Por Sebastián Olvera
@SebOlve
En la entrega pasada concluimos que la expresión diplomática del conflicto entre el
presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y la Embajada de Estados Unidos en
México, producto de las polémicas declaraciones del diplomático Ken Salazar, tiene una
raíz política. Se trata de una disputa política que, aunque ahora está enfocada en la
Reforma al Poder Judicial (RPJ) trasciende este tema. Tiene que ver con el perfil
nacionalista de ciertas leyes promovidas por el actual gobierno mexicano y los intereses
estratégicos estadounidenses.
Para el gobierno EE. UU. nuestro país es una zona de interés estratégica vinculada
a su seguridad nacional en al menos cinco áreas: 1) seguridad, 2) migración, 3) recursos
naturales, 4) comercio e inversión, así como 5) integración regional.
Seguridad. El mayor interés estadounidense es promover una estrategia
coordinada de seguridad que permita a su gobierno atacar a las organizaciones
criminales que operan en territorio mexicano, tener acceso a información sensible y
mantener cierto control sobre los cuerpos castrenses, particularmente sobre la Marina.
El Marco Bicentenario (2021) es el medio actual con el que se busca esto. Los objetivos
formales de este acuerdo son proteger a las personas invirtiendo en su bienestar,
prevenir actividades criminales transfronterizas (el narcotráfico y el tráfico de armas) y
desmantelar las redes criminales trasnacionales. Sin embargo, los objetivos concretos
del vecino del norte son combatir la producción de fentanilo y asestar golpes a objetivos
clave.
AMLO cambió la tendencia de completa subordinación frente a las autoridades
estadounidenses, restringiendo sus operaciones en el país. No obstante, la relación de
cooperación en materia de seguridad sigue siendo guiada por los intereses
estadounidenses. Frente a los exiguos resultados de los esfuerzos para reducir el río de
armas que llega a México desde la frontera norte, destacan las capturas y las
extradiciones de perfiles de alto nivel, como García Luna, el “Chapo” Guzmán, el “Mayo”
Zambada o Néstor Isidro Pérez Salaz.
Migración. La migración es un tema altamente sensible para EE. UU. y, de hecho,
lo incluyen dentro de la agenda de seguridad. Nuevamente, el plan actual de
cooperación se encuentra en el Marco Bicentenario. La principal diferencia con el
marco anterior se encuentra en que se declara tratar las causas de la migración en los
países de origen y ya no se le asigna a México el papel de “campo de concentración”.
Pero, operativamente se continúa usando la legislación, a la burocracia y a las fuerzas
armadas mexicanas como un dique para reducir los flujos migratorios que penetran por
la frontera sur del país vecino. Todo esto se ha logrado con anuencia del gobierno actual.
Tan solo en 2023, las autoridades mexicanas detuvieron a casi 800 mil personas
migrantes que buscaban llegar a EE. UU.
Recursos naturales. El territorio mexicano, por su riqueza y cercanía geográfica, es
visto por las empresas y el gobierno estadounidenses como una reserva estratégica de
recursos naturales sensibles (agua, hidrocarburos y minerales críticos). La FAO estima
en 409 km cúbicos los recursos internos hídricos renovables del país (de los cuáles más
del 50% se encuentran en el sudoeste), lo que lo posiciona en el lugar 25 del ranking del
Banco Mundial. México, además, es el productor número 19 de energía del mundo, por
encima de actores como Francia y Reino Unido. Las reservas probadas de crudo se
calculan en 8.4 mil millones de barriles y las de gas en 12 mil millones de pies cúbicos, la
mayoría distribuidas a lo largo del Golfo de México.
Por otra parte, de los 50 minerales críticos que reconoce el Sistema Geológico de
Estados Unidos, México es un productor mundial de cuatro (Cobre, Estaño, Molibdeno
y Zinc) y uno de los principales proveedores de 17 más, entre los que se cuenta el Espato
Flúor, el Selenio y la Barita. Todos ellos básicos para las industrias electrónica y bélica.
En consecuencia, el interés en este campo es asegurar las condiciones (leyes, inversión,
infraestructura) para que la mayor parte de estos recursos se incorporen a las cadenas
de suministros estadounidenses.
Comercio e Inversión. Debido a la cercanía espacial, el tratado de libre comercio y
los niveles de inversión estadounidenses, México se ha convertido en el primer socio
comercial de EE. UU. En 2023 nuestro país exportó bienes y servicios por un valor total
de 475 mil millones de dólares, siendo los autos (18%) y las autopartes (13%) los bienes
más mercados. Además, del total de la Inversión Extranjera Directa recibida en 2023,
casi el 40% proviene de EE. UU. y la mitad se concentra en los sectores manufactureros
automotriz y eléctrico. Además, nuestro país es el segundo destino de las exportaciones
estadounidenses. Estas tienen un valor total de 323 mil millones de dólares, de los
cuales 11% son hidrocarburos, 8% autopartes y 5% semiconductores. Estos datos
muestran una relación de alta interdependencia de ambas economías. Por ello la
necesidad de asegurar el control del mercado mexicano mediante la integración.
Integración regional. Debido a lo anterior y a las ventajas competitivas que
México ofrece en términos laborales (una fuerza de trabajo de 81.4 millones de
personas, los salarios más bajos de América del Norte y la alta tecnificación de la mano
de obra), y fiscales (bajas tasas impositivas y paquetes atractivos de subvenciones), el
gobierno de EE. UU. tiene el interés de profundizar la integración regional. El
instrumento principal para realizarlo es el T-MEC. La cuestión es que a México se le
asigna un papel subordinado y dependiente. El capítulo sobre la inversión de ese
acuerdo estipula un mecanismo poco transparente y ambiguo para la protección de las
inversiones estadounidenses. Según el Trasnational Institute mediante este y otros
mecanismos de protección del capital trasnacional, México ha pagado cerca de 341
millones de dólares en 11 casos por concepto de indemnización a los inversionistas
extranjeros.
Se trata de una integración, en situación de dependencia para México, que en lo
económico intenta hacer del país el espacio físico para la localización de partes vitales de
las cadenas globales de valor (sobre todo la automotriz y energética) de EE. UU. y
Canadá. Mientras que en lo político busca constituir un marco jurídico favorable para
sus empresas y funcional su política de seguridad hemisférica.
Como se mencionó el artículo pasado, esta es la razón real de la disputa entorno al
Poder Judicial entre el embajador Ken Salazar y la presidencia de México. Pero, la RPJ
no es el único punto de tención entre ambos países. Según el Wilson Center, hay más
reformas del Plan C que resultan “problemáticas” para EE. UU. Se trata de los proyectos
de ley que proponen: reforzar la soberanía energética, la desintegración de órganos
autónomos, la prohibición del maíz transgénico, las restricciones de las concesiones de
agua para la industria, la prohibición del fracking y la prohibición de la minería a cielo
abierto.
En otras palabras, el gobierno estadounidense concibe como riesgo potencial toda
iniciativa que plantea -independientemente de su eficacia y los errores de diseño- que el
estado mexicano ostente un mayor control soberano sobre los recursos naturales y
estratégicos del país. Pues obstaculiza la consolidación del modelo estadounidense de
integración regional, que es parte fundamental de la estrategia de su seguridad nacional
en el ríspido contexto geopolítico actual.
Actualmente, EE. UU. se encuentra en el centro de un escenario multipolar de
conflictos bélicos, diplomáticos y comerciales, entre los que destacan la brutal invasión
israelí a Palestina, la guerra de Ucrania, la guerra arancelaria con China, el conflicto con
Rusia, además de todos los múltiples frentes abiertos en “Medio Oriente”. Ante este
panorama de cuasi guerra total, el estado más poderoso del mundo busca reforzar el
control sobre sus zonas de influencia y disminuir todo riesgo.
En México -que es un espacio de importancia vital- esto se traduce en tratar como
una amenaza potencial todas las política y las leyes que, como las medidas de corte
nacionalista promovidas por López Obrador, dificultan o se oponen al complejo
entramado de intereses estadounidenses.
En esta tensión, donde se colisionan los intereses soberanos de México con las
expectativas de control hemisférico de EE. UU., y que tiene como telón de fondo el
caótico escenario geopolítico mundial, está la quintaesencia del conflicto entre el
embajador Salazar y la administración de Obrador.
