Durante los primeros 11 meses de la administración de Américo Villarreal Anaya, la Contraloría Gubernamental del Estado de Tamaulipas abrió o promovió más de mil Procedimientos de Responsabilidad Administrativa por el actuar de los exfuncionarios del gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca.
Así lo informó Norma Angélica Pedraza Melo, contralora gubernamental de Tamaulipas, en entrevista con En Un2x3.
La licenciada en Administración, maestra en Finanzas y doctora en Administración con experiencia en el sector público agregó que en estos mil procedimientos o faltas administrativas pudiera haber más de un exservidor público implicado, aunque el nivel de competencia o responsabilidad es distinta.
La funcionaria aseguró que encontró una dependencia que no estaba activa al 100% en las actividades de evaluación y mejora de la gestión pública, lo que significaba que los órganos internos de control no cumplían totalmente con sus condiciones de vigilancia y de inspección.
Además, los que estaban activos oficialmente recibieron la instrucción de no participar en la validación del ejercicio del recurso, incluso fueron excluidos del Servicio de Administración Tributaria «y nosotros llegamos con esa gran reto de asumir una de las tantas tareas sustantivas de la contraloría gubernamental que es la prevención y fiscalización a través de los órganos internos de control».
«La misma Contraloría no tenía plan de trabajo y de control interno ni plan de trabajo de administración de riesgos, hoy estamos activos: a 11 meses del gobierno del Dr. Américo Villarreal, el 88% de las dependencias cuenta con su estructura orgánica dictaminada y estamos trabajando e impulsando para que tengan su reglamento interior, su estatuto orgánico revisado y actualizado, alineado a la ley orgánica que se publicó el 4 de mayo», dijo Pedraza.
En relación a los hallazgos o las presuntas irregularidades que se encontraron durante el proceso de entrega-recepción -la ley marca 60 días, pero no es un tiempo limitado para dejar de encontrar presuntas faltas-, la contralora de Tamaulipas dijo que se generaron alrededor de 167 hallazgos.
Los titulares de las dependencias y entidades dieron vista a los órganos internos de control o comisarios en las entidades y, a partir de esa información, se abrieron los procedimientos administrativos.
«De los hallazgos que se dieron en el proceso de entrega-recepción se presentaron más de 50 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (…) y hay que esperar, con ellos estamos atendiendo los requerimientos de información o lo que se pueda atender», dijo la contralora.
Además, Pedraza informó que dentro de los retos y desafíos que le heredó la pasada administración se encuentran los más de mil expedientes rezagados «que uno asume porque hay que darle el seguimiento hasta su conclusión».
La contralora explicó que en los procedimientos de presunta responsabilidad administrativa hay un proceso que seguir.
«Es importante que la ciudadanía lo sepa porque a veces se tiene esa idea de que quiere las cosas rápido, la Contraloría no es competencia, es un ente de control interno del Poder Ejecutivo, fiscaliza al Poder Ejecutivo, porque luego llegan quejas de otros poderes y ahí no es atribución de esta institución, los otros poderes tienen sus propios órganos internos de control, la Contraloría no tiene atribuciones para meter a un funcionario a la cárcel».
Aseguró que en lo que va de la administración del gobernador Villarreal se han turnado seis situaciones de falta grave al Tribunal de Justicia Administrativa y, de estos casos, se logró la inhabilitación de tres exfuncionarios en el área de Educación.
Sin embargo, la sentencia que emitió el Tribunal fue por una inhabilitación de tres meses «y nosotros estamos metiendo recursos porque estimamos que debe tener un tiempo mayor la inhabilitación. Hay seis casos turnados al Tribunal de Justicia Administrativa por otra persona que tiene que ver con desvío de recursos, todos esos expedientes nos los han devuelto porque nosotros los observamos como rezagados de falta grave pero aún así considerábamos que debíamos de dar vista al Tribunal».
Pedraza destacó que la dependencia a su cargo busca atender todas las indicaciones se que emiten en las sentencias y dictámenes del Tribunal «y de alguna manera enriquecer los procesos para que no suceda esa situación de que no seamos exitosos en lo que estamos turnando» a las instancias judiciales.
Entre los hallazgos de presuntas irregularidades se encuentran malas prácticas durante las auditorías a los entes en obras públicas, pagos realizados de contratos que no se entregaron, empresas que se contrataron pero cuyos domicilios son terrenos baldíos o casas que no tienen la infraestructura para otorgar el servicio que supuestamente ofrecieron, entre otros.
