PuntoCiego
Por Daniel Santos Flores
Imaginemos este escenario: durante la campaña de quien se perfila a ser la primera autoridad en el país, se propone una profunda reforma al Poder Judicial de la Federación. Una vez electo y al mando, anuncia la famosa reforma. Pasados unos días, la envía al Senado de la República, donde su partido tiene una aplastante mayoría y el cual es presidido por uno de sus cercanos operadores políticos.
Con mucha rapidez y como lo que pareciera ser un mero trámite, la propuesta es enviada a Comisiones para su análisis y discusión. El pleno del Senado la aprueba por unanimidad.
Dos días después, la cámara baja recibe la minuta del Senado, y al igual que en la cámara alta, hace un rápido paso por comisiones y no se le mueve ni una coma a la propuesta presidencial. Recordemos que el nuevo gobierno era hegemónico, al parecer autoritario, y no iba a permitir voces en contra. El Congreso estaba integrado también por una aplastante mayoría calificada del mismo partido que el gobierno, por lo que aprueba la reforma con 381 votos a favor y tan solo 66 en contra. Seis días después, la Permanente del Congreso envía al Ejecutivo la recién aprobada reforma para su promulgación. Por cierto, los congresos estatales, todos de mayoría identificada con el mismo partido, aprobaron el paquete de reformas, requisito indispensable para implementar una reforma de tal calado.
Un día antes de terminar el año, la reforma al Poder Judicial de la Federación fue publicada en el Diario Oficial. La SCJN inicia el nuevo año cerrada, sin ministros, ya que habían sido jubilados de manera obligatoria y sin preguntarles.
En los días posteriores, el Ejecutivo envía al Senado de la República las propuestas de quienes serán los nuevos ministros y ministras, y en una sesión extraordinaria sin sobresaltos, son elegidos por unanimidad. Un mes después de permanecer cerrada, se instala la nueva Corte.
Imaginen tremenda escena, ¡un presidente extinguió a la Corte de un plumazo! Y no solo eso, obligó a que durante 30 días permaneciera cerrada porque se deshizo de 26 ministros que fueron propuestos por dos de sus antecesores. Sin duda, una acción osada y atrevida, una de muchas acciones que pudieran calificarse de autoritarias. Pues no, no se lo imagine, eso fue lo que sucedió en 1994 con la llegada de Ernesto Zedillo al poder. No hubo marchas, no hubo gritos, no hubo los clásicos “La Corte no se toca”, no hubo oposición, ni de las fuerzas políticas ni de los opinólogos. Inclusive el senador del PAN, Natividad Jiménez, dijo en la sesión en la que se presentó la propuesta de reforma que era una “respuesta adecuada en un ambiente en el que se cuestiona a las instituciones encargadas de la impartición de justicia y atiende a la exigencia ciudadana”.
Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador presenta la que será una reforma histórica al Poder Judicial. Entre otras cosas, el presidente propone que los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal, los magistrados del Tribunal Electoral Federal, los magistrados de circuito y los jueces de distrito sean elegidos mediante el voto popular, así como la reducción de 11 a 9 ministros.
Dentro de su propuesta de reforma, incluye al Consejo de la Judicatura Federal, la creación de un órgano de administración judicial y un Tribunal de Disciplina Judicial. También propone la eliminación de las dos salas del Supremo y se establece un candado para que la Corte no pueda otorgar suspensiones de normas generales ni suspensiones con efectos generales.
En 1994, la reforma del presidente Zedillo obedecía al contexto de la apertura del comercio global en la que se encontraba nuestro país después de la llegada del tratado de libre comercio y que sirvió para darle seguridad a los socios comerciales.
Esta propuesta busca desterrar los vicios que el régimen pasado utilizó por tantos años para el beneficio de particulares y del gran poder económico que no permite que el pueblo sea el que tenga el mando. Por lo menos, ese es el discurso que nos ofrece el presidente. Por lo pronto, los mercados reaccionan como medida de presión; sin embargo, el presidente ha decidido absorber ese costo, mientras que la presidenta electa hace maniobras para tranquilizarlos y evitar llegar con una economía convulsionada.
Esto no es nuevo, ya sucedió una vez, ese modelo llegó a su fin y funcionó, tanto que hoy se defiende. La diferencia entre la reforma del 94 y la del 2024 es que en esta ocasión el presidente renuncia a su facultad exclusiva de proponer ternas e incluso de nombrar ministros si fuese rechazada por el Senado. Y vamos, que AMLO y Claudia cuentan con una aplastante mayoría para hacerlo a su gusto.
Reenviado
La visita a Tamaulipas del presidente AMLO junto a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, no se puede interpretar de otra manera que: confianza, cercanía y reconocimiento al gobernador.
