Por Sebastián Olvera
@SebOlve
Hay consenso al decir que Morena arrasó en las elecciones del pasado 02 de junio, en
buena parte, gracias a los millones de votos que le dio la clase trabajadora. Del mismo
modo, no creo que haya alguien que afirme que la victoria se obtuvo debido al voto de
las y los grandes empresarios. Es una cuestión de aritmética y lógica, ¿cierto?
¿Por qué, entonces, los líderes de Morena se niegan a impulsar reformas que
benefician directamente a la clase trabajadora? Más aún, ¿por qué se le permite a una
minoría vetar una reforma constitucional para que las mayorías trabajemos 40 horas y
tengamos dos días de descanso a la semana? ¿Acaso los millones de votos de las obreras
maquiladoras, los jornaleros agrícolas, las trabajadoras domésticas, los trabajadores del
sector restaurantero, y las profesionistas precarizadas valen menos que los votos de los
grandes empresarios y sus familias?
Una encuesta de El País revela que 4 de cada 10 empleadores en México votaron
por Morena, incluyendo tanto a grandes empresarios como a pequeños y medianos
empleadores. En contraste, 6 de cada 10 trabajadores asalariados votaron por Morena.
Aunque estas cifras parecen cercanas, es importante recordar que la clase trabajadora es
mucho más numerosa que la empresarial.
La clase trabajadora es mucho más numerosa que la empresarial. Según el Inegi,
de los 59 millones que componen la población ocupada, 40.4 millones (68.7 %) son
trabajadores asalariados y 3.5 millones (5.9 %) son empleadores.Es decir, la población
asalariada es alrededor de 11 veces más grande que la patronal. Estos números, aunque
no permiten estimar el peso de los votos trabajador y empresarial por Morena, permiten
dar sustento a la afirmación de que la contundente victoria se consiguió, en buena
medida, gracias al voto trabajador.
Al llegar Andrés Manuel al poder, hace seis años, la aspiración de miles era que por
fin se entenderían demandas históricas. Cierto es que se han dado algunos pasos en este
sentido. Se promovió una Reforma Laboral para regular la subcontratación y fomentar
la democracia sindical. Se incrementó el salario mínimo en un 110%. También, se está
buscando una reforma para permitir que las y los trabajadores que ganan menos de
$16,777.68 mensuales accedan a una pensión del 100%.
Sin embargo, todas estas han sido iniciativas perfectibles, para decirlo de forma
amable. Por ejemplo, el mundo sindical sigue en manos de organizaciones corporativas,
charras y pro patronales, que hurtan las cuotas de trabajadores y luchan ferozmente
contra las iniciativas independientes de base. El aumento al salario mínimo ha sido
mermado por impuestos por encima de 20%. Por su parte, la propuesta de nueva
reforma al sistema de pensiones, de concretarse, solo beneficiará a trabajadores
afiliados al IMSS desde 1997 y al ISSSTE en 2007.
Visto el panorama desde esta perspectiva, el gobierno de Morena parece ofrecer
remedos de beneficios a la clase trabajadora, y a veces ni siquiera eso. Una actitud que
contrasta con la buena disposición y apertura que muestra hacia un sector de grandes
empresarios entre los que figuran Carlos Slim, Alfonso Romo y, ahora, Altagracia
Gómez. Para muestra tenemos que tanto AMLO como Sheinbaum se han comprometido
a no realizar una reforma fiscal progresiva a los altos ingresos y la riqueza. Algo que para
varios analistas resulta urgente. Por si quedaran dudas, La Jornada informó esta
semana que durante el sexenio la riqueza conjunta de los cinco empresarios más ricos
de México ha crecido en 226%.
Todo esto contrasta con las actitudes y acciones que Obrador, Sheinbaum y el resto
de los líderes del partido en el Congreso han mostrado respecto a iniciativas que podrían
beneficiar a sectores del pueblo trabajador. En este sentido, El Economista informa que
se han dejado morir propuestas relevantes como la que plantea que el aguinaldo
contemple no 15 sino 30 días de salario o la que proyecta implementar un sistema
nacional que garantice los derechos los cuidados y al tiempo libre de la clase
trabajadora. No obstante, una de las peores decisiones ha sido no impulsar la demanda
histórica para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas.
Desde 1935, la Organización Internacional de Trabajo recomendó a todos los
países tener una jornada laboral de 40 horas. Los datos de la OCDE dan la razón a esta
recomendación. De los 36 países miembros de esa organización internacional, México es
el segundo en el que más se trabaja, el país con los salarios promedio más bajos y el que
peor balance entre trabajo y tiempo libre presenta. Las consecuencias de este modelo de
intensa explotación para las y los trabajadores son el rápido deterioro de la salud,
enfermedades vinculadas al cansancio y desgaste físico, altos niveles de cansancio y
estrés, así como nulo o poco tiempo dedicado a la actividad física, el estudio, el
esparcimiento y la cultura.
Como se puede observar, la demanda no es un capricho, sino una necesidad. De
ahí que el pueblo trabajador haya presionado reiteradamente para que se impulsen. No
obstante, durante los últimos treinta años el empresariado mexicano ha logrado
sabotear la iniciativa más de 15 veces, con la anuencia de los gobiernos priístas y
panistas. Por eso, resulta inverosímil que hoy que se tiene un gobierno que se identifica
como de izquierda la reforma no solo no se impulse, sino que se niegue desde la
presidencia.
Gracias a la campaña #YoPorLas40Horas, varios sectores de la clase trabajadora
lograron que la bancada de Morena presentara la iniciativa en la Cámara de Diputados.
Entre octubre y noviembre de 2023, se llevó a cabo un Parlamento Abierto, donde la
mayoría de expertos concluyeron que la reforma era necesaria. Incluso, representantes
del PRI, el PAN y el PRD expresaron su apoyo o al menos no se opusieron. La iniciativa
fue aprobada y enviada al Senado. Sin embargo, el 5 de diciembre, López Obrador pidió
posponer todo desde la Mañanera, argumentando que no había prisa y que se debía
discutir y escuchar nuevamente a los empresarios.
Pero si las discusiones se dieron y el consenso ya se tenía, ¿por qué el presidente
echó para atrás todo? Al parecer, prefirió hacer caso a los posicionamientos en contra de
los grandes empresarios como Carlos Slim, sus poderosas organizaciones patronales
(Coparmex, Consejo Mexicano de Negocios, Consejo Coordinador Empresarial) y sus
múltiples voceros repartidos en los medios de comunicación. Lo peor es que Sheinbaum
ya declaró que esta reforma no será prioridad en su sexenio.
¿Qué nos dicen todas estas acciones y declaraciones de los líderes políticos de la
4T? Y, más importante aún, ¿qué lecciones podemos sacar? Este caso nos muestra lo
que es el gobierno. Contrariamente a lo que se piensa, el gobierno no es un “árbitro
objetivo” que se alza por encima de las contradicciones sociales para imponer orden y
justicia. El gobierno es un poderoso agente político, que con sus decisiones,
declaraciones, acciones y omisiones toma partido por grupos y clases. Ante los
conflictos, en donde no caben puntos medios, el gobierno necesariamente inclina la
balanza de un lado o del otro. Ahí es donde podemos apreciar con qué intereses se
alinea. Lamentablemente, el gobierno actual en casos como el de las 40 horas -en donde
capital y trabajo se enfrentan abiertamente- ha optado por beneficiar al empresariado.
Estas acciones también muestran los límites del progresismo, incluso del mejor
intencionado. Dice mucho que un gobierno cuyo lema es “Por el bien de todos, primero
los pobres” dialogue y mantenga contacto continuo con los grandes empresarios y sus
organizaciones, pero no tenga una sola línea de diálogo directa y abierta con
organizaciones sociales, barriales, campesinas, así como sindicatos independientes y
democráticos que, aunque son pocos, existen. ¿Por qué quienes dieron la victoria a
Morena no tienen un lugar en la mesa de las decisiones? Cabe recordar que es por esto
por lo que las bases de Morena están impulsando una discusión desde las bases sobre
los métodos y principios del partido. Sobre todo, en lo tocante a la toma discrecional de
decisiones clave.
Mientras el gobierno y la presidenta electa ofrecen todas las garantías posibles a la
clase empresarial, sus integrantes y organizaciones golpean un día sí y el otro también al
mismo gobierno. ¿Se olvida acaso que Claudio X González, quien tanto ha atacado al
gobierno y a Morena, es antes que otra cosa el heredero de un poderoso consorcio
empresarial? Pero este no es el único caso. Actualmente, la Coparmex está promoviendo
una amplia campaña contra la “sobrerrepresentación” de Morena y sus aliados en el
Congreso. ¿Por qué se apoya y se dan garantías a quienes no hacen más que atacar?
Una lección de todo esto para la clase trabajadora es que toda medida que se desee
conseguir para lograr mejoras sustanciales colectivas debe ser sostenida con
organización y movilización. Para lograr esto, es preciso seguir impulsando y
profundizando la organización en centros de trabajo. Ahí donde sea posible, hay que
arrebatar al charrismo los sindicatos y democratizarlos. Ahí donde no sea posible o no
existan, hará falta crear nuevos. Organización, democracia e independencia
seguramente nos darán mejores resultados que solo confiar en un gobierno que a veces
responde y muchas otras no, o en liderazgos “obreros” que impulsan iniciativas solo a
condición de que se les obedezca ciegamente.
El pueblo trabajador haría bien en aprender lo que la Asociación Internacional de
los Trabajadores proclamó hace casi 150 años: la emancipación de los trabajadores
debe ser obra de los trabajadores mismos. Hagamos explícito que por “trabajadores”
comprendemos a todas las mujeres y los hombres asalariados, y veremos que esa
consigna no ha perdido vigencia.
Organización, democracia e independencia son los medios para hacer valer los
votos que se le otorgaron a Morena. Para lograr que la jornada laboral de 40 horas sea
incluida en el Plan C. También, son los medios para que la clase trabajadora logre
hacerse escuchar en otros tantos temas urgentes.
#YoPorLas40Horas
