Por Sebastián Olvera
@SebOlve
El pasado 28 de junio se llevo a cabo una intentona de golpe de estado contra le
gobierno de Luis Arce. Los hechos se producen en el marco de manifestaciones por el
aumento de precios de consumo y una disputa de poder entre el miso Arce y el
expresidente Evo Morales. Una situación compleja que amenaza con erosionar las
conquistas sociales conseguidas durante los últimos tres lustros por los sectores
populares bolivianos.
Pero ¿qué pasa en Bolivia? Para entenderlo, me parece es necesario poner atención en
dos cuestiones:
1) La crisis política con epicentro en el partido oficialista, Movimiento Al Socialismo
(MAS), del que el conflicto Morales-Arce es solo un síntoma
2) La latente recesión económica y sus repercusiones sociales
1. La crisis del MAS
Evo Morales llegó al poder, en 2006, gracias al impulso de diversos movimientos
sociales -Guerra de la Coca (1996), Guerra del Gas (2000), Guerra del Agua (2003), etc.-
que se gestaron en contra las políticas neoliberales impulsadas desde finales del siglo
XX por gobiernos pasados. Durante su gobierno (2006-2019), Morales promovió una
agenda de reformas que le ganaron mucha popularidad. Por mencionar dos
significativas: se promulgó una nueva Constitución, que atendiendo una deuda histórica
reconoce el carácter pluriétnico del país, y decretó la nacionalización de los
hidrocarburos. Además, con las ganancias de la venta del gas nacionalizado, impulsó
una política social de corte asistencialista que, mediante subvenciones y transferencias
monetarias, redujo la tasa de incidencia de pobreza en 11 puntos; algo que no deja de ser
notable.
Sin embargo, el nuevo régimen rápidamente comenzó a llenarse de
contradicciones. La proyección mesiánica de Evo Morales propició la rápida
burocratización del MAS. La lucha por posiciones e intereses personales
paulatinamente suplantaron la organización y las iniciativas desde las bases. Como
consecuencia, la democracia participativa y la crítica se limitaron hasta casi desaparecer,
reduciendo al MAS a un aparato corporativo que activa a su base social solo durante
periodos electorales o ante coyunturas específicas.
Los problemas serios se presentaron en 2016, cuando Morales impulsó un
referéndum para poder presentarse por tercera vez a los comicios presidenciales. La
negativa ganó con 51%, haciendo explicita la necesidad de imprentar cambios dentro del
MAS. Sin embargo, la demanda no fue atendida y, en 2019, Morales apeló al Tribunal
Constitucional para poder ser nuevamente candidato. Esto desató una crisis de
legitimidad, que encontró una firme base social en los sectores descontentos de las
clases medias urbanas antimasistas.
Evo se presentó a las elecciones y, pese a conseguir la victoria con 10 puntos de
ventaja sobre el candidato de la derecha, Carlos Mesa, las manifestaciones que acusaban
fraude se desataron por más de 20 días. Esta situación de inestabilidad política fue
aprovechada por la derecha para asestar un Golpe de Estado, en el que participaron
tanto la burguesía industrial, como la policía y el ejército. El 10 noviembre, ante la
imposibilidad de recuperar el control del país, Morales renunció a la presidencia y diez
días después salió exiliado en una misión diplomática negociada por México.
La renuncia de Morales, sin embargo, no trajo la moderación de los sectores
golpistas. Con el aval del empresariado boliviano, así como los representantes
diplomáticos de Estados Unidos, la OEA y la Unión Europea, la derecha impuso a la
evangélica de extrema derecha Jeanine Áñez como mandataria. Paralelamente, bandas
paramilitares desataron persecuciones en todo el país contra las bases sociales del MAS.
Con exceso de violencia y racismo, jóvenes lumpenes y de clase media, financiados por
actores imperialistas, núcleos sociales reaccionarios y el gobierno, llevaron a cabo
verdaderos pogromos dejando un saldo de decenas de mujeres indígenas agredidas
sexualmente, miles de detenidos, más de 500 heridos y al menos 36 muertos.
Tras meses de inestabilidad y la negativa de Áñez de convocar elecciones,
pretextando la pandemia, la presión popular logró que se llevaran a cabo los comicios en
2020. Luis Arce resultó electo con el 51% de los votos. Aunque esta victoria significó un
repliegue parcial de la derecha, la crisis política continuó.
Evo Morales regreso al país con la intención nada velada de retomar el poder y
continuar justo dónde se había quedado. Es decir, continuar sin sacar ninguna lección
del golpe y los cambios estructurales que hay que hacer a su gobierno y al MAS. Luis
Arce, por otra parte, toleró el brusco arribo de Evo en un inicio, pero apuntaló sus
posiciones de poder en el gobierno y formalizó la delimitación de su propio grupo dentro
del MAS. El conflicto interno estalló abiertamente en 2023, cuando de forma
imprudente Morales anunció que se presentaría a los comicios de 2025, como candidato
único del MAS. Lo anterior cierra a Arce la posibilidad de un segundo periodo, por lo
que su grupo señaló a Morales por quererse perpetuar en el poder.
En este marco fue que Juan José Zúñiga -militar promovido por Arce como
comandante de las Fuerzas Armadas- el pasado 24 de junio declaró que estaba dispuesto
a usar todos los recursos a su disposición para detener a Morales. Al día siguiente, por
presión del mismo Evo, fue cesado de su cargo por Arce y llamado a rendir cuentas en el
palacio de gobierno dos días después.
Zúñiga llegó al encuentro al mando de una unidad armada del ejército. Después de
un par de horas, en las que el máximo acto de violencia fue la embestida con una
tanqueta a la puerta de la Casa Grande del Pueblo, el militar fue encarado por el mismo
Arce y detenido. Durante el altercado, el gobierno recibió muestras de solidaridad de
gobiernos internacionales (incluso de la OEA) y miles de personas que se congregaron
afuera del recinto para mostrar que no permitirán otro episodio como el de 2019.
No obstante, la clama no termina de llegar a Bolivia. Ahora se debate sobre si lo
sucedido fue un “autogolpe” o no. Al ser capturado Zuñiga declaró que la “operación”
fue solicitada por el miso Arce para levantar su popularidad. Morales, por su parte, a
dicho públicamente que soporta la teoría del autogolpe. Arce, por la suya, señaló que
este fue un atentado de la derecha y llamó a Morales a no respaldar a la derecha. Desde
una posición más objetiva, Álvaro García Linera -expresidente en los gobiernos de Evo y
hoy distanciado de este- sostuvo que el intento de golpe fue real y llamó a ambos lideres
a no crispar más los ánimos.
2. La recesión económica
Un dato que no hay que perder de vista es que la reseñada crisis política se está
desarrollando en el marco de convulsiones de la economía boliviana. La política social se
ha basado desde 2006 en las regalías que deja la exportación de gas. Sin embargo,
cuando los precios internacionales comenzaron a caer en 2010, el gobierno no contrajo
su gasto. Decidió, en su lugar, fincar el déficit con deuda, así como con sus reservas de
oro y divisas.
Debido a que el país importa la mayor parte de los productos que se consumen en
su mercado interno, esta política se ha tornado insostenible en el largo plazo. Además, la
recesión se ha intensificado debido a factores externos como las sequías y la volatilidad
de los precios de las materias primas. Por si fuera poco, el FMI proyectó un crecimiento
de 1.6% para este año y la calificadora Moody’s asignó una nota sobre la deuda nacional
Caa1, que indica riesgo sustancial. Todo lo que no ha hecho más que ennegrecido aún
más el panorama.
Las consecuencias sociales son precarias a tal punto que incluso en la capital es
difícil conseguir combustible y cuando se haya se deben hacer largas filas. La falta de
combustible encarece todos los demás precios, golpeando directamente tanto a los
consumidores como los pequeños comerciantes y productores; que son a la vez los
sectores mayoritarios y más frágiles de la economía boliviana. De ahí las tumultuosas
manifestaciones que se han llevado a cabo desde el año pasado, como expresiones
orgánicas de descontento social.
Hoy los niveles de aprobación del gobierno de Arce están apenas por encima del
30%. Curiosamente, Evo Morales parece creer que el desgaste político está restringido a
la figura de Arce y no se extiende al MAS ni a su figura. Incluso, se ha permitido hacer
críticas descarnadas al gobierno, declarando que “estamos [E M] peor que en tiempos
neoliberales, los datos lo demuestran”.
Todo ello al tiempo que utiliza a sus legisladores en el Congreso para bloquear las
concesiones de explotación de litio a empresas chinas y rusas, que podrían dar algo de
oxigeno al país. Lo que, por otra parte, no hace más que mostrar la estrechez de miras
de un evismo cuyo plan parece reducirse a debilitar la gobierno actual para acceder al
poder de nuevo en 2025 y no cambiar ni un apéndice en lo que ha sido desde hace 18
años su ejercicio en el poder.
La tormenta perfecta creada por la crisis política del MAS y la latente recesión
económica pone en vilo a Bolivia. Ante este escenario, todo apunta a que un MAS
dividido no está en condiciones de lograr la victoria electoral en 2025. Incluso, la unidad
del partido para apoyar a Morales como candidato único no asegura una victoria
contundente. Esto es un problema, pues la extrema derecha boliviana es adicta a los
golpes de estado.
El desencanto de las bases sociales del MAS es otro factor a tener en cuenta. Este
es consecuencia, entre otras cosas, del reformismo masista que durante años cercenó
toda iniciativa popular, pretextando que no era tiempo para el “radicalismo”. Coadyuva,
asimismo, la política corporativa y burocrática endémica al MAS que castiga la crítica y
acota la vida democracia del partido, mientras reduce a la militancia a mero capital
político. En adición, errores como la renuncia a la presidencia de Evo y su exilio de
2019, mientras el pueblo era perseguido y violentado, no son fáciles de olvidar.
Por si fuera poco, el imperialismo continua al asecho. Cualquier escenario de
inestabilidad podría ser aprovechado de nuevo por sus agentes para intentar capturar el
poder mediante las urnas o por la fuerza. No hay que olvidar que las estratégicas
reservas de litio bolivianas continúan en la mira de las transnacionales y el Comando
Sur. Además, la burguesía criolla no ve la hora de que se les facilite la llegada de un
“Milei”, un “Bolsonaro” o un “Bukele” para iniciar su restauración.
Ante este complejo panorama, el único factor de contención de la reacción parecen
ser las masas bolivianas y su instinto de lucha. En ellas recae la posibilidad para que el
MAS pueda ganar en 2025. Pero, incluso el “voto útil” para evitar el arribo de la derecha,
parece insuficiente para oponerse en el largo plazo a lo que Carlos Fazio ha calificado de
una guerra híbrida, cuyo principal objetivo es desgastar por todos los medios a
cualquier gobierno que defiende aunque sea el grado más mínimo de soberanía.
Solo un programa combativo y de clase, soportado con la movilización, puede
hacer del MAS un instrumento transitorio útil para que las mayorías bolivianas retomen
y lleven adelante la gran transformación que indicaron en la pasada intersección de los
siglos. La doble crisis boliviana no es más que la penúltima advertencia de que un punto
crítico puede producirse. Esperemos que el pueblo boliviano pueda sortear todos los
obstáculos para salir avante.
En México, mientras tanto, haríamos bien en estudiar el caso boliviano. Aunque
históricamente esta no ha sido tierra fértil para los golpes de estado, ningún lugar se
salva de las tentativas violentas de toma del poder por parte de la reacción. En este
sentido, convendría poner las barbas propias a remojar. Bolivia, además, nos muestra de
forma prístina los límites objetivos de los gobiernos reformistas que, a pesar de ser
progresistas, tienden a reducir sus bases sociales a mero ejercito electoral. Intentemos
aprender y prever.
