En Estados Unidos queda emplazada a conveniencia una pieza de artillería declarativa pesada, luego de que la fiscalía de ese país ha anunciado que no solicitará pena de muerte contra Ismael Zambada, El Mayo, cuyo largo historial como codirector ejecutivo del cártel de Sinaloa le permitió establecer relaciones, pagar protecciones e influir en procesos políticos durante décadas, con priístas, panistas y morenistas, en circunstancias y rangos que muy probablemente habrá de precisar en venideras diligencias judiciales.
Además de Zambada, nunca antes detenido, discreto en contraste con su mediático socio conocido como El Chapo, la fiscalía vecina anunció que tampoco pedirá la ejecución de Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes. Éstos fueron entregados a Estados Unidos (expulsados de México) con alegatos deplorables de parte de la fiscalía a cargo de Alejandro Gertz, sin ser sometidos a un proceso de extradición. El Mayo, a su vez, fue llevado o se entregó a autoridades estadunidenses, sin los beneficios de una extradición que no permite al país receptor imponer penas que no estén contempladas en la normatividad del que extradita.
Con esas piezas, más los Chapitos ya disponibles, la administración Trump y sus ansiosas agencias podrán armar los libretos que deseen y presionar, aún más, al gobierno claudista y al antecesor obradorista. Los opositores a la autodenominada 4T atizan la hoguera, esperanzados en que de Washington lleguen drones electorales que les refaccionen y reanimen, auténticos miramontes y mejías impulsores de intervencionismo extranjero.
Por lo pronto, la presidenta Sheinbaum confía en la pronta firma de un acuerdo de seguridad con Estados Unidos que busca preservar la soberanía de México, aunque en este tipo de pactos lo trascendente suele no informarse y los detalles suelen hacer caso omiso de las buenas intenciones escritas en tipografía grande.
La impunidad es una de las graves consecuencias de los pagos con cargos públicos a gobernadores formalmente adversos a la 4T que cedieron la plaza a Morena (o hicieron poco para que tuviera competencia genuina). Esos pactos se han reflejado en embajadas, consulados, senadurías y, al igual que con salientes gobernadores guindas, en cargos gubernamentales, todo lo cual, en esencia, significa la sustracción de esos políticos a la natural y muy necesaria revisión crítica, e incluso judicial, de sus hechuras desde el poder. ¿Cómo iniciar o continuar procesos contra esos personajes protegidos por el mismo manto de la presunta regeneración nacional, compañeros de camino?
Ayer se dio escandalosa continuidad a uno de esos casos: la ex gobernadora priísta Claudia Pavlovich ha sido propuesta por la presidenta Sheinbaum para ser embajadora en Panamá, lo cual deberá ser aprobado o rechazado por las instancias legislativas correspondientes, en las que Morena tiene suficiente mayoría para sacar adelante tal designación.
En enero de 2022, el entonces presidente López Obrador designó a Pavlovich cónsul en Barcelona, plaza diplomática que debería tener mayores consideraciones de parte de los gobiernos mexicanos, pero que fue rebajada técnicamente a consulado de carrera y no general, para que postulaciones polémicas o inaceptables, como la del turbio ex gobernador de Veracruz Fidel Herrera Beltrán (difunto), o de la impugnada sonorense Pavlovich, pasaran sin necesidad de aprobación senatorial.
Ahora, la presidenta Sheinbaum eleva el premio y encamina a Panamá a la ex mandataria señalada como encubridora de las copropietarias de la Guardería ABC, de Hermosillo, donde murieron 49 niños. Pavlovich era diputada local y extendió cartas que ahorita constan y obran en el expediente penal, donde avalaba la solvencia moral de los dueños de la guardería, entre ellos la prima de la entonces primera dama; la prima se llama Marcia Matilde Gómez del Campo, que era también socia de la guardería (https://goo.su/t5YxZ77). ¡Hasta mañana!
Facebook: Julio Astillero
