A la par que la pandemia del Covid-19 azotaba Tamaulipas, con 57 fallecimientos diarios en los picos de la crisis, el gobierno del Estado autorizó cientos de millones de pesos de manera extraordinaria para atacar esta emergencia sanitaria. Estos fondos fueron utilizados para adquirir productos a un puñado de empresas que aprovecharon flexibilizaciones en el marco regulatorio de compras y que en conjunto presentan una serie de “coincidencias” que prenderían las alertas de cualquier autoridad fiscalizadora.
Por: Shalma Castillo
Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
A través de siete empresas que presentan focos de alerta en sus operaciones, la Secretaría de Salud de Tamaulipas drenó más de la mitad del presupuesto extraordinario que se autorizó para combatir la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (Covid-19) en el primer año y medio de pandemia.
De los 490.8 millones de pesos que destinó el gobierno de Tamaulipas para el tema de sanidad, recurso que se tenía que ejercer en 2020 y 2021, el 70%, es decir 351.6 millones, fueron adjudicados, principalmente a esta serie de compañías, de las cuales, en algunos casos, no se localizaron en los domicilios que tienen registrados, su objeto social no corresponde con el servicio que están brindando, e incluso se dieron casos en donde comparten entre sí correos electrónicos, direcciones fiscales, socios y representantes legales.
Esta información fue obtenida mediante la revisión de los únicos 99 contratos que la Secretaría de Salud hizo públicos mediante el sitio web que crearon, específicamente, para transparentar sus gastos durante la emergencia sanitaria. El portal fue consultado por primera vez a mediados de 2021 y, hasta la fecha de publicación, no se ha cargado un solo contrato más. Se solicitaron vía transparencia las facturas correspondientes y cualquier otro contrato que se haya firmado en los meses restantes, pero la respuesta de las autoridades fue siempre hacer mención al sitio web, el cual no ha sufrido ninguna actualización en más de un año.
En el más reciente informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) sobre el análisis de documentación pública en la Plataforma Nacional de Transparencia, arroja que seis de cada 10 adjudicaciones directas realizadas por gobiernos e instituciones de Tamaulipas no cuentan con un acceso al contrato. Además, ocupa el lugar 30 de los 32 estados en la lista de sujetos que registraron en el 2021 compras en la Plataforma.
La serie de irregularidades que presentan las compañías que obtuvieron estos contratos millonarios durante la pandemia son muy similares a las que expuso en 2020 la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del estado (UIFE) al develar los vínculos empresariales del caso denominado “Los Seis”, el cual exhibía a 52 empresas que le facturaron a la Administración estatal de Tamaulipas casi 10 mil millones de pesos y que compartían socios, comisarios, representantes legales y administradores únicos, de acuerdo con el comunicado oficial publicado por la UIFE.
Empresas con mucha “fachada”
El artículo 10 del Código Fiscal de la Federación es muy claro al momento de establecer que las personas morales deben asignar como domicilio fiscal el lugar donde se encuentre la administración principal del negocio, ya que éste debe ser localizable para que las autoridades fiscales puedan practicar diligencias, pero en Tamaulipas este parece que no fue un requisito para algunas de las empresas que sacaron la mayor tajada de los recursos aprobados por el coronavirus.
En la calle Mariano Matamoros No. 414, entre 20 de Noviembre y Fermín Legorreta, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, se encuentra una casa habitación color café, la pintura de su marquesina está desprendida, las manchas de humedad en las paredes son visibles a primera vista y la fachada principal está llena de telarañas. Así lucía el domicilio fiscal que tenía registrado la empresa SPCES, S.A. de C.V. al mismo tiempo que recibía un contrato de más de tres millones de pesos por parte de la Secretaría de Salud del estado por la compra de 17 mil litros de gel antibacterial y 4 mil litros de alcohol. Un par de meses después de visitar esta dirección, la empresa modificó sus datos en el padrón de proveedores a: Calle Sol 2052, Fraccionamiento Comercial 2000, entre calle Lluvia y Brisa, en donde un letrero sobrepuesto con la palabra “SPCES” demuestra que esta bodega “improvisada” es su nuevo centro de operaciones.
Crédito: Shalma Castillo
