En el último año de gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca, Tamaulipas ocupó el quinto lugar a nivel nacional en agresiones a periodistas, según el informe «Voces contra la indeferencia» de Artículo 19.
Se trata de un reporte anual sobre violencia contra la prensa, libertad de expresión, acceso a la información y respeto de derechos humanos en México.
El documento revela la endeble condición de la libertad de expresión.
La entidad federativa con el mayor número de agresiones contra la prensa en 2022 fue la Ciudad de México, con 139.
Le siguen Yucatán (50); Quintana Roo (45); Veracruz (40); y Tamaulipas, con 39 agresiones.
El caso más grave de agresiones contra periodistas en Tamaulipas durante 2022 fue el asesinato de Antonio de la Cruz, reportero del diario El Expreso de Ciudad Victoria.
De la Cruz fue asesinado el 29 de junio de 2022 cuando salía de su domicilio en la capital tamaulipeca; iba acompañado de su hija, quien también falleció.
Artículo 19 detalla que el periodista tenía una postura «abiertamente impugnadora de personas con proyección y cargos públicos.
Hasta este jueves no ha habido avances en las investigaciones por el doble asesinato en contra de la familia De la Cruz.
¿Quiénes son los agresores?
Según Artículo 19, los agentes del Estado (funcionarios públicos) son los principales agresores contra la prensa.
De los 696 casos documentados, 296 (42.53%) fueron cometidos por ellos, es decir, cuatro de cada diez.
El clima de hostilidad y latente impunidad genera condiciones de permisividad para que otros actores agredan a la prensa.
Por ello, después de funcionarios públicos, son personas sin identificar y particulares quienes violentan con mayor frecuencia a periodistas y medios de comunicación, con 164 y 118 ataques, respectivamente.
Además, Artículo 19 refiere que en 2022, estados como Sonora, Baja California, Sinaloa y Tamaulipas tuvieron territorios que estaban totalmente controlados por grupos criminales.
El presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos (que participó en el informe) refirió que el crimen organizado absorbió mayoritariamente el territorio en Tamaulipas durante 2022, convirtiendo al estado en una más de las zonas de silencio en las que organizaciones de la sociedad civil y periodistas «poco a poco apagan su voz por temor a ser asesinados o desaparecidos».
¿Qué hacer ante la violencia contra periodistas?
La organización no gubernamental propone una serie de medidas para que el Estado asuma su responsabilidad de proteger a periodistas y defensores de derechos humanos.
Estas incluyen impulsar, a través convenios de colaboración con las autoridades estatales, mesas de trabajo con participación de la sociedad civil para generar acciones coordinadas con las autoridades locales.
Esto con el fin de prevenir las agresiones contra la labor periodística.
También sugieren dotar a las y los periodistas del equipo de protección necesario para su labor y asegurar la implementación de medidas preventivas.
De igual manera, que los dueños de los medios de comunicación y cualquier autoridad de los tres niveles de gobierno generen las condiciones idóneas para que los periodistas cuenten con equipos de protección, así como acceso a seguridad social que incluya garantías para sus equipos de trabajo.
