En Francia se ha sentenciado a una persona que fue presidente de la República, Nicolas Sarkozy. Es el segundo mandatario nacional que recibe una sanción penal en ese país, el anterior fue Jacques Chirac, quien no fue a la cárcel por motivos de edad y salud.
El hecho de que los delitos acreditados no eran demasiado trascendentes aumenta nuestra admiración por Francia porque se proclama que, no por poca la monta o el daño, se debiera soslayar el abuso de un poderoso. En México, hemos tenido presidentes delincuentes y algunos hasta terroristas, torturadores, asesinos.
Las denuncias contra los presidentes mexicanos probablemente eran en su mayoría simples afirmaciones presentadas ante los fiscales, pero hay algunas hechas públicas que debieron al menos ser investigadas a fondo y resueltas conforme a derecho.
Lo que hizo el poder judicial con Luis Echeverría no tiene nombre. Primero se dictó un auto de prisión, la cual se llevó a cabo en su domicilio por la edad y supuestas enfermedades. Luego, se declaró que los delitos habían prescrito. Así, un mandatario represor se queda tranquilo con el simple pasar del tiempo aun cuando durante años no se le abrió proceso justamente porque era poderoso y aun cuando la clase de delitos que ese señor cometió ya ni siquiera prescriben en el mundo.
El primer responsable del Pemexgate (mil millones de Petróleos Mexicanos entregados al PRI en el año 2000) fue en realidad quien dio la orden, es decir, el presidente de la República. Esto no exime a los demás, pero tampoco oculta al jefe. Otro presidente, el siguiente, decidió que el asunto debía resolverse en definitiva con la declaración de que no había daño patrimonial a Pemex porque el sindicato se comprometió a pagar en abonos el desfalco con dinero que, por otro lado, le daría la empresa, por decisión personal del nuevo presidente, Vicente Fox, quien ordenó hacer toda la maniobra al entonces director de la paraestatal. Nadie fue a la cárcel y mucho menos Ernesto Zedillo, como tampoco el candidato priista que había enviado su propio automóvil blindado a recoger los billetes. Nadie fue procesado. Todo quedó en una multa de mil millones, a cargo del PRI, impuesta por el IFE.
La investigación a Vicente Fox por el escándalo de Amigos del mismo apellido culminó en una decisión de no ejercicio de la acción penal tomada por el procurador y la fiscal que él mismo había nombrado. La motivación de esa torcedura fue que el delito electoral del que se le acusaba consistía en el manejo de recursos de procedencia ilícita, pero los nuevos amigos de Fox que eran ahora Ministerio Público, le agregaron la palabra “penal”, cuando el Código no lo menciona así. El dinero que manejó Fox tenía procedencia “ilícita electoral”, por lo que era un delito, tal como fue confirmado por el órgano administrativo (IFE) y el judicial (TEPJF). Todo quedó en una multa de más de 300 millones, pero a cargo del PAN. Fox y sus amigos no fueron procesados.
Hay muchas otras denuncias de hechos verdaderos contra presidentes que están en el limbo de la impunidad. Si todas aquellas enderezadas contra Calderón por concesiones ilegales y contratos con daño patrimonial contra el Estado hubieran sido analizadas, este personaje de la vida política de México quedaría a deber años de prisión. Algo igual podría decirse de ese otro personaje de reciente desaparición que lleva por nombre Enrique Peña Nieto.
No podemos hablar de Carlos Salinas porque este es el mayor impulsor del Estado corrupto desde Miguel Alemán. Así que mejor ahorramos tinta y sólo nos lamentamos del infortunio mexicano. De Díaz Ordaz, punto y aparte.
El Ministerio Público y los tribunales fueron incorporados con bastante rapidez y facilidad al sistema corrupto mexicano. Como integrantes del aparato estatal, esas instituciones se convirtieron en instrumentos esenciales. El primer paso fue que nadie podía levantar un acta en contra del presidente. Después, ni siquiera una línea crítica. Luego, tampoco la menor insinuación.
Cuando empezó a ser posible presentar denuncias contra el presidente en turno, jamás se abría la averiguación. Al cabo de varios años y muchas promesas de cambio, ya se “iniciaban” las “investigaciones” que invariablemente quedaban en la nada de la nada, como era lo prudente, necesario y comedido. Al menos tenemos un archivo voluminoso, material para historiadores, pero nunca para jueces. Así ha sido México.
Terminar con esa oprobiosa y vergonzosa realidad de impunidad es mayor tarea política. Pero no se trata sólo de los presidentes sino de muchos otros poderosos que actuaban con la certeza de que su “patriotismo y su amor por México” justificaban sus actos ilegales.
Tiene mucho de cierto el que la impunidad fue el certificado de autenticidad y normalidad de la represión, el crimen de Estado y la corrupción. Los conservadores, en el sentido literal del término, saben de qué se está hablando. Nadie quiere que México sea como Francia sino conquistar una nueva época mexicana.
