Transparencia
Francisco Javier Hernández Montemayor
La mejor forma en que un gobierno demuestra su dirección política es en el presupuesto, el cual, por ley respalda la ejecución del Plan Estatal de Desarrollo para que se realicen las metas y objetivos comprometidos en el sexenio.
El presupuesto lo propone el Ejecutivo, lo fija el Legislativo y se ejercerá bajo la exclusiva responsabilidad administrativa de los titulares de cada instancia “ejecutora” del Estado y ha de se fiscalizado por la Auditoría Superior del Estado para asegurarse, -en teoría- que no existan desvíos del destino fijado por el Congreso.
Los ingresos y el gasto total del Estado aprobado por los legisladores para éste año suma $71,673 millones, de ese dinero, el 11.7 % es originado por ingresos locales y el resto es de origen federal, el cual se subdivide en Participaciones “de libre disposición”; en Aportaciones “etiquetadas” y además los Convenios e Incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos de aportaciones que se agregarán en el transcurso del 1er trimestre.
El presupuesto del 2023 aumenta en un 10% comparado con el año anterior, será un 2 % arriba de la inflación y se espera que el presupuesto crezca en el transcurso del 1er trimestre en por lo menos un 10% más, cerrando alrededor de los 77 mil millones.
La partida más grande es, sin lugar a dudas, el gasto asignado para el pago de los más de 25 mil servidores públicos a cargo del Estado; representa el 36% del presupuesto total, una suma de 25 mil 800 millones de pesos, (poco menos de un millón en promedio por servidor público), aunque es sabido que hay muchos que ganan poco y pocos que ganan mucho.
¿Cuáles son las diferencias principales entre el presupuesto del gobierno panista y el de la 4T de morena?
Por ejemplo, se distinguen claramente en la partida de los recursos destinados a las “ayudas sociales a personas”, con AVA esta partida crece en un 185%, de 373 millones a 1067 millones, mientras que las ayudas a asociaciones civiles (de “ojos azules”) se reducen de 978 millones que repartía Cabeza de Vaca y Cía. a tan solo 48.9 millones para asociaciones sin fines de lucro, lo que representó una reducción de un 95%.
El gobierno panista fue un campeón en la desviación de recursos de esta manera, ya que se gastó un total de $7,973 millones en 5 años para estas asociaciones, lo que huele a una “Gran Estafa sin fines de lucro». El gobierno americanista claramente les cerró esta fuente de recursos públicos, que eran principalmente para negocios privados y campañas políticas, si no que les pregunten a Gerardo Peña Flores y a Yahleel Abdalá Carmona, ellos sabrán algo de estos desvíos.
Por otra parte, un renglón muy importante para los fines de los administradores panistas eran las partidas para la subcontratación de Servicios Profesionales, Técnicos y Científicos, en los que promediaron un gasto de más de $805.6 millones por año. En el caso de la administración de la 4T, el monto inicial asignado es de 364,8 millones de pesos, prácticamente a la mitad de lo acostumbrado por los azules.
Dentro de la partida anterior se observa una reducción en la contratación de despachos legales y contables, sin embargo, en la contratación de servicios de protección y seguridad, los de la 4T se quedaron igual que antes, con 185.3 millones para “guaruras extras”, ya que por ley impuesta por la mayoría legislativa espuria del PRIAN, se obliga al gobierno actual a pagar guaruras a los Cabeza de Vaca, Trukos, y demás funcionarios abusivos…
Por otra parte, los gastos de la Coordinación de Comunicación Social de la 4T sumarán 77 millones de pesos. Para tener una idea comparativa de la enorme diferencia con el gobierno panista que gastaba en promedio anual en «comunicación social» 569 millones por año, tratando de maquillar al gobierno azul para engañar al pueblo.
La partida de viáticos aumenta en este año de forma sobresaliente en 215 millones, sumando en total 702 millones, lo que será suficiente para que los servidores públicos de la 4T recorran frecuentemente el territorio y atiendan personalmente a la población.
Uno de los principales renglones del presupuesto es el de la inversión en obras de infraestructura, se destinarán $3,919 millones, de los cuales para agua potable solo serán 366.5 millones de pesos.
En el gobierno panista para el año 2022 se había autorizado para obras públicas $3,481 millones, por lo que la cifra actual representa un aumento de 438 millones para el gobierno de Américo, 11 % más para inversión y es de esperarse que se duplique con los convenios y gestión de obras para agua potable y caminos.
El gasto programado para el servicio de la deuda en el presupuesto 2023 sufre un 53% de incremento, sumando más de 3 mil millones, cantidad equivalente a dos hospitales de alta especialidad y resulta que un 60.3% de las participaciones están afectadas como garantía por obligaciones financieras; los panistas lo malgastaron y ahora a la administración morena le tocará pagar, reduciendo la disponibilidad de recursos para el bienestar social.
Al final del análisis comparativo, se observa que la gran diferencia entre el gobierno panista en fuga y el de la 4T en ascenso, no solo es cuantitativa, el gobierno actual lo distingue sus valores éticos y humanistas, como el de “por el bien de todos, primero los pobres” y por principios como la honestidad política y administrativa que ha ofrecido el Gobernador Américo Villarreal Anaya, reiterado el compromiso de su gobierno con la justicia y el combate a la impunidad, para que quienes han cometido o cometan abusos a costa del patrimonio público paguen por sus faltas y los daños ocasionados conforme a la ley y el Estado de Derecho.
Numeralia:
Presupuesto modificado a la UAT 2022: $3,761, millones.
Alumnado de la UAT 2021: 38,027
Costo promedio por alumno al año: $98,916.
Presupuesto asignado a la UAT en el 2023: $4,066,002,426
Fuente: Secretaría de Finanzas y Plan Institucional de Desarrollo de la UAT 2022.
