El general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, precisó ayer en la mañanera que en su momento no se informó al entonces presidente López Obrador de las menciones y referencias que se tenían de la vinculación con el crimen organizado que mantenía quien fue secretario sexenal de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez, contra el que ahora hay orden de aprehensión.
Trevilla Trejo batalló para justificar la abstinencia informativa hacia el máximo escalón del poder nacional: “El proceso de… el ciclo de la información, cómo se obtiene todo esto, son muchas fuentes, es información bruta; hay muchas fuentes, desde recortes de periódicos, desde información que llegan a dar algunas gentes de que se llega a detener, los famosos halcones, etcétera. Pero es información bruta que hasta que lleva todo un proceso mucho muy detallado de análisis, hasta entonces es cuando se puede compartir”. ¿Informó, pues, al Presidente o al entonces gobernador?, insistió la reportera Dalila Escobar, de Proceso. «No se puede informar algo que no está comprobado, que no está sujeto a un análisis serio, formal», respondió Trevilla (https://goo.su/AmQdlBn).
De ser cierto el proceso que mencionó el secretario de la Defensa Nacional, resultaría que los presidentes de la República sólo podrían ser informados de aquello que los filtros militares así decidieran. Si a juicio de los altos mandos castrenses un conjunto de informaciones, indicios, datos y circunstancias relevantes no han adquirido un sólido rango de veracidad, obviamente determinado subjetivamente por la jerarquía castrense, no habrían de «compartirse» con quien ocupe la titularidad del Poder Ejecutivo Federal (en el histórico caso de los 43 normalistas desaparecidos ¿habrá información relevante que, a juicio de los generales, no está suficientemente confirmada y, por ello, no «comparten» con el poder civil?).
Las labores de inteligencia ejercidas por los órganos oficiales del Estado mexicano estarían así predestinadas a servir de poco en cuanto al proceso superior de toma de decisiones en materia de seguridad nacional y en tópicos de similar envergadura que corresponden al más alto nivel del poder político mexicano, la persona civil a cargo de la Presidencia de la República. Esa información, recopilada y analizada por las instancias militares y civiles, no busca constituir prueba judicial ni confirmación de ninguna otra instancia; por tanto, debe ser entregada a sus destinatarios legítimos, en este caso la Presidencia de la República, para que se le dé el uso legítimo que se considere adecuado.
En la especie, la Defensa Nacional tuvo decenas de constancias de datos e indicios que apuntaban a la vinculación criminal del jefe policiaco nombrado por Adán Augusto López Hernández en Tabasco; de ello ha quedado constancia en los archivos hackeados a la Defensa por un grupo de activistas cibernéticos ( hacktivistas) que se denominan Guacamaya, quienes han intervenido cuentas de empresas mineras (Guatemala) y, especialmente, de fuerzas armadas de Chile, Perú y México.
Llama la atención que luego del hackeo a archivos militares realizado en 2022, Guacamaya no ha vuelto a realizar otra actividad relevante y no ha tomado medidas, por ejemplo, para evitar que una cuenta (@guacamayanleaks, verificada en X) se haga pasar como «oficial» de ese movimiento de hacktivistas (cuando se ha establecido que no tienen cuentas oficiales en redes) con un claro posicionamiento político contra la llamada Cuarta Transformación y la constante utilización de un lenguaje insultante y «noticias» adulteradas o abiertamente falsas.
Por lo pronto, lo único concreto es que son ciertas las previas evidencias documentales de la vinculación con el crimen organizado del policía Bermúdez, que ahora afectan a quien lo designó y sostuvo, el senador Adán Augusto López Hernández, y que, por no haber sido «validadas», no sirvieron para impedir lo ahora tan exhibido. ¡Hasta mañana!
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