Transparencia
Francisco J. Hernández Montemayor
La necesidad de aplicar el Estado de Derecho para recuperar la confianza de la población en el gobierno y lograr que se haga justicia va a requerir acabar con el blindaje de la impunidad y transformar la simulación de independencia y autonomía de las instituciones y organismos autónomos del Estado.
Tamaulipas demanda una justicia expedita en la lucha en contra de la corrupción, tanto en su proceso de procuración como la administración de la misma en los tribunales y el mayor obstáculo para el gobierno de la 4T en Tamaulipas es la falsa autonomía política de la Fiscalía del Estado y los jueces incondicionales del Poder Judicial al servicio de los criminales de cuello blanco.
La simulación de la autonomía de la Fiscalía y de la judicatura, además de los organismos como el Instituto Electoral, de Derechos Humanos, de Transparencia y de todo el sistema de combate a la corrupción, empezando por la Auditoría Superior del Estado, se convirtió en un PANtano porque todos estos instrumentos que deberían ser auténticamente ciudadanos fueron intervenidos por incondicionales y socios del exgobernador panista en fuga.
Cuando se diseñaron a nivel nacional los organismos autónomos con representantes de la ciudadanía se concibieron con el objetivo de ser un contrapeso a los gobiernos autoritarios y abusivos que lejos de respetar el Estado de Derecho, buscaban por todos los medios, fines patrimonialistas de funcionarios sin escrúpulos morales.
En Tamaulipas, como en muchas entidades federativas, los gobiernos adaptaron el modelo de instituir organismos “autónomos” para aparentar el ejercicio moderno del poder y la política plural que ofrecía demagógicamente la alternancia del PRI y del PAN.
La hora de la alternancia llegó a Tamaulipas ante el hartazgo, el miedo y el descontento de la ciudadanía que prevalecía en el 2016, los panistas de los “vientos del cambio” izando la bandera de la lucha contra la corrupción, procedieron a designar a incondicionales del gobernador en los cargos “ciudadanos” de los organismos autónomos de las nóminas doradas, así como a los integrantes del Poder Judicial, de tal manera que tuvieran el sendero libre para pagar las facturas a sus patrocinadores de Puebla, Guanajuato y panistas regios de abolengo, haciendo negocios y patrimonio en perjuicio de las obras y servicios públicos de salud, educación y seguridad.
Ahora el desafío más grande del gobierno transformador de Américo Villarreal Anaya para que se haga justicia y se rompa el blindaje que otorga impunidad a los panistas que depredaron el patrimonio y los recursos públicos, es recuperar la independencia y la autonomía de la Fiscalía General del Estado, de la Auditoría Superior del Estado y de todo el sistema de la Judicatura y sobre todo hacerlo conforme al Estado de Derecho, siguiendo el debido proceso para someter a la justicia a quienes abusaron del poder y dañaron a Tamaulipas.
El titular del poder ejecutivo va a necesitar de la colaboración y la voluntad política del poder legislativo para desplazar a los incondicionales del gobierno anterior que aún controlan el Poder Judicial, para eso, tiene el apoyo y la legitimidad que le otorgó la ciudadanía en las urnas y como ha sido reiterado por tercera ocasión, cuenta con el apoyo del presidente de la república.
Después, caerán como fichas de dominó, quienes han encubierto y obstruido la justicia, como el auditor superior, seguido por el Fiscal Anticorrupción y del Fiscal General. Esperamos que a manera de pinza intervenga la Fiscalía General de la República y la renovada Fiscalía del Estado para someter ante la ley a quienes tienen que rendir cuentas de los desvíos de los recursos públicos, de los contratos simulados, de las obras de mala calidad pagadas con sobreprecios y moches, de las nóminas infladas por aviadores, el peculado sistemático, el cohecho, el enriquecimiento ilícito y demás delitos cometidos en el uso indebido de sus cargos públicos.
La tarea no será nada fácil, técnicamente el gobernador Américo va a necesitar de abogados expertos e incorruptibles para limpiar el pantano de cieno de la corrupción, así como de legisladores valientes y unidos en contra de los privilegios que instituyó el régimen panista para operar sus negocios privados con recursos públicos y desmantelar la mentira de la supuesta autonomía de los organismos ciudadanos que deberían de operar para bloquear el abuso del poder.
En este sentido, en los primeros cuatro meses, Américo ya logró la mayoría en el Congreso y con ello avanzó en la recuperación del sistema de inteligencia financiera y de seguridad, lo que le otorga ahora el poder de la información y de la fuerza pública, también se ha logrado que la mayoría de los medios masivos de comunicación social y editorialistas se hayan liberado de la hegemonía cabecista y la legitimidad política de la 4T en Tamaulipas se reforzará con el triunfo electoral del 19 de febrero para designar a quien representará a los Tamaulipecos en el Senado de la República.
También veremos si el Instituto de la Transparencia se oxigena con la reciente designación del consejero Mendiola, para que deje de ocultarse a la población interesada los contratos y el uso de los recursos públicos. El camino hacia la justicia es sinuoso, el gobierno panista lo dejó sembrado de ponchallantas y minas que lo harán difícil, pero el ejemplo de la perseverancia y del respeto al Estado de Derecho del presidente López Obrador será un faro político seguro para llegar al destino de la justicia, la prosperidad y la paz que añoramos los residentes de Tamaulipas. Que así sea.
