Por Regino Infante
El secretario de Seguridad Pública de Tamaulipas, Sergio Hernando Chávez García, detalló este miércoles durante su comparecencia ante el pleno del Congreso local las irregularidades encontradas cuando llegó a esa institución.
La administración de Francisco García Cabeza de Vaca heredó una deuda de 142 millones 35 mil pesos: 135 millones 166 mil pesos son por deudas en el pago de alojamientos, mismo que no se realizaron desde junio hasta el 30 de septiembre del 2022; los otros 6 millones 868 mil pesos son para el pago de combustibles.
A la llegada de la nueva administración, la Secretaría de Seguridad contaba con una suficiencia presupuestal de 256 millones de pesos, mismos que ya se encontraban comprometidos, quedando un pasivo de 147 millones de pesos al finalizar 2022.
Con respecto a los elementos que conformaban el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal (GOPES), el secretario detalló que recibió 114 elementos, de los cuales 35 ya solicitaron su baja.
Confirmó que 11 agentes pertenecientes a este grupo están presos en el penal de Ciudad Victoria y uno en el penal de Altamira; además detalló que existen 15 órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía General de la República y 12 órdenes de aprehensión emitidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas contra estos elementos que ya causaron baja.
Los 79 elementos que aún continúan en la Secretaría han aprobado los exámenes de control y confianza.
Durante el Gobierno de Cabeza de Vaca se realizó un pagó de 7 millones para la reparación de 2 helicópteros, mismos que se encontraban fuera de servicio en octubre de 2022.
El funcionario mencionó que recibieron un parque vehicular en condiciones lamentables, con 832 vehículos, de los cuales 437 se encontraban fuera de servicio y 240 esttaban completamente inservibles.
Dentro de la Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas se encontraron pasivos pendientes de aclarar por un monto de 26 millones de pesos.
Otra de las irregularidades encontradas es la de la “Consultoría Internacional de Seguros y Fianzas” por el incumplimiento en el pago de 36,5 millones de pesos, derivado del fallecimiento de 55 elementos durante el cumplimiento de sus deberes.
Chávez García detalló que tras los hechos ocurridos en el municipio de Camargo, Tamaulipas, en enero de 2021 —en donde perdieron la vida 19 migrantes extranjeros— la Comisión de Acreditación para las Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA por sus siglas en inglés) le retiró a la Policía Estatal de Tamaulipas su acreditación el 23 de Julio del 2021.
Además, dictaminó que los procedimientos de los GOPES no se ajustaban a las normas de las mejores prácticas internacionales del actuar policial.
Con respecto al sistema de videovigilancia, dentro del proyecto inicial se contemplaba la instalación de 4 mil 608 cámaras, de las cuales solo se instalaron 4 mil 567.
Actualmente se cuenta con 3 mil 676 cámaras activas en Tamaulipas; unas 891 están fuera de servicio, principalmente en la zona norte del estado debido a que fueron vandalizadas; en el caso de los municipios de Hidalgo y Villagrán no se permitió la instalación de las mismas.
El secretario de Seguridad comentó que identificaron anomalías en la asignación de cargos en 11 delegaciones regionales, en los cuales se detectaron ocho titulares carentes de la jerarquía y experiencia para el ejercicio del mando y en 30 de las 43 coordinaciones municipales se padecía la misma situación.
