Cerca de 300 integrantes del Decimonoveno Circuito del Poder Judicial de la Federación con sede en Ciudad Victoria, protestaron por el boulevard Praxedis Balboa hasta llegar a el Congreso del Estado de Tamaulipas contra la Reforma al Poder Judicial.
«Esta marcha es para que la población vea que aquí estamos nosotros y estamos dispuestos a proteger nuestros derechos», dijo Juan David Márquez López, secretario del Juzgado Décimo de Distrito.
Mencionó que el Decimonoveno Circuito se unirá al paro de laborales convocado a nivel nacional, sin embargo, los asuntos de carácter urgente como asuntos médicos y amparos contra órdenes de aprehensión serán atendidos.
Esto pese a que explicó que cada juzgado tiene unos 2 mil 800 expedientes por año y que hay sobrecarga de trabajo por ser Ciudad Victoria la sede principal en el estado.
Al llegar a las puertas del Congreso local, ingresó una comisión de 15 personas que fueron recibidas por la presidenta de la Junta de Gobierno, Úrsula Patricia Salazar Mojica y el presidente de la Diputación Permanente, Humberto Armando Prieto Herrera.
Márquez López dijo que el Congreso es la instancia a la que se podían acercar para dialogar sobre la Reforma al Poder Judicial, ya que, después de pasar por la Cámara Baja y la Cámara Alta, la reforma se discute en los congresos estatales.
«Esto es por el pueblo México, la votación popular en nada ayuda a la problemática que enfrenta el Poder Judicial, queremos ser escuchados con la finalidad de que pueda entender el legislador que una reforma debe construir, no destruir lo que ha costado tanto al Estado Mexicano», dijo.
El paro de laborales de integrantes del Poder Judicial inició desde el pasado 19 de agosto y de manera indefinida. Hasta ahora, la sede en Ciudad Victoria es la única en Tamaulipas que se une al paro nacional.
Al finalizar la reunión de diálogo, el magistrado coordinador de los Magistrados en Ciudad Victoria, Octavio García Ramos dijo que los legisladores se comprometieron a revisar con cuidado y a conciencia la Reforma del Poder Judicial, y aprobar o desaprobarla de acuerdo a los intereses de los tamaulipecos cuando llegue al Congreso local.
También afirmó que aunque los integrantes del Poder Judicial se encuentren en el interior de las oficinas del órgano, las labores se mantendrán suspendidas, «no está suspendida la impartición de justicia».
Añadió que el riesgo de permitir de los jueces y magistrados sean electos por la ciudadanía es que se rompa la independencia de los funcionarios y tengan el ‘dilema‘ de resolver conforme a derecho o conforme al electorado.