Por Guadalupe Correa-Cabrera y Jesus Manuel Acuña Méndez
Con 66 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones y 62 senadores ausentes, este sábado 29 de abril, el pleno del Senado aprobó vía fast-track—y sin cambios—las reformas a la Ley Minera aprobadas de madrugada el pasado 21 de abril en la Cámara de Diputados. Cabe destacar que las reformas aprobadas por los legisladores distan de manera sustancial de la radical propuesta inicial enviada al Congreso de la Unión por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador. La aprobación de madrugada (y según algunos, inesperada) de sólo una pequeña parte de la misma en la Cámara de Diputados generó un extenso debate entre la opinión pública mexicana en los días subsecuentes. Algunos califican de “histórica” la reforma que se aprobó, aunque reconocen el masivo recorte a la propuesta original del Presidente, que deja de lado puntos clave que eliminarían privilegios de las grandes mineras, lo cual fue aparentemente producto del cabildeo de dichas empresas que se beneficiaban ampliamente de la Ley de 1992—aprobada en tiempos de Carlos Salinas de Gortari.
En efecto, mucho se debatió en los días posteriores a la aprobación de la reforma modificada (trasquilada o descafeinada, según varios analistas) en la Cámara de Diputas [y aquí habría que poner mucha atención, sobre todo a los actores que protagonizaron dicho acontecimiento]. Sin embargo, y muy lamentablemente, la reforma final no se nutrió de la discusión por parte de todos lo sectores interesados, o mejor dicho, de un amplio intercambio en el que participaran todas las voces autorizadas o afectadas por la reforma, incluyendo a representantes de la industria (de todos tamaños) y, por su puesto, a las comunidades afectada o dueñas de la tierra en cuestión (sin que hubiera intermediarios extranjeros que pretendieran representarlas).
Lo que pareció y se llegó a denominar como un “madruguete”—que derivó en un texto que dejaba sin dientes a la propuesta radical inicial—parece haber sido producto de un pacto entre las élites (incluyendo a la élite política mexicana y a las principales empresas mineras que operan en el país—mexicanas y extranjeras). En otras palabras, según lo reportado por la prensa y otras fuentes de todo tipo, el madruguete se acordó exclusivamente entre los cabilderos de las grandes mineras y la Secretaría de Gobernación, con la venia del Presidente—quien, según reportan los medios, no únicamente fue informado, sino también consultado sobre las modificaciones que “descafeinaron” su propuesta.
Cámara de Diputados fuertemente “manoseado”—e incluso guiado—por los cabilderos de las grandes empresas mineras (mexicanas y extranjeras), las cuales han lucrado con las concesiones, especulado con las mismas (sin generar gran riqueza para México), explotado a los trabajadores y dañado el medio ambiente sin consecuencias, hubiera quienes celebraran esta reforma considerándola como un avance “histórico”. Lo que más sorprende es la insistencia por parte de quienes se autoproclamaron como voceros de las comunidades afectadas por la reforma de 1992 de aprobar la reforma rasurada a como diera lugar.
Es verdad que, a primera vista—y no obstante la rasurada—parece que se dieron avances interesantes en relación a la Ley que se aprobó en tiempos del “Innombrable,” tales como la eliminación de la minería como una actividad preferente; así como el establecimiento del derecho a la “consulta previa, libre e informada” como mecanismo necesario para obtener el consentimiento de comunidades indígenas y pueblos originarios; la prohibición de la minería en áreas naturales protegidas y en zonas sin disponibilidad de agua, o zonas en las que la actividad minera ponga en riesgo a la población; la división y diferenciación entre los procesos de exploración y explotación, así como una serie de candados para la industria en temas ambientales, entre otras regulaciones.
A simple vista, parece que la reforma es bastante loable, incluso aunque la propuesta inicial de AMLO fue radicalmente transformada. No obstante lo anterior, si uno analiza a profundidad los cambios, en lugar de catalogar como histórico el día de la aprobación final de la reforma, podríamos estar hablando de la celebración de una “victoria pírrica”. Según la Real Academia Española, lo pírrico se refiere a un triunfo o una victoria “obtenidos con más daño del vencedor que del vencido”.
Cabe destacar que quienes presionaron con más fuerza para que la reforma se avalara en el Senado—incluso como la habían aprobado los diputados, que muchos consideraron traidores por ceder ante los designios de las grandes empresas mineras—fueron dos grupos: 1) los actores oficialistas que celebran siempre cualquier iniciativa del Presidente sin la más mínima autocrítica—principalmente los legisladores de Morena, algunos de los cuales ya habían sucumbido al cabildeo de los grandes capitales, y 2) colectivos de organizaciones no gubernamentales (ONGs) que representan a comunidades y grupos minoritarios. Cabe destacar que algunas de estas ONGs extienden sus lazos con la comunidad internacional y con el filantrocapitalismo a través de la recepción de donaciones o recursos para mantenerse operando.
Sobre este último punto, se requiere de un análisis a detalle de las redes o alianzas estratégicas y fuentes de financiamiento de dichas organizaciones. Sin embargo, en la superficie se trata de grupos que representan los intereses y “exigencias de [una gran variedad de] comunidades, pueblos, personas, organizaciones y colectivas de distintos lugares de México que durante años han luchado por la defensa de sus territorios, el respeto a sus derechos y la protección real del medio ambiente” (Fuente: La Jornada de Oriente. https://www.lajornadadeoriente.com.mx/puebla/propuesta-para-ley-minera-hace-posible-el-despojo-de-agua-advierten-pueblos-y-ong/). Esto parece en extremo meritorio e inclusive hasta heroico.
Entre estos colectivos de ONGs [o “colectivas” como suelen llamarlos algunos grupos que se autodenominan como “progresistas”, con toda la carga ideológica y estratégica del término en cuestión] destacan “¡Cambiémosla Yá!”, “Agua para Tod@s” y “CartoCrítica”. Esto colectivos, fuertemente relacionadas entre sí, mantienen asociaciones muy importantes con relevantes organizaciones de la sociedad civil extranjera financiadas por capitales importantes. Entre ellas destacan: Greenpeace, Oxfam, the Nature Conservancy, Center for Biological Diversity, y la fundación Heinrich Böll Stiftung, entre otras.
Sin demeritar de ninguna manera su loable trabajo con las comunidades indígenas, pueblos originales y otros grupos minoritarios, resulta interesante la solidaridad internacional vinculada al filantrocapitalismo. Véase, por ejemplo, el caso de Nature Conservancy, colaboradora de CartoCrítica (https://www.influencewatch.org/non-profit/nature-conservancy/). También destacan los casos de Greenpeace y Oxfam (véase https://www.influencewatch.org/non-profit/greenpeace/ y https://newsroompost.com/opinion/oxfam-has-created-more-controversies-than-milestones-in-social-services/5190163.html). A los que gustan del análisis de redes y cabilderos, podría interesarles hacer un ejercicio para analizar las redes de colaboración de “las colectivas” principales que representaron a sociedad civil en el caso de la Ley Minera y empujaron, con gran ahínco, su aprobación.
Resulta bastante interesante el notable activismo de estos colectivos de ONGs para la aprobación urgente de esta reforma, sin una consulta previa o discusión más a fondo que considerara a todos los interesados—incluyendo a miembros de la industria (y no necesariamente a las grandes mineras, sino a los trabajadores y a las mineras de tamaño mediano y pequeño). La explicación fue que llevaban ellos (los colectivos de activistas) alrededor de tres décadas en la lucha, durante las cuales la Ley salinista se mantuvo inamovible para beneficio de la industria y principalmente para las grandes empresas mineras, incluyendo las canadienses. A simple vista, esto hace sentido.
No obstante lo anterior, además de lo lógico que pareciera ser el apoyo a una reforma progresista de este tipo, existen algunos puntos clave que no se han considerado en la discusión general y que resultan por demás importantes. Estos puntos podrían poner en duda los afanes de la progresía para defender los derechos de las minorías, en contraposición al beneficio de la mayoría de los mexicanos. Cabe entonces destacar: i) el tema de la concentración en la industria minera, y ii) la importancia del carácter preferente de la minería en tiempos de crisis extrema del sistema financiero y monetario internacional. A continuación, se presenta una muy breve explicación del primero de los puntos.
En México hay tres rubros o niveles en la industria minera. El primer nivel, o punta de la pirámide, es el formado por las compañías mineras gigantes, que no son más de una veintena de empresas. Las más grandes de este rubro son las mexicanas, entre las que se destacan las de Grupo México de Germán Larrea, Fresnillo, filial de Industrias Peñoles de la familia Baillères y Minera Frisco de Carlos Slim. Entonces, la participación más fuerte en este sector parece ser de origen mexicano. Existe también un porcentaje importante de capital extranjero en este rubro, destacando el de las empresas canadienses. Cabe señalar que las empresas mineras grandes que más daño ecológico han ocasionado en el país en los últimos tiempos han sido las mexicanas.
El siguiente rubro es el de las compañías mineras medianas (exploradoras), que algunos conocen como “juniors”, y que constituyen la amplia mayoría del total de empresas de este ramo ubicadas en México. Esas empresas generan empleo, exploran o prospectan para determinar futuras inversiones y mapean recursos, entre otras funciones. Ellas generan una derrama económica importante para nuestro país. Asimismo, crean economías paralelas, dado que contratan geólogos, abogados, rentan casas, autos, compran alimentos, etc. Nada de lo anterior compete a las grandes mineras, pues estas últimas ya son dueñas de todos esos servicios y abundante capital humano (en otras palabras, realizan esas actividades in-house).
Finalmente, tenemos a las compañías mineras pequeñas, que constituyen el eslabón más básico de la industria. Hablamos de aquellas que, por ejemplo, descubren oro u otros minerales sin invertir en labores exploración (ni perforaciones, etc.). En estos casos, el “minero rústico”, tras el hallazgo de un mineral, acude a la Secretaría de Economía para lograr asegurar la concesión en ese predio. Estas empresas no cuentan con montos importantes de capital para invertir. En realidad, dependerán de una empresa mediana eventualmente, quien se encargaría de invertir en exploración y, si los hallazgos son suficientemente lucrativos en la mina, ésta podría ser comprada finalmente por una de las grandes empresas del sector.
Con la reforma recientemente aprobada, es posible que el grupo más vulnerable de pequeñas empresas mineras tienda a desaparecer dadas las mayores regulaciones impuestas a todo el sector. El siguiente estrato (el de las mineras de tamaño mediano) también sufriría bastante y las compañías de este segmento podrían perder algunas de sus concesiones, pues les resultaría inviable seguir pagando impuestos por mantenerlas (como lo hacen actualmente) con nuevas cargas burocráticas. De acuerdo a testimonios de algunos miembros de “clusters” mineros a los que entrevistamos, muchas de las concesiones que tienen las empresas mineras medianas y pequeñas no se encuentran actualmente extrayendo minerales. Sin embargo, dichas empresas se mantienen pagando impuestos y continúan pagando rentas a ejidatarios y generando derrama económica.
Derivado de lo anterior, hubiera sido idóneo haber realizado un ejercicio de análisis a priori, o más bien de prospectiva (con escenarios), del proceso de transición en lo que se refiere a las afectaciones potenciales al grupo de compañías mineras más pequeñas y medianas (o “juniors”) por la entrada en vigor de la Ley. Se sabe, a partir del testimonio de algunos grupos mineros de tamaño mediano (miembros de clusters mineros), que el impacto sería severo, pero no hay proyecciones que cuantifiquen el daño potencial considerando el nuevo texto legal.
Lo planteado anteriormente diluiría los logros de la reforma y reduciría al mínimo el “beneficio social” a partir de la entrada en vigor de la Ley. Por su parte, el impacto ambiental de la reforma parece que tampoco fue cuidadosamente cuantificado a priori (o a manera de pronóstico). Lo que sí está más claro es que las recientes reformas a la Ley minera contribuirían a la concentración en la industria minera. Las nuevas regulaciones “ahorcarían” muy posiblemente a los pequeños mineros y los desaparecería, harían mucho daño a las empresas medianas, pero “le haría cosquillas” (como dicen nuestras fuentes) a las mineras gigantes. Por consiguiente, bajo las nuevas “reglas del juego”, las mineras gigantes incrementarían incluso su influencia en el sector minero—en otras palabras, reforzarían su papel de power players—al tiempo que se fortalecería la burocracia en el ramo para hacer efectivas las regulaciones.
Lo anterior refuerza la hipótesis de que en la aprobación de la nueva Ley Minera y en el recorte de madrugada de la propuesta original del Presidente, el gran capital minero—a través de sus cabilderos utilizando “diferentes sombreros”—jugó un papel fundamental. Los cabilderos de las mineras parecen haber ejercido una gran influencia, tanto con la opinión pública mexicana y la sociedad civil en su conjunto, como con los legisladores, quienes parecen no conocer bien la industria. Sorprende entonces bastante la decisión del Senador Napoleón Gómez Urrutia, que por un lado denunció la intervención de “intereses poderosos que cabildearon para modificar la intención inicial del Presidente”, pero al mismo tiempo urgió a sus compañeros legisladores a votar lo más rápido posible esta iniciativa de reforma. ¿Suena contradictorio no?
Para resumir, nuestro planteamiento es que al final se incrementará la concentración en el sector minero y que las empresas gigantes del mismo saldrán aún más beneficiadas. Si esto sucede realmente, en lugar de haberse aprobado una reforma histórica, estaríamos celebrando una victoria pírrica que cae perfectamente en la lógica del neoliberalismo. El que los legisladores de oposición no se presentaran a votar podría considerarse como un símbolo de que la derecha en México no hubiera podido rechazar una propuesta con la que ideológicamente estaban de acuerdo. Esto es especulativo, por supuesto, pero no deja de sorprendernos todo el proceso y el resultado potencial de la reforma misma. Incluso el Diputado panista Santiago Creel votó a favor de ella; según dice fue por error, pero quizás se ajustaba a sus criterios. Por último, los senadores opositores sabían perfectamente que para efectos de aprobación de la serie de reformas a la Ley Minera, su inasistencia era irrelevante.
Sólo el tiempo [y será en el corto y mediano plazos] va a decir si los legisladores de Morena fueron héroes o terminan siendo los villanos en esta historia y en el devenir de la industria minera mexicana. Veremos también si la Ley beneficiará en realidad a “las comunidades” como lo prometieron “las colectivas” o no. Esperemos que la aprobación de las reformas a la Ley Minera en México no haya sido, en lo general, una victoria pírrica.
Algunos ya culpan a los legisladores “traidores” que rasuraron la propuesta inicial, al Secretario de Gobernación y al Presidente de México, quien fue consultado y avaló el “madruguete”. Otros también señalan a la progresía internacional directa o indirectamente vinculada a los grandes capitales que sacrifica a las mayorías con la trampa de la defensa de los derechos de las minorías, que tampoco resultan favorecidas al final, sino todo lo contrario. Todo ello está por verse.
Es importante destacar finalmente un punto que debería abordarse más adelante en otro texto y que parece contraintuitivo a simple vista. Se trata del nuevo carácter no preferente de la actividad minera en el caso de una grave crisis financiera global o una transformación radical del sistema monetario internacional en caso de que se agudicen y se generalicen las ya graves quiebras de bancos y corridas financieras. Ello haría de la reforma una derrota, en lugar de una victoria pírrica. Pero el tiempo lo dirá…
*Jesus Manuel Acuña Méndez es consultor independiente, con especialidad en temas de seguridad y desarrollo social. Actualmente radica en Sonora.
