La triste victoria de Samir Aquella noche, Samir Flores Soberanes, locutor y fundador de una radio comunitaria indígena, herrero y luchador social, regresa a casa notablemente orgulloso y contento. A su esposa, Liliana Velázquez, le comenta que el súper delegado Hugo Éric Flores no supo con qué defenderse. ¡Y eso en un evento público! “No tuvo argumentos para contradecirme”, contó el defensor nahua. Él había hablado sobre la conquista española, sobre la guerra contra los pueblos indígenas y cómo la colonización en su estado natal perdura hasta hoy, en forma del Proyecto Integral Morelos (PIM). Como locutor de la Radio Comunitaria Amiltzinco, Samir fue una voz audible de la resistencia regional en contra del muy reñido proyecto de infraestructura. En Morelos se viven aún la rabia y la lucha, a cien años del asesinato de Emiliano Zapata. Pocas horas después de haber descrito su triunfo a Liliana, en la madrugada, afuera de su casa, recibió cuatro balazos; dos le pegaron en la cabeza. Los autores del asesinato, tanto los materiales como intelectuales, aún se desconocen un año después. Samir Flores Soberanes fue asesinado el 20 de febrero de 2019, en la comunidad de Amilcingo, en el municipio de Temoac, estado de Morelos. El Proyecto Integral Morelos Según la poca información del gobierno federal, que ofreció el mismo Andrés Manuel López Obrador durante diferentes conferencias mañaneras en febrero de 2019, el PIM se puede dividir en tres partes para la producción energética. Un gasoducto de 172 km que atraviesa 82 comunidades de los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos; una termoeléctrica en el pueblo de Huexca, a 20 km de Amilcingo y conectada con el gasoducto; y un acueducto de 13 km que sale del río Cuautla y pasa por una planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Cuautla, también conectada con la termoeléctrica. La central térmica cuenta con dos turbinas que funcionan con gas para generar energía eléctrica y necesitan ser enfriadas constantemente con el agua tratada del río, para que no se fundan. Quienes recomiendan la obra, afirman su urgencia debido a un insuficiente suministro energético de la región, pues Morelos tiene que importar toda su energía de los estados vecinos. Contar con una termoeléctrica propia en Huexca contribuiría, además, a reducir los costos de la energía eléctrica, un punto que tanto el gobierno federal como el municipal promueven mucho entre la población morelense, a sabiendas de su condición precaria. Aparte de los costos menores, se suman 30 empleos permanentes, según la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 2011. Sin embargo, la obra no es necesaria, pues México produce un excedente de energía eléctrica que en 2012 alcanzó 50%, mientras el estándar internacional es de 15%, como explicó Fabio Manzini, especialista del Centro de Investigación en Energía (cie) de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dos años más tarde, el excedente todavía era de 40%, según presentó el senador Ricardo Monreal Ávila en la Cámara de Diputados, cuando todavía era miembro del partido Movimiento Ciudadano: “La política energética recién aprobada en el país continúa con esta lógica de sobreproducción energética que se relaciona con un modelo de desarrollo extractivista para usufructo del sector privado, y se vincula con los procesos de minería e industrialización”. Hoy Monreal es político de Morena y en entrevistas habla a favor del PIM, como lo hizo con el diario La Jornada en marzo de 2019. Todavía un mes antes de aquel discurso, el senador Manuel Bartlett Díaz, entonces miembro del Partido del Trabajo, hizo una intervención con respecto al Proyecto Integral Morelos exponiendo “lo innecesario de la obra”. Bajo el gobierno federal actual, Bartlett es titular de la CFE y un defensor del PIM. Más bien, surge la pregunta ¿por qué no se invierte dinero para mejorar la infraestructura energética existente en las empresas productivas de la misma CFE? En 2019, la Auditoría Superior de la Federación concluyó que muchas empresas de la CFE no son rentables y son insuficientes, con pérdidas de energía “que equivalen al 35.4% del total de los ingresos captados”. En 2011 la Secretaría de Energía instruyó a la CFE, entonces bajo la dirección de Alfredo Elías Ayub, para que iniciara la construcción de la termoeléctrica en Huexca, con una inversión de alrededor de 22 mil millones de pesos, como señaló el gobierno federal. Los primeros planes datan de 1999, cuando la Comisión Reguladora de Energía emitió una resolución para distribuir gas natural en 25 municipios de los estados de Puebla y Tlaxcala. Aún no se hablaba de una termoeléctrica ni de un acueducto; sólo estaba previsto el gasoducto, para impulsar el desarrollo industrial regional. Según dio a conocer Claudia Elizabeth Bojórquez Javier, diputada del Partido de la Revolución Democrátrica, en abril de 2013: “el PIM fue concesionado a tres empresas españolas: Elecnor y Enagás, para la construcción del gasoducto, y Abengoa para la construcción y operación de las centrales termoeléctricas”. La central térmica ya se terminó de construir, pero debido a las protestas no puede operar. Son escasos los argumentos a favor del PIM, también en el ayuntamiento de Cuautla. El alcalde Jesús Corona Damián es uno de tantos políticos que se montaron sobre el caballo de Andrés Manuel López Obrador para ganar una elección. “Es un buen proyecto para el municipio y para el estado de Morelos”, logra expresar en la sala de conferencias del ayuntamiento a finales de octubre. Empieza a sudar y, después de trece minutos, termina la entrevista con un grupo de periodistas y medios alemanes. “Tengo una agenda muy apretada”, comenta, pero no deja escapar la posibilidad de posar para una foto de prensa. En la sombra de Don Goyo Liliana se expresa con serenidad. “La fiscalía solamente vino en una ocasión para supuestamente recabar las pistas para ver si había algo. Eso fue dos semanas después de los hechos. Ni siquiera con los vecinos hablaron”, lamenta la terapeuta de 36 años, que maneja un programa de salud en la mismo radio fundada por su esposo hace más de seis años. Es 22 de octubre y en la región se turnan el sol y los aguaceros. Gallinas corren en el traspatio de la casa donde Liliana habla sobre la vida de su compañero. Cerca de ella, en el campo atrás de la casa, están sentados Epifanía Soberanes y Cirino Nabor Flores, los padres de Samir; están limpiando el chile pasilla para preparar mole. En Amilcingo, los festejos en torno al Día de los Muertos arrancan el 28 de octubre, día en que se conmemoran a los accidentados y asesinados de la comunidad. Todo el terreno está cercado por alambre de espino y varias cámaras de seguridad enfocan las entradas. Las medidas son parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno federal, en el cual fueron incluidas Liliana y su familia tras el asesinato de Samir. No son los únicos en la región. Aproximadamente a 30 km de Amilcingo, el volcán Popocatépetl se erige majestuosamente, con sus 5,452 metros de altura. Don Goyo, como le llaman cariñosamente los habitantes de la región, es uno de los diez volcanes más activos de toda América. A unos cientos de metros atrás de la casa de Liliana, entre el pueblo y Don Goyo, pasa el gasoducto del PIM, la razón de la indignación de Samir y sus compañeros. “Nunca se consideró un líder, aunque haya sido percibido así”, recuerda melancólicamente Liliana. Samir Flores pertenecía al Congreso Nacional Indígena (CNI), un espacio organizativo nacional compuesto por decenas de comunidades, pueblos y tribus indígenas, creado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1995. A diferencia de millones de votantes, no guardan o alimentan esperanzas para un proyecto gubernamental de Estado, sino buscan consolidar las llamadas autonomías locales y regionales, muchas veces marcadas por los usos y costumbres que se viven en sus comunidades. Samir fue marcado por el legado político de su tío Vinh Flores Laureano, quien también fue defensor comunitario, visitó la Unión Soviética y fundó la comunidad de Amilcingo; él también murió asesinado, en 1976. La política informativa de López Obrador con respecto a su proyecto representativo, el PIM, es más que deficiente. En este punto el presidente no difiere mucho de sus antecesores, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, quienes pusieron en marcha su construcción. No se halla ninguna señal de su prometida transformación del statu quo y, cuando presentó la megaobra en su conferencia mañanera de prensa, el 8 de febrero de 2019, ocultó los posibles riesgos ambientales que pudiera causar. Ese día anunció que se llevaría a cabo una consulta pública los días 23 y 24 de febrero en Morelos, Puebla y Tlaxcala. A pesar del asesinato de Samir, la consulta se realizó; arrojó una aprobación total de 59.5% para el PIM y generó mucha polémica en la zona, como lo investigó el proyecto periodístico “Hablan los pueblos”. La indignación fue tal, que se impidió la instalación de 18 casillas y en Amilcingo se quemaron las boletas. “También es notable que la votación más alta fue en las zonas más alejadas del proyecto, como Cuernavaca o Jiutepec, mientras las comunidades afectadas directamente optaron por el no”, concluye la investigación mencionada. En los mapas presentados por López Obrador está marcado el trazo del gasoducto a través de cada municipio, pero Don Goyo está ausente, simplemente no aparece en los mapas presentados. Además, la región es de alto riesgo sísmico; cuando el 19 de septiembre de 2017 los sismógrafos marcaron 7.1 grados en la escala Richter, el epicentro se encontraba en Morelos. Lo único que la cfe logró decir en 2011, bajo el aspecto “Seguridad del gasoducto”, fue: “Es muy seguro, ya que es una tubería que va enterrada aproximadamente a dos metros, no afecta a las actividades diarias de la comunidad.” Todo esto provoca la molestia y rabia de Samantha César, docente universitaria y también integrante del CNI, quien fue una de las primeras en enterarse de la muerte de Samir. “Nunca llegó la CFE a dar información sobre el proyecto, nunca vino el gobierno del Estado, nadie nunca nos informó. No explicaron realmente qué riesgo había”. Entonces ella y sus compañeros buscaron respuestas a sus dudas; varias instalaciones científicas confirmaron sus preocupaciones. El Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cuenta con mapas de riesgo volcánico para la zona, dividida en tres niveles. “El gasoducto pasa por dos niveles de riesgo. También pasa por muchas zonas de barrancas”, subraya Samantha. Según los académicos de la UNAM, esas barrancas son sumamente riesgosas, ya que por ahí bajan los lahares o lodos volcánicos. Los lahares son el riesgo número uno para la vida humana y la propiedad, pública y privada, más que una erupción volcánica. “No nos imaginamos nada. El riesgo es real”, remata la activista. Por ello, empezaron a organizarse y defenderse ante una posible catástrofe, desde 2012. Desde entonces, más de 30 comunidades en los tres estados por donde pasa el gasoducto se han reunido para fundar el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, que exige la cancelación del pim e invitan a López Obrador a que dialogue con ellos. Además, piden un alto a la contaminación de los ríos de la región a los cuales, dicen, las empresas ubicadas ahí arrojan basura tóxica. Ante la resistencia de la población local, el Estado mexicano sólo fue capaz de realizar su obra con el uso de la violencia el 1 de noviembre de 2012, cuando 800 elementos de la Policía Estatal y la Federal llegaron a Huexca para que se pudiera iniciar la obra, denuncia Samantha; agrega que en Puebla se instaló el gasoducto bajo la presencia del ejército y en Morelos de la Policía Federal y Estatal: “Fue la única manera en que pudieron construir”. Varios opositores recibieron impactos de bala, como se puede leer en un testimonio de un compañero de Samantha para la organización humanitaria irlandesa Front Line Defenders. Los hijos del volcán En la orilla del río, en el pueblo San Pedro Apatlaco, municipio de Ayala y a pocos kilómetros de la ciudad de Cuautla, aguanta la activista mayor, Virginia Valencia Olivar, antes del puente. Está orgullosa. A su lado se encuentran varios tubos grandes y pequeños, a unos metros una zanja vacía que lleva al río Cuautla. Desde la primavera de 2017 la obra está parada, cuando la comunidad tomó la decisión de no tolerar más la instalación del acueducto. Se supone que diariamente serían extraídos 501 millones de litros de agua del río. Aquella noche del 22 de octubre solamente hubo cinco personas en el plantón, que al mismo tiempo es un punto de bloqueo. Junto con sus compañeros, Virginia Valencia impide la construcción de los últimos 140 metros de un proyecto internacional, con un costo de mil millones de pesos. “Si sigues el río hacía abajo, te topas con 26 pueblos. Toda su economía agrícola depende del río”, comenta Virginia. “Siembran ejote, maíz, cebolla y caña. El agua devuelta de la central eléctrica va a dañar el cultivo”, lamenta la activista. “Los campesinos la llaman ‘agua muerta’ —explica el físico Antonio Sarmiento Galán de la UNAM, con sede en Cuernavaca—, es agua que ya no posee oxígeno debido al calor extremo con que entra en contacto al enfriar las turbinas. Todos los nutrientes mueren antes”. En un salón de clase de la universidad pública explica las consecuencias ambientales que puede generar la termoeléctrica. “Luego, el agua usada la regresan al río, sin limpiarla antes. Ni siquiera hay forma de bajarle la temperatura para poder regresarla al río. El río tiene una temperatura de aproximadamente 13 grados centígrados y el agua regresada de unos 55 grados”. En 2015 la central eléctrica estaba en pruebas por tres meses; un año después fueron halladas seis toneladas de mojarra muerta en una presa cercana, a donde habían regresado el agua. Los habitantes de la zona temen que, además del agua del río, también sean extraídas las aguas manantiales, abundantes en la región volcánica. Pruebas concretas no hay hasta ahora pero, en septiembre de 2017, el periodista local Jesús Medina Aguilar —sobrino de Jorge Zapata, nieto de Emiliano Zapata— publicó que gente cercana al gobierno logró conseguir varias hectáreas de tierra de la comunidad de Tetela del Volcán, con engaños. Tetela del Volcán se encuentra al pie del Popocatépetl. Jesús y Samir se conocían, fueron cercanos políticamente. Tal como Samir, Jesús fundó una radio comunitaria. El terreno adquirido por las personas que denunció Jesús tiene acceso al río El Salto, que nace del agua de deshielo del volcán. “Pero nunca se ha autorizado por parte de las asambleas de los pueblos un uso distinto al riego, es decir un uso industrial. Descubrí toda una red de corrupción para despojar de sus recursos a los pueblos”, narra aquel periodista combativo. Tras haber publicado sus investigaciones, recibió amenazas de muerte. Un intento de asesinato fracasó. Huye, puede sacar a su familia y es integrado en el programa de seguridad del gobierno federal. “Desconfiaba mucho del mecanismo porque era del gobierno y la amenaza llegó del gobierno”. Ahora vive, como varias docenas de periodistas y defensores de derechos humanos más, como exiliado en su propio país. Para Dolores González Saravia, en la Ciudad de México, estas luchas comunitarias de personas como Jesús Medina, Samantha César o Virginia Valencia, logran blindar los territorios y contribuyen a la cohesión social de los pueblos. La directora de la organización de derechos humanos Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), que en México impulsa procesos de paz en contextos conflictivos y acompaña a víctimas de la violencia, está segura de que “tal cohesión puede convertirse en amenaza”. Para el Estado, las empresas o el crimen organizado, las comunidades ya no son controlables si se encuentran en un proceso de tal cohesión social. Por ende, dichos actores recurren a la violencia para dividir a las comunidades y provocar enfrentamientos entre ellas. En el caso del PIM, estas estrategias sirven para que desde afuera se tenga la impresión de que una buena parte de la población está a favor del proyecto gubernamental, sospecha Samantha. La violencia también tiene un componente selectivo. En cada de uno de los tres elementos del PIM los opositores más visibles y activos se convirtieron en blancos para la violencia: en el caso del gasoducto lo fue Samir Flores Soberanes; en el del acueducto, Jesús Medina Aguilar; con respecto a la protesta contra la termoeléctrica, la representante de lucha de la comunidad de Huexca, Teresa Castellanos Ruiz, junto con sus hijas, recibió amenazas de muerte. “Lo más triste es que el gobierno juega con la pobreza de la gente, al prometerles tarifas de luz más bajas”, condena enérgicamente Teresa. Vive a unos cientos de metros de la central. Entre las dos habitaciones de su casa corre un cochinillo. Grandes gotas de lluvia caen afuera, sobre el alambre de espino que cerca el pequeño terreno. A pesar de las amenazas no quiere rendirse, es un compromiso que lleva. “Es meter el terror en todas las comunidades. Te van a meter terror, de esta forma van a hacer a un lado a los movimientos. Eso creen ellos. Pero no se dan cuenta de que, al asesinar a uno de nosotros, nos fortalecemos más. Porque hay tanta indignación en todos lados”, remata la brava opositora. Al lado de Samantha está sentado Juan Carlos Solís Fuentes, abogado y una de las caras visibles del Frente. Eso le causó diez meses de cárcel. Un compañero suyo, Jaime Domínguez, fue torturado durante su encarcelamiento y su caso fue presentado ante el relator especial sobre la tortura de la onu. “Sería menos costoso dejar el proyecto por la paz que continuar. No solamente por la resistencia en la calle, sino también por los amparos que metimos”. A principios de julio de 2019, un juez dictó que el gasoducto no puede operar por el momento y frenó por completo todo el proyecto. La sentencia concluye que el ducto no cumple con los estándares de seguridad, ni han sido consultadas las comunidades indígenas afectadas previamente a la construcción de las obras, tal como lo establece el Acuerdo 169 sobre Pueblos y Tribus Indígenas de la Organización Internacional de Trabajo. El artículo seis prevee, además, que la consulta tiene que ser realizada mediante las instituciones representativas de dichos pueblos indígenas. Fue justamente Samir Flores quien ingresó la demanda, cinco días antes de su asesinato. El colonialismo interno Muchas décadas antes de los vastos debates académicos y políticos sobre las consecuencias del colonialismo, en 1963 el sociólogo mexicano Pablo González Casanova publicó el texto El colonialismo interno.12 Éste sería la prolongación del colonialismo histórico en las antiguas colonias y expresa una red de relaciones desiguales entre diferentes grupos culturales. Los recursos naturales son explotados y las poblaciones locales reprimidas. “Los sistemas represivos predominan en la solución de los conflictos de clases; son mucho más violentos y perdurables que en las metrópolis”, puntualizó González Casanova en aquel entonces. Si se pregunta a los hijos del volcán, todos concuerdan en que el PIM consiste en mucho más que solamente una termoeléctrica en Huexca. “Con el PIM se pretende construir toda una infraestructura para la industrialización”, opina el abogado Juan Carlos Solís. Nuevos parques industriales van a surgir al lado del gasoducto, parques que serán ocupados por empresas transnacionales, empresas que van a subordinar el espacio tomado a las reglas de los mercados. El argumento de que se trata de generar electricidad para la población local es solamente usado como una excusa. Según Juan Carlos, dos modelos de desarrollo se oponen ahí: el industrial y el de las comunidades indígenas. “El desarrollo de ellos solamente nos trae el despojo del agua, trae el despojo de las tierras, trae el despojo de nuestra capacidad de decidir qué queremos. Es un proyecto integral de la muerte”, concluye Samantha. Todavía en mayo de 2014, Andrés Manuel López Obrador, siendo político de la oposición, prometió a la población de la zona volcánica que con él no habrá ni termoeléctrica ni Proyecto Integral Morelos. No cumplió con su palabra y fracasa ante su propio lema: “Un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo”. Quizá, la promesa vacía tenga que ver con los contratos que los gobiernos anteriores habían firmado con las empresas concesionarias. En el actual contexto conflictivo, mantener la transparencia en alto y hacer públicos estos contratos, sería un principio valioso y un gesto necesario ante los afectados de la megaobra.
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