a los «opositores». Notable fue que, al menos hasta el cierre vespertino de esta columna, Andrés Manuel López Beltrán, el único de los fotografiados al que la presidenta Sheinbaum tocó avisando de su paso, no había emitido ningún posicionamiento sobre la «distracción» tan comentada.
El rancho Izaguirre, en el municipio jalisciense de Teuchitlán, da cuenta de la negligencia y complicidad de autoridades, en este caso estatales, pero también a nivel federal, en casos graves que son desatendidos o encubiertos. En septiembre de 2024, dicho lugar fue intervenido por elementos de la Guardia Nacional (GN) –»un operativo» de la GN, señaló en un comunicado la Fiscalía del estado de Jalisco–, lo cual llevó a la detención de 10 personas, la liberación de dos presuntos secuestrados y el decomiso de armas, cartuchos y «equipo táctico». Desde entonces se dijo que el rancho era un campo de entrenamiento del cártel Jalisco Nueva Generación.
Pero, además de lo reportado oficialmente en aquella ocasión, resulta que buscadoras de familiares desaparecidos recibieron una llamada anónima que les llevó a encontrar en el lugar cientos de evidencias de que el rancho era un sitio de concentración de personas y de exterminio, incluso mediante crematorios.
¿Por qué la fiscalía jalisciense no pudo o no quiso encontrar lo que finalmente sí hicieron las familiares buscadoras? El actual fiscal estatal, Salvador González de los Santos, lo explicó sin rubor: «Lo que pasa es que es un predio bastante grande. Es un rancho bastante grande. Si recuerdan, en aquel entonces hubo 10 detenidos y se liberaron a dos personas; se hizo una búsqueda en ciertas partes, desde luego en el rancho se encontraron algunos restos; sin embargo, no se pudo procesar todo el rancho porque son bastantes hectáreas».
Con la marca de la casa, entre sigilo e información insuficiente, fue anunciada la muerte de Isabel Miranda de Wallace, quien protagonizó uno de los más notables ejemplos de colusión entre autoridades, sobre todo del ámbito policiaco y de procuración de justicia, y membretes de la «sociedad civil» dedicados a validar, de manera redituable, las políticas de seguridad pública de ciertos gobiernos, en la especie de los de Felipe Calderón (con Genaro García Luna como principal enlace y cómplice) y de Enrique Peña Nieto (aunque los nexos e intereses siguen vivos en la FGR, por ejemplo).
Quien fundaría y dirigiría la organización Alto al Secuestro, luego de la desaparición de su hijo, Hugo Alberto, en 2005, generó una serie de actos criminales y abusó del aparato estatal para mantener en prisión a quienes ella decidía, como ha documentado con abundancia y precisión Ricardo Raphael en el libro Fabricación, listo para su difusión esta semana, a días del vago informe de que Miranda de Wallace había fallecido.
Una desaparición física anunciada en un contexto procesal penal que también en estos días arrojará más evidencias (una llamada telefónica recibida por un familiar, un año y medio después de la presunta desaparición y asesinato de Hugo Alberto, por ejemplo) del montaje que la mencionada madre habría hecho del caso de su hijo. ¡Hasta mañana!
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