En julio pasado, cuando a Claudia Sheinbaum le preguntaron si retomaría la reforma constitucional para establecer una semana laboral de 40 horas, ella respondió que no sería una prioridad de su administración. Para sorpresa de muchos, sin embargo, al tomar posesión, la iniciativa se incluyó como parte de los 100 compromisos del nuevo gobierno.
¿Qué sucedió para que la presidenta pasara de restar importancia a la reforma a hacerla parte de los objetivos de su administración? Me parece que parte de la respuesta está en la emergente movilización de algunos sectores de las y los trabajadores para exigir que la reforma no se dejara de lado.
El 30 de septiembre, en el marco del evento de clausura del sexenio de López Obrador, se realizó una nacional para recordar al mandatario y a la presidenta electa su deuda con la clase trabajadora. Aunque el evento no fue multitudinario, fue relevante porque además de activistas, participaron trabajadoras y trabajadores.
La movilización de la clase trabajadora del campo y la ciudad parece haber enviado un mensaje contundente a la casa de campaña de Sheinbaum. Esto muestra que, si la clase trabajadora desea obtener medidas favorables, la movilización es un factor imprescindible.
No obstante, el que la presidenta diga que en su administración se buscará aprobar la reforma no asegura que se pase en términos que beneficien a las mayorías trabajadoras del país. Es necesario tener claridad sobre esto.
De entrada, ha sido un error que la mandataria condicione la aprobación de la semana de 40 horas al consentimiento de los grandes empresarios. Esta declaración resta capacidad de negociación a los trabajadores frente a los grandes empresarios. Además, da la impresión de otorgar al empresariado el derecho de aceptar o vetar una iniciativa que puede beneficiar a millones.
Los grandes capitalistas en México históricamente se han caracterizado por reducir y regatear los beneficios a sus empleados. Un ejemplo contemporáneo son las declaraciones del presidente de la Coparmex, José Medina Mora, quien recientemente dijo que «no existen las condiciones para siquiera sentarse a hablar de reducir la jornada laboral». Las y los trabajadores, en este contexto, deben exigir al gobierno igualdad de trato frente al empresariado.
Sheinbaum y su equipo, por otra parte, harían bien en recordar que su victoria electoral se sostiene —por simple aritmética— en el voto de millones de trabajadores de diversos sectores: obreras, jornaleros agrícolas, trabajadoras del hogar, operadores de transporte, maestras, mineros, petroleros y personal de la construcción, entre otros.
Dado que la pasada propuesta de reforma fue descartada por orden de AMLO, algunos congresistas han declarado que es necesario promover otra. Hasta donde se sabe, Morena, Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo están trabajando, cada uno por su parte, en sus propuestas de reforma. Las y los trabajadores no tienen por que esperar a que dichos partidos presenten sus iniciativas para apoyar la que sea mejor o la que resulte menos mala. Existen condiciones básicas que la clase trabajadora y sus sindicatos deberían comenzar a discutir y exigir para asegurar que se apruebe una reforma justa.
En este sentido y recogiendo experiencias del sindicalismo independiente, así como diversos procesos análogos internacionales, propongo los siguientes puntos:
- Aplicación inmediata (no gradual ) de la reforma en todos los sectores económicos
- Aplicación gradual solo en casos justificados mediante estudios técnicos y ofreciendo medidas compensatorias
- Mecanismos de vigilancia para prevenir reducciones en ingresos laborales o prestaciones
- Esquema justo de pago de horas extras
- Establecimiento de un plan de transición hacia una semana de 32 horas para sectores de alto desgaste físico como el maquilador, el agrícola jornalero, el minero y el petrolero
- Sanciones estrictas para empleadores que incumplan o condicionen la implementación de la reforma
- Recursos para fortalecer a las PYMES en materia de crédito, capacitación y tecnología para evitar que se vean afectadas
- Incentivos para que el sector informal adopte la jornada de 40 horas y se formalice
- Comisiones de inspección con autoridad de sanción integradas por trabajadores para vigilar el cumplimiento de la reforma
Implementar la semana laboral de 40 horas no solo beneficiará a las y los trabajadores actuales, sino que también reducirá el impacto de la explotación laboral que afecta a millones de familias. Esto permitirá a las y los trabajadores de hoy y de mañana crecer en hogares menos agobiados por la explotación, fomentando un desarrollo más humano y equitativo. Además, al alinear la política laboral nacional con estándares internacionales, esta reforma puede fortalecer el bienestar colectivo y promover una sociedad más justa.
La posibilidad de conseguir todo esto, no obstante, depende de que las y los trabajadores logren organizarse y movilizarse bajo un programa propio. En la lucha por las 40 horas hay actores que buscan su propio beneficio, no el de la clase trabajadora. Si la clase trabajadora deja esta tarea en manos ajenas, solo obtendrá gradualismo, parcialidad y altas posibilidades de que la reforma quede en letra muerta. Esto es algo que no debería perder de vista la clase trabajadora.
Si una campaña incipiente logró que la presidenta no dejara morir la iniciativa de las 40 horas, la acción colectiva y organizada de las mayorías trabajadoras puede garantizar una reforma que realmente les traiga bienestar. En juego está no solo cumplir una demanda justa y mejorar la calidad de vida de millones, sino también construir un futuro más digno y equitativo para las generaciones venideras.
¡Yo por las 40 horas sin gradualismo y bajo control de las y los trabajadores!
