Por Sebastián Olvera
@SebOlve
Durante los últimos días el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, ha
realizado declaraciones controvertidas sobre la Reforma del Poder Judicial (RPJ)
impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Aunque ha
intentado matizar sus comentarios y reafirmar su respeto por la soberanía mexicana, el
tono crítico y el carácter injerencista de sus opiniones, así como la forma abrupta en que
surgieron, han detonado un conflicto.
En respuesta el presidente López Obrador envió una nota diplomática de
extrañamiento a la embajada estadounidense en dónde aclara que la RPJ es un asunto
interno. La embajada replicó con otra nota diplomática en la que se reiteró lo declarado.
Además, sus declaraciones han sido secundadas tanto por Graeme Clark, el embajador
canadiense, como por Brian Nichols, un alto funcionario del Departamento de Estado.
Ante esta situación, el presidente anunció que las relaciones con los representantes
diplomáticos de Estados Unidos (EE. UU.) y Canadá se encuentran “en pausa”.
Hay que observar que una declaración de “pausa” no es un recurso diplomático. El
presidente utiliza esta declaración para expresar su descontento a las embajadas y sus
gobiernos, pero sin recurrir a medios diplomáticos más contundentes, como citar al
embajador, expulsar personal diplomático o romper relaciones. Pues, esto equivaldría a
formalizar el conflicto. La pausa es más un recurso político pragmático que muestra
descontento, pero sin generar acciones que podrían ser respondidas bajo el principio de
reciprocidad y escalar el conflicto.
Otra cuestión en la que hay que poner atención es que tanto el gobierno de México
como los embajadores norteamericanos han expresado sus puntos de vista dentro de los
márgenes de la prudencia. Quién más confortativo ha sido es el presidente al señalar
claramente que se trata de in intento de injerencia en asuntos internos del país. Esto, sin
embargo, es coherente con su posición como jefe de estado. Del lado de los embajadores
y el funcionario del Departamento de Estado no es menor que han reconocido
explícitamente la soberanía del México, no han realizado ningún tipo de llamado a los
opositores u otras fuerzas a subvertir la RPJ y están tratando de frasear sus “puntos de
vista” a manera de “sugerencias”. Este uso cuidadoso del lenguaje diplomático -que, no
obstante, contienen claros mensajes políticos y no borra la injerencia de los
diplomáticos en asuntos del país- indica que las partes están intentando que el conflicto
no escale de manera abrupta.
Del lado canadiense, hasta ahora todo ha quedado en una tímida declaración. Por
otra parte, el embajador estadounidense ha sido más reiterativo. Hasta ahora ha hecho
saber sus críticas a la RPJ a través de una conferencia de prensa, un comunicado, una
nota diplomática y una entrevista. Esto indica que su mensaje es inequívoco. No
obstante, el tono moderado que ha empleado (todas sus intervenciones las ha formulado
desde la primera persona: “según mi experiencia”, “yo pienso”) y las reiteradas
expresiones de respeto a la soberanía nacional de México, hacen pensar que el
embajador está tratando transmitir un mensaje que viene de arriba. Posiblemente se
trata de los poderosos lobbies de las grandes empresas de los sectores petrolero,
energético y agroindustrial, así como de los grupos de altos funcionarios vinculados a la
seguridad nacional de EE. UU.
¿Pero por qué “de repente” surgen estas declaraciones críticas por parte del
embajador Salazar? ¿Qué intereses estratégicos tienen el gobierno y los capitales
estadounidenses en la Reforma Judicial? ¿Cómo se relaciona México con el capital
trasnacional y la geopolítica estadounidense? Me parece que más allá de las necesarias
condenas al injerencismo extranjero, estas son algunas de las preguntas que habría que
hacerse para entender la situación. Aquí la primera parte de mi análisis al respecto.
Tanto en su declaración del 22 de agosto como en una entrevista realizada unos
días después, Salazar afirmó estar preocupado porque la RPJ puede generar
“turbulencias” en el estado de derecho y producir incertidumbre para los inversores. Del
mismo modo, señaló que involucrar a los jueces en una contienda electoral podría
generar inestabilidad dentro del Poder Judicial, comprometer su parcialidad y reducir
sus capacidades técnicas. Haciendo eco de los argumentos de la oposición, además, ha
mencionado que existe la posibilidad de que los grupos del crimen organizado puedan
ganar influencia en los tribunales.
En opinión del embajador, estos riesgos hipotéticos “amenazan la histórica
relación comercial que hemos construido [K S], la cual depende de la confianza de las
inversiones que se deben hacer aquí en México”. Según explicó, la crítica a la propuesta
del Ejecutivo no quiere decir que no sea necesario que el Poder Judicial se reforme. Su
gobierno y su representación diplomática coinciden en la necesidad de dicha reforma.
Sin embargo, ellos desean una Reforma que permita “contar con jueces capaces de
gestionar litigios complejos para resolver disputas comerciales y otras cuestiones”, algo
que desde su punto de vista no se podría lograr sometiendo a voto popular la elección de
jueces y magistrados.
Existen dos problemas con estas declaraciones. El primero es que vulneran el
artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, pues interfieren
en un asunto interno de México. Es decir, constituyen una falta diplomática sancionable
conforme al derecho internacional. El segundo problema se refiere al interés real que
defienden. El interés de EE. UU. no es tanto la estabilidad del Estado de derecho en
abstracto, sino la influencia de sus agentes políticos y económicos sobre el Poder
Judicial.
Es importante señalar que, hasta ahora, la SCJN ha sido una de las instituciones
estatales con poder real más inclinadas a proteger los intereses del capital extranjero.
No significa que todos los ministros de las dos Salas al unísono respondan a esos
intereses. Claro que no, al menos no ahora. Lo que pasa es que estos agentes extranjeros
ya conocen los mecanismos para hacer que los casos lleguen a los ministros más
“abiertos” o de plano aliados. Luego, esos mecanismos de “incidencia” -que muchas
veces se consiguen mediante la corrupción o la amenaza (carrot or stick, dicen las
poblaciones de habla inglesa)- es lo que algunos de esos agentes buscan preservar.
Un ejemplo relevante de lo que logra esa influencia son las suspensiones
provisionales concedidas a varias empresas petroleras extranjeras contra ciertas
disposiciones de la Ley de Hidrocarburos (2021), que permite revocar permisos de
comercialización y almacenamiento de hidrocarburos por motivos de seguridad
nacional. Pero, aún más paradigmática resultó la declaración de inconstitucionalidad de
la Ley de la Industria Eléctrica (2021), la cual buscaba priorizar la energía generada por
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre la de productores privados y hacer que
estos pagaran impuestos. Esta ley fue “derogada” por la Segunda Dala de la SCJN en
diciembre del año pasado en respuesta los amparos interpuestos por seis empresas:
Recursos Solares PV de México IV, S.A. de C.V., BNB Villa Ahumada Solar S. de R.L. de
C.V., Engie Abril PV S. de R. L. de C.V., Eólica Tres Mesas 4 S. de R.L. de C.V., Tractabel
Energía de Pánuco S.A. de C.V., y Tractabel Energía de Monterrey S. de R.L. de C.V. Dos
de ellas vinculadas, cada una, con un consorcio energético estadounidense (BNB
Renewable Energy Holdings y Atlas Renewable Energy) y las cuatro restantes con la
poderosa multinacional francesa ENGIE. Estos ejemplos ilustran por qué la RPJ es un
tema crucial para las empresas y el gobierno de estadounidenses.
Para decirlo con claridad, la principal preocupación del lado de los EE. UU. está
en la capacidad que tendrían sus empresas y agentes para lograr fallos a favor en
juzgados y cortes cuyos jueces son elegidos y ratificados por voto popular. También, les
inquieta la renovación completa de los ministros de la SCJN que plantea la RPJ para
2025. Pues significaría desmontar el mapa de actores que las empresas estadounidenses
ya conocen y que les es funcional. Lo que, a su vez, les implicaría comenzar de cero los
procesos de contacto y cabildeo para ganar influencia entre los nuevos ministros.
Sin ese punto de apoyo en la SPJN, no solo se ven comprometidos los intereses de
las grandes empresas estadounidenses, si no el acceso a recursos (petróleo, agua,
minerales, gas, etc.) que se consideran estratégicos para la seguridad nacional de EE.
UU. Esto quiere decir que el caso analizado no se trata únicamente un altercado
diplomático, sino de una disputa política. Una disputa que trasciende tanto al
embajador Kent Salazar como a la RPJ e involucra la visión estratégica de México en el
tablero geopolítico estadounidense. Este será el tema de la entrega de la próxima
semana.
