Los restos de dos jóvenes detenidos/desaparecidos estuvieron cinco años en una fosa común en Nuevo Laredo. Esta semana confirmaron su identidad mediante peritajes de ADN.
Familiares de personas víctimas de desapariciones forzadas ocurridas entre febrero y mayo del 2018 y atribuidas a elementos de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) de la Marina, acusaron a Ministerios Públicos de la Fiscalía General de la República (FGR) y Asesores Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se ocultarles información respecto a las diligencias realizadas en 34 carpetas de investigación y al menos cuatro juicios encauzados en los últimos dos años.
Este reclamo resurgió el martes pasado cuando una Agente del Ministerio Público perteneciente a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada (FEIDDF) le confirmó a Gregoria Hernández Morales que habían identificado los restos humanos de su hijo Noe Ignacio Alférez Hernández, detenido por marinos el 18 de febrero del 2018 en Nuevo Laredo, junto con un amigo de nombre Jonatan Organista Ballesteros y que durante cinco años estuvieron en una fosa común de un panteón municipal de Nuevo Laredo.
La familia de la víctima acudió en febrero del 2018 a las oficinas de la FGR en Nuevo Laredo a presentar una denuncia formal en contra del personal de la Marina iniciándose la Carpeta de Investigación FED/TAMP/NVO.LAR/0000532/2018.
En abril de ese mismo año, dicha la Fiscalía de Tamaulipas tuvo conocimiento del hallazgo de restos humanos correspondientes a dos personas del sexo masculino en una fosa clandestina ubicada en el kilómetro 23 de la carretera Nuevo Laredo-Piedras Negras, pero ocultó la información a los familiares de Noe Ignacio Alférez Hernández y Jonatan Organista Ballesteros, enviando sus restos a una fosa común y quedando registrados con el número de identificación NN3047.
En un juego perverso entre fiscalías, el 8 de mayo el Agente del Ministerio Público de la Federación en ese tiempo, Fernando de Jesús Cervantes Aguilar decidió no investigar la denuncia presentada en contra de los marinos y el 8 de mayo declinó la competencia a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. Dos días después la Fiscalía de Tamaulipas devolvió la misma carpeta a la oficina de la FGR en Nuevo Laredo por considerar que la familia señalaba la participación de servidores públicos federales.
Finalmente, el pasado 5 de octubre del 2023, mediante la obtención de un perfil genético y la confronta con una base de datos de personas fallecidas no identificadas dieron positivo con los padres de la víctima, quienes sufrieron una fuerte crisis nerviosa afectando su salud física y emocional, luego de saber que su hijo Noe Ignacio estaba muerto y su cuerpo permaneció cinco años sepultado en calidad de desconocido.
DE 30 MARINOS DETENIDOS EN ABRIL DEL 2021 SOLAMENTE 7 CONTINUAN EN PRISION PROTEGIDOS POR JUECES FEDERALES
El 30 de Mayo del 2018, luego de una carta enviada al Gobierno Mexicano por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Zeid Ra’ Ad Al Hussein, desde Ginebra Suiza, al Gobierno Mexicano, solicitando iniciar una investigación por una serie de desapariciones ocurridas en Nuevo Laredo por una fuerza de seguridad, la Fiscalía General de la República atrajo finalmente a sus oficinas centrales en la Ciudad de México la investigación por el delito de desaparición forzada de los jóvenes Noe Ignacio Alférez Hernández y Jonatan Organista Ballesteros en la carpeta de Investigación FED/TSDHPDSC/FEIDDF-TAMP/0000305/2018, así como de otras 38 personas.
El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció que entre febrero y mayo del 2018 alrededor de 40 personas, incluyendo mujeres y menores de edad, fueron detenidas arbitrariamente, desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente en diferentes operativos realizados en Nuevo Laredo bajo el mando del Almirante Marco Antonio Ortega Siu y a petición del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el 13 de julio del 2020 emitió la Recomendación 36/2020VG dirigida al Secretario de la Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán, pero solamente por 27 víctimas, del resto la institución no encontró “evidencias” de participación de servidores públicos de la Secretaría de Marina. La recomendación también fue dirigida al actual Fiscal General de la República (FGR) Alejandro Gert Manero, al entonces gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y al Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Oscar Enrique Rivas Cuellar.
