Cargados de violencia llamativa están siendo los 90 días que ha dado Donald Trump para que México demuestre que está haciendo lo suficiente en el combate a los cárteles y así no sea castigado con aranceles e intervenciones directas.
Ayer, en Reynosa, una ciudad largamente sometida a controles de grupos criminales, fue ejecutado el delegado de la Fiscalía General de la República, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna. Las informaciones circulantes a la hora de redactar esta columna señalaban que el atentado se había cometido mediante granadas lanzadas contra el vehículo en que viajaba, y el posterior remate del funcionario.
Este ataque agrega luces rojas sobre Tamaulipas, su gobernador Américo Villarreal y una extensa red política y económica tejida a su alrededor, en la que siempre se mencionan los apoyos electorales a Morena, presuntamente otorgados por Sergio Carmona, apodado el Rey del Huachicol, asesinado en noviembre de 2021 en Monterrey. En las quinielas de supuestas acciones estadunidenses contra políticos mexicanos dicho gobernador aparece con frecuencia entre los tres con mayores menciones.
El golpe asestado en Reynosa se produce en días y horas en que el gobierno claudista, por voz de la propia Presidenta y por el secretario de seguridad pública, Omar García Harfuch, se afanan en mostrar datos y referencias que apuntalen la necesaria versión de que ha bajado la criminalidad en ciertos rubros y que hay un combate exitoso contra cárteles y capos de diverso calibre.
Este lunes, además, el diario The Wall Street Journal publicó un texto titulado Los cárteles de la droga de México perjudican los acuerdos de Sheinbaum con Trump, en el que se asegura que la Presidenta quiere evitar el tipo de acciones militares que funcionarios de la administración Trump han considerado, como enviar un dron para destruir un laboratorio de fentanilo o usar las Fuerzas Especiales estadunidenses para capturar a un capo de la droga. Pero los incidentes que ponen de manifiesto la penetración del crimen organizado en todos los niveles de la sociedad y el gobierno mexicanos podrían debilitar la posición de Sheinbaum (https://goo.su/sDoN).
En ese contexto arrecian las evidencias de divisiones en Morena (marca con denominación oficial de partido, pero sin vida real como tal, sino como instrumento electoral bajo control y, también, bajo pelea de élites).
El coordinador de los diputados federales de la 4T, Ricardo Monreal, respecto a que se multiplican las versiones de que Palacio Nacional lo desea fuera de ese cargo, para que quede alguien con etiqueta de claudista pleno, señaló ayer en videograbación (es decir, en palabras pensadas, reflexionadas, no una declaración banquetera o de ocasión), que la elección intermedia de 2027 será una etapa muy importante de disputa interna insalvable, en la que por la fuerza de Morena, por la representatividad mayoritaria, será el partido que sufra más dificultades para mantener la unidad. Ya desde ahora se presentan en la lucha anticipada por lograr ser candidatos o candidatas a gobernadores o gobernadoras, o a la relección de diputados federales, o a la elección de presidentes municipales, regidores, síndicos y concejales.
La disputa interna insalvable también se muestra en la resistencia de la corriente dirigida por Adán Augusto López, quien lucha por sostenerse en la coordinación de los senadores de Morena a pesar de las insistentes menciones de su responsabilidad política, si no es que judicial, por la designación, mientras era gobernador, de un jefe policiaco en Tabasco que ahora está prófugo y a quien se menciona como jefe del grupo criminal La Barredora.
Y en la tarde de ayer fue asesinado en Cancún Mario Machuca, el dirigente estatal de la Confederación Regional de Obreros y Campesinos, que en Quintana Roo tiene gran peso en cuanto a contratos de trabajo. De inmediato, el fiscal estatal dijo: Tenemos una línea de investigación bien definida, que es la laboral. ¡Hasta mañana!
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