Lo Oscuro. Largo y tortuoso ha sido el camino de la impartición de justicia en nuestro país. El antiguo testamento señalaba en sus versículos “Ojo por ojo, diente por diente” lo que daba pie a interpretaciones erróneas de justicia vengadora.
No existe un marco jurídico que la sociedad en general considere sea el adecuado, derivado de los altos índices de inseguridad que imperan desde hace ya varias décadas en el territorio nacional.
La pena de muerte ha sido una institución jurídica en México desde la época colonial, evolucionando a lo largo de los siglos y experimentando notables cambios en su aplicación y legitimidad.
Desde la colonización española en el siglo XVI, la pena capital fue parte del marco legal, pero su uso se intensificó en el siglo XX.
Con la Revolución Mexicana se estableció un nuevo orden constitucional que incluyó la sentencia letal para ciertos delitos graves. En el Código Penal de 1931 se definieron claramente los crímenes que merecían esta sanción, como homicidio, traición y sabotaje.
Un caso emblemático ocurrió en 1942, cuando José de León Toral fue condenado a fusilamiento por el asesinato del presidente Álvaro Obregón. Su ejecución fue notable no solo por su carácter político, también por el contexto de la época, donde la violencia política era común. Esto suscitó un intenso debate en la sociedad sobre el uso de la pena capital para delitos políticos.
A lo largo del siglo XX la sentencia máxima fue utilizada en diversas ocasiones. En 1959, Santiago Mariño -conocido como «El Chacal de Nahueltoro»-, fue ejecutado luego de ser condenado por asesinar a varias mujeres. Su juicio evidenció las preocupaciones sobre la seguridad pública y la protección de la ciudadanía frente a delitos atroces.
La última ejecución en México se llevó a efecto en 1961, cuando tres hombres fueron pasados a las armas por el asesinato de un policía. Marcó el final de una era en la que la pena letal era una opción legislativa que reflejaba una respuesta a la creciente violencia y criminalidad.
La abolición de esa sanción se formalizó en 1976, aunque para ese entonces ya había sido eliminada en la legislación civil en 1961.
La creciente atención mundial hacia los derechos humanos -especialmente después de la Segunda Guerra Mundial- impulsó movimientos para prohibir la pena capital. En 1948, la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la ONU resaltó el derecho a la vida.
En la década de 1960, México se alinea con otras naciones que habían abolido la citada pena. En 1976, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada para eliminar cualquier referencia a la pena capital.
A pesar de la abolición de esta sentencia, el país ha enfrentado desafíos significativos en la administración de justicia. La falta de confianza en el sistema judicial continúa impulsando reformas orientadas a mejorar el acceso a la justicia y la protección de los derechos de los acusados.
La discusión sobre la pena capital resurge en el contexto de la creciente criminalidad. Parte de la población argumenta que la ausencia de castigos severos contribuye a la impunidad. Sin embargo, la mayoría de los estudios sugieren que la sentencia condenatoria no es un disuasivo eficaz para el crimen.
La abolición ha fomentado un intenso debate público sobre la naturaleza de la justicia penal en México, la eficacia de las penas y las alternativas que podrían considerarse, como la cadena perpetua.
Desde la abolición México ha experimentado un aumento significativo en los índices de criminalidad. El Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó que, en 2005, el país contaba con una tasa de 7.5 homicidios por cada 100,000 habitantes; mientras que en 2022 esta cifra alcanzó los 29.7 homicidios por cada 100,000 habitantes, evidenciando un incremento alarmante.
Este aumento en la criminalidad se exacerba por factores externos como la pobreza, la inseguridad y las fuerzas violentas. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la tasa de pobreza en 2020 fue del 43.9%, lo que contribuye a la proliferación de conductas delictivas.
La abolición de la pena capital en México en el siglo XX representa un avance hacia el respeto por los derechos humanos, además plantea preguntas cruciales sobre el futuro de la justicia en un país que enfrenta desafíos significativos en términos de seguridad a sus gobernados.
Colofón: Propuestas tímidas surgen en voz de los que aspiran a dirigir las riendas gubernativas. “Castración química a los violadores” sugirió sin mucho encono un partido en la CDMX algunos años atrás. “Les corto las manos” señalaba con sorna un bravucón que se espantaba al primer aire. Y entre abrazos y tiros, deberá encontrarse un justo medio que dignifique la justicia sin tener que requerir evocar al antiguo testamento.
