En los últimos 20 años, el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa fue el que más dinero federal entregó a compañías que más tarde serían declaradas Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS) por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Durante su sexenio se asignaron 5 mil 333 millones de pesos a empresas fantasma, según el análisis de 3 mil 529 contratos realizado por Quinto Elemento Lab con el apoyo del Observatorio de la Corrupción e Impunidad (OCI) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El cruce de información de Compranet con el listado de EFOS definitivas del SAT reveló la magnitud de estas contrataciones.
Entre cientos de beneficiarias destacó la firma petrolera Zapata Internacional, que se quedó con una tercera parte del botín que acumularon las compañías fantasma en el calderonismo. Con solo un contrato por mil 809 millones de pesos se convirtió en la EFOS que más dinero federal ha recibido en la historia.
El SAT confirmó en 2017 que la empresa carecía de activos o personal suficiente para realizar las obras. Sin embargo, años atrás fue vinculada al proyecto Aceite Terciario del Golfo (ATG), una apuesta de Pemex Exploración y Producción (PEP) para frenar la caída de la producción petrolera nacional.
Pero Zapata Internacional no trabajaba en solitario. Era parte de una red de compañías con raíces en Tabasco y Tamaulipas, cuya influencia ha perdurado desde el sexenio de Calderón hasta el de Claudia Sheinbaum. Integrada por una veintena de petroleras, la red se ha relacionado con un exdirectivo de Pemex y empresarios cercanos al movimiento lopezobradorista.
A pesar de las irregularidades en que incurrió, ni Pemex dejó de emplear a Zapata Internacional, ni hubo investigaciones sobre los contratos o la red de empresas tejida alrededor de la facturera, incluso varias de las compañías que la integran trabajan con dinero público en la actualidad.
Dinero fantasma para un proyecto sin futuro
Presentado públicamente como la mayor reserva de crudo en territorio nacional, el proyecto ATG fue la gran apuesta petrolera del sexenio calderonista. El plan de Petróleos Mexicanos (Pemex) consistía en explotar el Paleocanal de Chicontepec, una faja de 3 mil 815 kilómetros cuadrados ubicada al norte de Veracruz, entre Poza Rica y las montañas bajas de la Sierra Madre Oriental, donde ya había un millar de pozos perforados desde 1971.
Como parte de ese proyecto, considerado fundamental para la reactivación de la industria energética del país, Pemex adjudicó en 2009 un contrato a Zapata Internacional por mil 809 millones de pesos para la perforación de pozos.
Los orígenes de Zapata Internacional son inciertos. Según su acta constitutiva, fue creada en 1991 en Reynosa, Tamaulipas, con cinco socios —un químico, un estudiante veinteañero, un contador, un biólogo y un ama de casa— y se dedicaba a distribuir fluidos químicos para perforaciones. Uno de los fundadores era Juan René Rivera Martínez, padre de César Rivera Zamudio, quien eventualmente ocuparía el cargo de representante legal en la firma.
Aunque la figura legal de las EFOS se creó en 2014, desde años antes la empresa mostraba indicios de ser una facturera.
Uno de los primeros signos de alerta fue su domicilio fiscal; según el contrato con Pemex, correspondía a una zona habitacional de Reynosa, originalmente de clase media. Era una vivienda adaptada como espacio de oficinas, anexa a una nave industrial, que además coincidía con la dirección particular de dos de sus socios. Una visita permitió comprobar que la empresa alguna vez operó en el lugar, pero el inmueble lo ocupa ahora una compañía electricista.
Utilizar “viviendas de personas colaboradoras” o “una casa cuyas características no tienen coherencia con el rubro de la empresa, es indicativo de que carece de las condiciones para llevar a cabo una actividad específica”, dice Natalia Campos, coordinadora de Administración Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
La adjudicación directa es otro foco rojo, afirma Campos. “Es más fácil hacer corrupción con una adjudicación. Facilitan mucho que pagues un favor, que se ejerza soborno, desvío de recursos, porque no tienes que hacer ningún concurso, un acta de junta de aclaraciones”.
Zapata Internacional apenas había obtenido tres contratos con PEP, el primero en 2006. A pesar de su escasa experiencia, el proyecto energético insignia del calderonismo consideró que la empresa tamaulipeca estaba a la altura de petroleras consolidadas como Schlumberger, Weatherford y Servicios Integrales GSM —subsidiaria de Grupo Carso, de Carlos Slim—.
La asignación del ATG a la facturera ocurrió en un momento delicado. Hasta 2009, la administración de Calderón había invertido más de 52 mil millones de pesos con el objetivo de producir medio millón de barriles diarios de petróleo, cuando apenas lograba generar unos 32 mil barriles. La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) advirtió que el proyecto no era rentable; Pemex insistió en que se necesitaba perforar más.
La petrolera estimó que requería 20 mil pozos para que el ATG fuera productivo, pues el yacimiento, aunque rico en hidrocarburos, es como un queso gruyer: el aceite se encuentra atrapado en múltiples formaciones rocosas a más de un kilómetro y medio de profundidad y, para extraerlo, hay que romperlas inyectando agua, una técnica conocida como fractura hidráulica o fracking.
Del total de mil 779 pozos proyectados para 2009, PEP encargó a Zapata Internacional perforar 144 y hacer trabajos complementarios en siete. Según el contrato, firmado por Rivera Zamudio, apoderado de la empresa, y cinco funcionarios de la Unidad de Perforación y Mantenimiento de Pozos de la División Norte de PEP, las obras arrancaron el 17 de junio de 2009 y debían estar listas el 16 de julio de 2011.
Un mes antes de la fecha de entrega de los pozos, la facturera solicitó alargar el plazo hasta diciembre de 2011 porque la perforación era más difícil de lo previsto, ya que el petróleo se encontraba por debajo de los dos kilómetros de profundidad y las excavaciones eran inestables. Más adelante pidió otra prórroga hasta diciembre de 2012.
Zapata Internacional no podía terminar los pozos y el sexenio de Calderón casi concluía. En los convenios modificatorios consultados por Quinto Elemento Lab, Pemex admitió que los retrasos impactaron en los planes energéticos del país, porque al no contar con los pozos “no se cumplirían las metas de producción establecidas por la Subdirección [de Exploración] para el año 2012”.
Según el contrato, las dos únicas condiciones que justificarían una prórroga eran que ocurriera un acontecimiento de fuerza mayor o que hubiera una omisión de PEP en el sitio de los trabajos afectara el desarrollo de los mismos. No queda claro en los convenios de ampliación que la justificación se debiera a alguno de esos puntos.
Finalmente, tras cuatro aplazamientos, Zapata Internacional entregó los pozos en mayo de 2013, un año y ocho meses más tarde —casi el doble del tiempo establecido— de lo acordado en el contrato inicial. Pemex solo penalizó a la empresa fachada por retrasos de 168.81 días, cuando en realidad necesitó 624 días adicionales para terminar las obras.
De acuerdo con especialistas, las factureras no siempre desaparecen sin cumplir con los trabajos.
“No creo que todas las EFOS tengan servicios inexistentes, porque hay distintas características. Una es que no tenga activos, o suficiente personal, o infraestructura para llevar a cabo la razón por la que le contratan”, dice Sarahí Salvatierra, experta en rendición de cuentas de la organización civil Fundar.
Por eso, aunque exista la obra, al contratar una empresa fantasma “te enfrentas, digamos, a otro tipo de circunstancias: la calidad, el costo… y eso es muy importante”, opina el exdirector del Área Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, Gerardo Lozano.
Con base en su experiencia, el fiscalizador menciona distintos perjuicios causados por las EFOS, como atrasos en los tiempos de entrega, sobrecostos por la subcontratación de empresas que sí cuentan con maquinaria o personal, e incluso problemas de calidad en las obras, que no siempre se notan a simple vista.
Según datos de la CNH, de los 144 pozos perforados y los siete que recibieron mantenimiento por Zapata Internacional, 97 están inactivos, de 19 no hay información, 34 tienen baja producción, y uno, el Corralillo-642, se encuentra en estado de abandono permanente. De este último, solo queda, según se observa en imágenes de Google Earth, un círculo grisáceo rodeado de maquinaria oxidada, en medio de la exuberante vegetación que va reclamando su lugar.
Al final, los mil 809 millones de pesos que Pemex pagó a la empresa fantasma sirvieron para perforar 34 pozos que producen apenas 326 barriles diarios de petróleo, cifra que equivale a una pipa de gasolina, que permite llenar el tanque de aproximadamente 462 autos.
Es “una enorme cantidad de recursos para haber obtenido tan poco petróleo”, señala Roberto Gutiérrez, investigador del Departamento de Economía de la UAM Iztapalapa, quien ha estudiado la política energética en el sexenio de Calderón.
Tormentas, béisbol y redes que llegaron al gobierno de AMLO
Aunque Zapata Internacional no cumplió con los plazos establecidos para acabar los pozos, PEP le otorgó, todavía en el sexenio de Calderón, un nuevo contrato a esta empresa en propuesta conjunta con Integradora de Perforaciones y Servicios (IPS). Pemex estableció en dos tipos de divisa el monto a pagar por trabajos de limpieza en el pozo Samaria-864, en Tabasco, que en total sumaron 98.7 millones de pesos y 14.6 millones de dólares
Luego, en la administración de Enrique Peña Nieto, PEP contrató a Zapata Internacional en ocho ocasiones más, por un total de 292.1 millones de dólares. El primer convenio del peñanietismo se firmó en marzo de 2013, cuando la EFOS aún no entregaba los pozos del ATG. Pero la facturera no estuvo sola, ya que volvió a trabajar con IPS, una empresa constituida en Tihuatlán, municipio vecino de Poza Rica.
Según información de Transparencia, este contrato por adjudicación directa fue otorgado para terminar el pozo Coapechaca-850, como parte del moribundo proyecto ATG. Pero, al igual que en el pasado, Zapata Internacional e IPS no pudieron concluir la perforación en el plazo estipulado.
La relatoría del contrato muestra que el retraso de la empresa fantasma ocasionó que los trabajos se extendieran hasta una temporada con clima adverso. Entonces, lo peor que podía pasar, ocurrió. La tormenta tropical Ferdinand asoló la región, el río Cazones aumentó su cauce, y uno de sus brazales inundó la zona de trabajo, que por falta de bombas de succión quedó anegada durante meses. Coapechaca-850 tuvo que ser taponado temporalmente.
El pozo que debía estar listo para septiembre de 2013 nunca se terminó. A mediados de 2014, Pemex insistió a Zapata Internacional que siguiera con la obra a cambio de ampliar los tiempos de entrega, pero se negó, “argumentando su falta de recursos para continuar con la ejecución del contrato”. Vía Transparencia, PEP confirmó que por este pozo inconcluso pagó 9.5 millones de dólares a las dos firmas.
En 2017, el SAT incluyó a Zapata Internacional en su lista de EFOS definitivas y puso un freno a su contratación, después de dos sexenios de convenios por más de 900 millones de pesos y 312 millones de dólares.
Pero esta historia no termina aquí.
Quinto Elemento Lab descubrió que la EFOS que más dinero federal ha facturado en las últimas décadas es apenas un nodo dentro de una red conformada por más de cincuenta empresas, de las que al menos 25 han sido contratadas alguna vez por Pemex. Y con las conexiones expuestas, las contratistas que parecían estrellas solitarias se desvelan como parte de una misma constelación.
Que una facturera como Zapata Internacional pertenezca a una amplia red de compañías con servicios similares puede explicar tanto su capacidad para cumplir con algunas obras —aunque a destiempo—, como su razón de existir, dicen especialistas.
“Es más por un tema de beneficiarios finales o empresas que se crean para recibir moches […], que se pierda el rastro del dinero”, explica Oropeza, de Fundar. Es decir, que hay firmas que funcionan como fachada de compañías que sí tienen la capacidad de hacer las obras, pero quieren ocultar a los verdaderos ganadores de los recursos, denominados “beneficiarios finales”.
En su círculo más cercano, las raíces de Zapata Internacional abarcan otras cuatro empresas constituidas principalmente por César Rivera Zamudio —quien firmó el contrato para los pozos del proyecto ATG— y su madre, Lilia Guadalupe Zamudio, también accionista de la EFOS.
Una es Grupo Deportivo Reynosa, dueña de la marca del equipo de béisbol Broncos de Reynosa, que creó una sociedad con el Ayuntamiento de Reynosa, representado por el exalcalde Óscar Luebbert Gutiérrez. De acuerdo con el periódico El Mañana, el municipio pagó la totalidad de la rehabilitación del estadio Adolfo López Mateos para beneficio de la firma, que no tuvo que invertir.
Al mismo tiempo, Zapata Internacional se conecta con dos grandes brazos, compuestos, sobre todo, por compañías petroleras. El vínculo se explica a partir de Edmundo Andrade Martínez, un hombre originario de Tabasco, actualmente de 66 años. Además de ser el representante encargado de solicitar la disolución de la empresa ante la Secretaría de Economía, poseía acciones de Grupo Industrial de Tabasco, Ciabe y OTS Oil Tools Services.
Uno de los ramales surge del Grupo Industrial de Tabasco. Por medio de uno de sus socios, Julio César Campos Frías, la red se entrelaza con Luis Carlos Vizcarra Millán, relacionado con firmas como Canamex Energy Holdings, American Oil Tools, Grupo Industrial de Tamaulipas, y Perfolat de México, todas constituidas en Villahermosa en la Notaría 27 de Adán Augusto López Hernández, líder de Morena en el Senado.
El otro ramal parte de OTS Oil Tools Services y Ciabe, que comparten múltiples vínculos con IPS, la firma con la que Zapata Internacional trabajó en conjunto. Mario Alberto y Elvia Guadalupe Basurto Origel, de IPS, también forman parte del Núcleo de Desarrollo Técnico Chicontepec —ahora llamado Núcleo Sepec OFS—, al que se sumaría como accionista Maclovio Yáñez Villagrán, exsubdirector de la región norte de PEP en el sexenio de Vicente Fox.
A partir de aquí, la red explota alrededor del exfuncionario y de su hijo, Maclovio Esteban Yáñez Mondragón, señalados como figuras cercanas a López Hernández, según publicaciones de Latinus y de medios locales. Entre sus múltiples firmas destacan Núcleo y Zook Oilfield Services, seis compañías cuyos nombres inician con Sepec, y el equipo de fútbol Racing F. C. Porto Palmeiras de Boca del Río, el Monstruo Morado.
A todas las empresas y personas mencionadas en el reportaje se les envió un cuestionario a los correos electrónicos registrados ante el SAT. Con algunas, además, se buscó el contacto mediante sus páginas web, redes sociales o por teléfono. En algunos casos se encontró que las empresas compartían contactos o registros. No hubo respuestas. También se le compartió un listado de preguntas al senador Adán Augusto López mediante un enlace de prensa, pero no lo contestó.
Como las factureras suelen funcionar en redes, explica Salvatierra, “hace falta un cruce masivo de información que pueda identificar quiénes son los dueños de las empresas, los socios, los representantes legales, los accionistas”.
No obstante, hasta ahora la única compañía de este entramado inmovilizada por el SAT es Zapata Internacional.
“No se les busca a los servidores públicos, no hay ni quien haga un cruce para decir: esta era una EFOS, apenas la descubrieron en el 2020, pero resulta que fue una EFOS en el 2015… Quienes están haciendo estos cruces son los periodistas”, señala Vania Pérez, presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
La Fiscalía General de la República no respondió a Quinto Elemento Lab sobre si existen denuncias iniciadas por PEP por la contratación de EFOS. Y la Secretaría de la Función Pública (SFP) tampoco confirmó si el Órgano Interno de Control de PEP u otra dependencias realizó alguna observación, recomendación o sanción por los contratos con Zapata Internacional.
Las empresas de la red que han estado más cerca del escrutinio de las autoridades han sido Sepec Cts y Sepec Well Services, por presentar información falsa en licitaciones. Fueron sancionadas en 2017 por la SFP con cinco y diez años, respectivamente, aunque en 2021 un tribunal echó abajo las penalizaciones. Canamex, Perfolat de México y American Oil Tools también fueron castigadas en 2017 por incumplir con el programa mínimo de trabajo en un campo petrolero de Veracruz.
Sin embargo, eso no ha frenado a las compañías de la red para seguir obteniendo contratos.
Aunque no fue posible precisar cuánto dinero se han llevado las contratistas de esta estructura empresarial —muchos convenios se firmaron hace dos o hasta tres sexenios—, esta investigación descubrió que, durante el gobierno de AMLO, nueve empresas de la red obtuvieron contratos con Pemex por más de 45 mil millones de pesos, de los cuales seis están vigentes hasta 2025 y 2026, es decir, en la administración de Claudia Sheinbaum.
Son Canamex Energy Holdings, del ramal de compañías de Luis Carlos Vizcarra; Multiservicios de Perforación Geopetroleros e IPS, relacionadas con Mario Alberto Basurto, y Núcleo Sepec OFS, Tabasco OFS y Sepec Oilfield Services, de las firmas vinculadas a Maclovio Yáñez.
Zapata Internacional resultó ser un mechón más en un campo petrolero —como los miles de pozos que arden en el ATG— que creció con Calderón y tuvo su declive en el sexenio de Peña Nieto, pero su entramado sobrevivió.
“La corrupción trabaja en red, que es también muy similar a como trabaja la delincuencia organizada: si tú cortas una cabeza no va a pasar nada, se va a volver a reestructurar”, ejemplifica Salvatierra, especialista de Fundar.
Con una sola firma inmovilizada por el SAT, el resto se ha ramificado en inmobiliarias, transportistas, operadoras de eventos, hoteles y hasta equipos deportivos, pero sobre todo en compañías petroleras. El resultado: un consorcio que ha perforado los recursos públicos durante tres sexenios y sigue vigente gracias a contratos con Pemex.
