En el marco de la construcción de un nuevo orden iliberal en Estados Unidos, la élite tecnocrática parece avanzar a pasos agigantados hacia la total concentración del poder en el ejecutivo, con el objeto de operar directamente en el gobierno de ese país y concretar sus agendas sin la necesidad de intermediarios (o cabilderos) en el Congreso o las Cortes. Todo ello pareciera estar en perfecta sintonía con la teoría del ejecutivo unitario y la teoría de la “Ilustración Oscura” promovida por el bloguero neorreacionario (NRx) Curtis Yarvin—por cierto, muy bien recibida entre los magnates de Silicon Valley. Así, la “Revolución de las Mariposas” (del tipo ‘Monarca’ quizás) parece ir viento en popa en la segunda administración de Donald Trump. Todo este proceso se desarrolla por partes, de forma simultánea y se manifiesta en las distintas áreas de la política, la economía, la sociedad e incluso, la cultura, según las directrices del proyecto MAGA.
Uno de los pilares fundamentales de esta gran transformación multinivel se concentra en el manejo fronterizo y la política migratoria estadounidense. La implementación de las acciones ejecutivas firmadas por Trump desde el primer día de su segundo mandato en estas dos áreas es clave para la concentración del poder en el ejecutivo, lo cual permitiría a las élites ejercer un control casi absoluto sobre las mayorías de ese país. Bajo los nuevos paradigmas de la segunda era MAGA, se trata de consolidar la irrelevancia del poder legislativo estadounidense y, además, de minimizar las capacidades del poder judicial. Lo primero parece ser, por ahora, una realidad y, aparentemente, lo segundo pretende imponerse a la fuerza de distintas maneras.
En el tema migratorio y de gestión fronteriza, el avance es extraordinario y la transformación parece revolucionaria; no tiene parangón. Aquí no parecen importar los hechos reales, ni la ética, ni la justicia; mucho menos, la equidad. No valen las pruebas, ni el debate, ni la razón; incluso parece acercarse el fin del “debido proceso”. A partir de la orden de detener, deportar y encarcelar masivamente a inmigrantes indocumentados, se genera un régimen de terror basado en falacias, prejuicios y desinformación, que, además de estar sujeto a la comisión de errores, justificarían la violación de derechos humanos sin consecuencia alguna. Todo ello estaría destinado a debilitar al poder judicial e imponer la voluntad del ejecutivo—subordinando a los otros dos poderes y eliminando cualquier contrapeso—por los medios que sea necesario (by any means necessary).
El caso del ciudadano salvadoreño Kilmar Ábrego García—quien fue encarcelado por un “error administrativo” y permanece sin juicio en el Centro de Confinamiento de Terrorismo (CECOT) de máxima seguridad en el Salvador, a pesar de nunca haber sido condenado por delito alguno—marca un hito en la historia del derecho en Estados Unidos. Del veredicto final en este caso cardinal, parece depender el futuro del debido proceso en ese país. Veremos lo que sucede finalmente en las cortes, en una era donde la intención parece ser tornar al poder judicial como irrelevante. Las amenazas e injurias de Donad Trump hacia algunos jueces que no comulgan con el proyecto MAGA son paradigmáticas y parecen tener la intención de anular ese contrapeso eventualmente. El arresto de una jueza de Wisconsin por presunta obstrucción a agentes del ICE tras supuestamente ayudar a un inmigrante indocumentado a evitar su arresto, parece ser parte de este proceso caracterizado por la arbitrariedad y la sinrazón.
En esta nueva era parece no importar si los arrestos responden a un error por parte de la autoridad; tampoco si las acciones antiinmigrantes se basan en falacias y mucho menos importa el debido proceso. No importa si el Tren de Aragua o la Mara Salvatrucha no tienen en realidad capacidad de organización en Estados Unidos; es decir, no importa si no existen realmente como organizaciones capaces de perpetrar en el país un acto terrorista. Por decreto, estos grupos—junto con algunos “cárteles de la droga” mexicanos—fueron catalogados como terroristas, sin importar el objetivo de sus acciones ni su interlocutor final. Ya no importa si el mensaje de estos grupos no iba dirigido al Estado, ni tampoco importa si tienen capacidad de acción o si efectivamente controlan vastos territorios. Se asume su estatus como organizaciones terroristas internacionales, únicamente porque el ejecutivo así lo decidió y lo ordenó.
El futuro del orden liberal en Estados Unidos, de la democracia y el debido proceso parecen estar pendiendo de un hilo. Su permanencia depende de la fortaleza efectiva del poder judicial en el corto plazo; el papel de los estados es fundamental también. Si Trump y su Departamento de Justicia logran alienar a los jueces y las élites logran imponer su orden en esta área y en otras, la Ilustración Oscura se materializará finalmente, se concentrará el poder en el ejecutivo (en el monarca) y se pondrá fin al debido proceso. El panorama se vislumbra desolador. La esperanza podría estar en los estados o en la resistencia efectiva y bien organizada de la sociedad civil estadounidense. Están en juego las libertades y los derechos más básicos. La Ilustración Oscura—celebradísima por los Señores de Silicon Valley—nos acecha y está por materializarse más rápido de lo que Yarvin pudo quizás imaginar.
(GC/AM)
