No es inusual que en ciertas marchas o manifestaciones públicas de protesta social participen grupos, genérica e impropiamente llamados anarquistas, que arremeten contra inmobiliario público y privado y, con destrucción y otras formas de violencia, ganan la atención mediática por encima de las causas y razones que llevaron a la protesta original.
En el caso de la movilización contra la gentrificación, realizada principalmente en calles de las colonias Roma y Condesa, ha sucedido que la discusión pública ha sido inclinada hacia las expresiones violentas circunstanciales y no a la violencia estructural e institucional que subyace en el tema. Es decir, en el incumplimiento de los gobiernos de siempre respecto al derecho a la vivienda y, en particular, en cuanto al hartazgo e ira de las personas que deben gastar diariamente horas en traslados fatigosos y peligrosos para cumplir con jornadas de trabajo cuyos emolumentos sólo les alcanzan para vivir en las periferias, desplazados por una realidad salarial y económica que resulta terriblemente injusta, socialmente subversora, incitadora de radicalismos.
Hay otra arista de necesaria reflexión. El rechazo a las oleadas de extranjeros asentados en colonias capitalinas como las mencionadas (pero no sólo en ellas) y, sobre todo, la convocatoria a acciones directas contra estadunidenses, tienen un coyuntural impacto en las tensas relaciones de nuestro país con el vecino, cuyo actual gobierno está a la caza de oportunidades de potenciar conflictos con México para así presionar en las diversas negociaciones en curso que, de por sí, no son nada tersas ni ligeras.
En otro tema: el 19 de marzo de 2025 fueron colocadas en Youtube las cuatro partes del documental denominado Texcoco: la decisión del presidente (https://goo.su/K6xzv), elaborado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, que fue fundado en 2005 por la heredera del banquero emblemático, fundador y director de Bancomer, que sufrió la nacionalización bancaria (expropiación es el término usado por los afectados) dictada de manera estrambótica por el entonces presidente José López Portillo.
En ese análisis de lo sucedido con el proyecto aeronáutico de Texcoco, cancelado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, aparece Enrique Peña Nieto, su promotor original, quien plantea que a la fecha no hay constancia, prueba ni evidencia de actos de corrupción en torno al aeropuerto de la discordia, y que nunca ha entendido por qué se suspendió.
A tal aparición del hasta entonces cuasidesaparecido político priísta, muy bien tratado discursivamente en el segundo tramo de las mañaneras obradoristas y con algunos de sus compinches insertos en el complaciente aparato transexenal de poder guinda, ha sobrevenido un reportaje en un medio israelí que asegura que el mexiquense del copete distintivo recibió 25 millones de dólares para aprobar la compra del sistema de espionaje denominado Pegasus.
Como es natural, Peña Nieto ha negado lo que apunta la publicación mencionada. Lo cierto es que los señalamientos de corrupción contra el ex ocupante de Los Pinos han vuelto a aparecer, como sucedió durante el primer tramo de la administración obradorista, cuando se solía hablar del desastre y la corrupción heredadas de la etapa del mexiquense al mando.
Sin embargo, parece poco probable que se intente alguna acción penal, no sólo por el blindaje constitucional para quienes han ocupado el máximo cargo público nacional o simplemente por la prescripción de la responsabilidad por los presuntos delitos sino, sobre todo, porque el peñismo ha sido adoptado y adaptado a la nada quisquillosa maquinaria pragmática marca 4T.
Y, mientras el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos trolea: “Si se encuentra ilegalmente en Estados Unidos y desea unirse a la próxima protesta en la Ciudad de México, utilice la aplicación CBP Home para facilitar su salida”, ¡hasta mañana!
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