Por Sebastián Olvera
@SebOlve
El 14 de agosto, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la
Secretaría de Hacienda, dio a conocer información relevante sobre las redes de
financiamiento de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Gómez
informó que, entre 2016 y 2023, esta asociación civil recibió financiamiento extranjero y
nacional por 502 millones de pesos. Los “donatarios” nacionales, entre los que se
encuentran emporios empresariales y fundaciones como Grupo Modelo, Grupo México
o Fundación Kaluz, aportaron $299 millones. Por su parte, la agencia para el desarrollo
internacional del gobierno estadounidense, USAID, aportó 96 millones.
Según los datos ofrecidos por la UIF, en promedio MCCI recibió anualmente 62
millones. Una cifra nada despreciable para una asociación civil que es operada por solo
por 38 personas (según su propio sitio web) y cuyas ocupaciones son la “investigación
aplicada”, el “litigio estratégico” y el “periodismo”. En comparación, por ejemplo, el
Hospital de la Madre y el Niño Indígena (en Montaña de Guerrero), que con su equipo
de más de un centenar de empleados de la salud atiende anualmente a decenas de
mujeres embarazadas de alto riesgo y recién nacidos, cuenta con un presupuesto de 73
millones para el año 2024. Es decir, MCCI ha llegado a ejercer más presupuesto que un
hospital público que atiende casos de riesgo.
Sorprenden, también, algunos rubros de los egresos de la A C. Por ejemplo, a sus
dos fundadores Carlos X González y María Amparo Casar, en un lapso de siete años, les
hicieron transferencias por 11.8 y 26.5 millones de pesos, respectivamente. Sorprenden
porque esas cifras echan por suelo la idea de una asociación sin fines de lucro, dedicada
a promover la democracia y la transparencia en México.
Uno de los temas que ha llamado la atención sobre este caso es el financiamiento
que Mexicanos Contra la Corrupción recibe de parte de la agencia gubernamental
estadounidense USAID. El caso ha servido para poner atención sobre un área de la vida
pública del país que no está regulada. ¿Qué es la USAID?, ¿puede considerarse este
financiamiento injerencismo?, ¿la “ayuda internacional” es adecuada o no? Estas son las
preguntas a las que daré respuesta.
Primero, es necesario aclarar que lo que conocemos como “ayuda” o
financiamiento internacional es una práctica denominada cooperación internacional
para el desarrollo (CID). La CID parte del paradigma -afortunadamente cada vez más
superado- de que en el mundo hay dos tipos de países: los “desarrollados” y los que
están “en vías de desarrollo”. De modo que los primeros deben “ayudar” a los segundos
a “desarrollarse”. La manera de hacer esto es a través de asesorías técnicas y programas
de financiamiento a gobiernos y actores de los países “en vías de desarrollo”. Es decir,
actores internacionales tienen que cooperar para promover el desarrollo.
Esta idea, sin embargo, se basa en una filosofía de la historia errada porque el
"desarrollo" se equipara a las características de las sociedades industrializadas de
América del Norte y Europa Occidental y se dice a todos los demás países que esos son
sus modelos a seguir. Dichas sociedades se consideran “desarrolladas” debido al buen
desempeño que tienen en indicadores como la calidad de vida, los ingresos y el acceso a
la salud. Lo que no se dice es que esto no es únicamente el producto de factores como el
progreso del pensamiento, los avances científicos y las aplicaciones tecnológicas, sino
también de la explotación interna de hombres y mujeres (nacionales y migrantes), así
como de la colonización y el saqueo de otros países por parte de sus élites dominantes
durante siglos.
Con esta visión del mundo transfigurada, entonces, se divide el mundo en dos tipos
de países y se justifica la ayuda de los desarrollados a los que no lo son mediante la CID.
Y actores como USAID operan bajo este paradigma.
Ahora bien, la USAID es una agencia estadounidense creada en 1961 por la
administración Kennedy. El objetivo fue constituir una agencia de acción en el
extranjero que les permitiera intervenir, por medio de un poder “blando” (no bélico), en
los países “en vías de desarrollo”, para prevenir iniciativas “comunistas” o en contra de
sus intereses y el de sus empresas. Es necesario mencionar, que la idea de “poder suave”
adquirió relevancia luego la fallida invasión militar a Bahía de Cochinos (Cuba),
organizada por el Departamento de Defensa y la CIA para acabar con la Revolución
Cubana. Un atentado que el pueblo revolucionario cubano frustró en menos de 68
horas.
El nuevo orden mundial de postguerra requería de estrategias más sofisticadas
para que las potencias pudieran asegurar sus intereses en el extranjero. Estas estrategias
no podrían estar basadas únicamente en el uso de la fuerza o la amenaza bélica (poder
“duro”), sino que deberían estar complementadas por tácticas que hacen uso de recursos
diplomáticos, educativos, informativos, etc. En este sentido, la función de la USAID es
ganar influencia en las zonas geopolíticas de interés, mediante la “ayuda” internacional
y la promoción de la “democracia, sirviendo de apoyo a las doctrinas militar y de
seguridad nacional estadounidenses.
A lo largo de su historia, USAID ha estado vinculada a procesos de
desestabilización e injerencismo en todo el mundo, pero particularmente en América
Latina. En 2019, la directora de la agencia por ese entonces Samantha Powers reconocío
a Guaidó cuando esté se autoproclamó presiente de Venezuela, después de un intento
fallido de golpe de estado. Entre 2009 y 2012, USAID financió en Cuba un proyecto
llamado ZunZuneo, esta era una plataforma de mensajería instantánea con la que se
planeaban comenzar a filtrar mensajes de fomentar la disidencia y eventualmente
movilizar protestas contra el gobierno cubano. En 2009, cuándo el partido de izquierda
FMLN llegó al poder en El Salvador e intentó pacificar el país mediante una estrategia
de atención a las causas de la violencia, USAID se alió con los consorcios empresariales
y líderes políticos del partido opositor ARENA para duplicar programas sociales
gubernamentales y realizar investigaciones periodísticas en contra de funcionarios y así
generar desestabilización.
Esto y otros antecedentes dejan claro que el papel de USAID no es únicamente la
promoción de democracia y el desarrollo, sino que también busca incidir en los asuntos
internos de los países a los que llega.
Por todo lo anterior, no deja de levantar sospechas el hecho de que la oficina de
USAID en México haya comenzado a otorgar recursos millonarios a MCCI, tan solo un
mes después de que Andrés Manuel López Obrador ganó las elecciones de 2018. Más
aún, el financiamiento continuó aún cuando se dio a conocer que Claudio X González,
por entonces director de MCCI, organizó reuniones con líderes empresariales y los
principales líderes de la oposición en México para construir la iniciativa Va Por México,
una coalición para ganar la mayoría en el Congreso de la Unión y destituir al presidente
por medio de la revocación de mandato. Cierto es que un mes después de esa reunión
Claudio X González presentó su dimisión de MCCI, pero quién lo sustituyó no fue un
perfil neutral si no otra opositora abierta al gobierno de AMLO: María Amparo Casar.
No es creíble que en la Embajada y la agencia estadounidenses no contaran con la
información de que estaban fondeando a una asociación civil liderada por opositores
abiertos al gobierno. Tampoco es creíble que en USAID desconozca que, si bien MCCI ha
realizado y colaborado en investigaciones que prueban actos de corrupción en otros
gobiernos, ha sido mucho más insistente en hacer lo propio con el actual gobierno.
Para decirlo con claridad: el problema no es que se investiguen casos de corrupción
vinculados al gobierno de AMLO, el escudriño de cualquier gobierno es necesario. Lo
que es de señalarse es que hasta ahora Mexicanos Contra la Corrupción ha probado
muy poco y no tiene ningún caso contundente. Por el contrario, ha caído en el
amarillismo, la tergiversación de información y la presentación de acusaciones sin
pruebas. Es decir, se ha comportado no solo como una asociación que realiza
investigación y periodismo críticos al poder, sino como una organización opositora a
Morena y el poder presidencial. Esto justifica la sospecha de injerencia en asuntos
internos y apoyo a la oposición por parte de la oficina de USAID.
¿Qué hacer con este tipo financiamiento extranjero bajo el rubro de cooperación
para el desarrollo? ¿Toda “ayuda” de este tipo es injerencismo? Una primera cosa para
entender es que la CID proviene de al menos tres fuentes: organismos internacionales,
como la ONU, fundaciones y organizaciones extranjeras privadas, como AI y OXFAM, y
gobiernos extranjeros, como es el caso de USAID. Los programas, asesorías y
financiamientos con los que trabajan no son en sí mismo buenos o malos. Así como hay
iniciativas que buscan incidir en la vida política y pueden ser proclives a generar
desestabilización, existen otras que, en asociación con actores locales y sus poblaciones
objetivo, trabajan en áreas históricamente desatendidas por el estado mexicano.
Esta realidad ambivalente es algo que hay que asumir y entender. Muchos centros
defensores de derechos humanos, por ejemplo, no podrían realizar su necesario trabajo
sin los fondos que les proveen fundaciones extranjeras. Al mismo tiempo, esta realidad
no puede llevarnos a justificar de ninguna manera el injerencismo extranjero que se
esconde tras los ropajes de la CID. La cuestión es que para saber si este tipo de
iniciativas apoyan al desarrollo sostenible del país o son estrategias de injerencismo, hay
que rastrearlas, analizarlas y evaluarlas.
Sin embargo, en México no existe nadie que esté haciendo todo ese trabajo. Para
empezar, no existe un padrón completo las fondeadoras internacionales en el país y los
proyectos que están apoyando o desarrollando. Tampoco, existe un marco legal
especializado que regule los financiamientos y su ejercicio, así como los proyectos que se
llevan a cabo con dichos recursos. No existen, además, instituciones específicas que se
encarguen de auditar tanto a las organizaciones donadoras como a las donatarias,
regular los accesos a recursos, analizar las iniciativas planteadas o evaluar los proyectos.
Rastrear, registrar, regular, analizar y transparentar las actividades de donantes
extranjeros y donatarias son tareas que sobrepasan toda actividad académica,
periodística o cívica. Por necesidad, establecer el marco legal de operación de las
fondeadoras extranjeras y habilitar el andamiaje institucional que apliquen esas
regulaciones son tareas que debe asumir el gobierno de México. Esto, necesariamente,
pasa por superar la visión de CID desarrollista y dejar de ver a México solo como un país
en vías de desarrollo agradecido de recibir cualquier “ayuda”.
Esta visión se plasma claramente en las pocas leyes e instituciones actuales. La Ley
de Cooperación Internacional para el Desarrollo únicamente pone un marco
regulatorio para las partes del estado mexicano que realizan actividades vinculadas con
esta área, además de definir las labores y funcionamiento de la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXID). Dicha agencia se encarga de
ofrecer y recibir cooperación para el desarrollo, pero solo a nivel gobierno. Sobre todo,
la AMEXID se dedica a las áreas de la diplomacia cultural y académica. En la citada Ley
y los documentos disponibles nada se dice sobre la regulación de las actividades de
fondeadoras extranjeras en el país.
En EE. UU, existe todo un marco legal y un denso andamiaje institucional que
regulan escrupulosamente toda acción extranjera en su territorio, sobre todo bajo el
rubro de la cooperación internacional para el desarrollo. De modo que sería casi
imposible, por ejemplo, ver a nuestra Agencia Mexicana de Cooperación Internacional
para el Desarrollo financiando a organizaciones que intentan desestabilizar el sistema
político estadounidense.
El gobierno, tanto el saliente de AMLO, como el entrante de Sheinbaum, así como
sus respectivos equipos a cargo de la Cancillería, harían bien en poner manos a la obra
en este asunto. Esperar a que esos poderes se regulen solos únicamente con menciones
en conferencias de prensa, notas diplomáticas que nunca son respondidas, así como las
críticas que emergen desde el periodismo y la academia es francamente un sinsentido.
