El derecho a la verdad y a la justicia así como el conocer las voces de víctimas de violaciones graves a derechos humanos por parte del Estado Mexicano entre 1965 y 1990 se engloban en el recién presentado, informe final del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico.
A través de seis tomos, el Mecanismo da cuenta de particularidades sobre la manera en que la violencia estatal arremetió contra ciudadanos organizados a lo largo del país, con la finalidad de aniquilar brotes de inconformidad y manifestación en dichos sectores, criminalizándolos.
Numerosas acciones se detallan en este informe en el que se muestra la forma en que el actuar del Estado buscó socavar los derechos de los ciudadanos a través de graves violaciones a sus derechos humanos.
Destaca el uso de la violencia, a través del uso letal del poder del Estado, para perpetuar el régimen y la forma en que ciertos brazos del poder se especializaron en infligir sufrimiento a sus víctimas.
Muchos de esos violentadores fueron validados ante el sistema con premios y condecoraciones pese a ser los artífices de la desaparición de cientos de personas a lo largo del país en pozos, fosas comunes, lagunas y mares.
El informe contiene mil 139 testimonios de sobrevivientes y familiares que, durante 2023, fueron recopilados en 23 estados del país con relatos que mostraron la importancia de su difusión para la búsqueda de la justicia.
“Fue el Estado. Lo decimos porque los hallazgos de la investigación de esclarecimiento histórico así lo corroboran con la misma contundencia con la que se ha demostrado también que el Estado fue responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace casi una década atrás”, señala el informe.
De acuerdo con la información recopilada, las violaciones a los Derechos Humanos que se convirtieron en prácticas sistemáticas fueron la detención arbitraria, la prisión por motivos políticos, la desaparición forzada, la desaparición forzada transitoria, la ejecución extrajudicial, la masacre, la tortura, la violencia sexual, la tortura sexual, la violencia reproductiva, el desplazamiento forzado interno así como violaciones de Derechos Humanos en el marco de ocupaciones militares o policiales en diversos territorios.
Señala también que estas violaciones fueron sistemáticas, es decir, se aplicaron de manera masiva en total impunidad y en un alto número de casos.
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Las víctimas no solamente fueron jóvenes guerrilleros combatientes sino que éstas se extendieron a niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores, indígenas, afromexicanas, sexo diversas y comunidades enteras quienes por su género, edad, etnicidad y estrato socioeconómico fueron violentadas de manera diferenciada.
Documenta violaciones de Derechos Humanos a poblaciones completas o conjuntos de víctimas unidas por temas campesinos, indígenas o afromexicanos, además de que integraban comunidades de movimientos urbano-populares, comunidades violentadas por imposición de políticas de desarrollo, disidencias político-partidistas, personas de la comunidad sexo diversas, periodistas, refugiados en la frontera sur de México, habitantes en zonas donde se llevaba a cabo el combate al narcotráfico, personas marginadas y criminalizadas por condiciones de vulnerabilidad, personas que formaban parte de alguna disidencia religiosa y, de manera sorprendente, contra miembros de las propias Fuerzas Armadas y policiales con violencias ejercidas por sus altos mandos.
Lamentablemente, el informe actualiza el número de conjuntos de víctimas que hasta el momento no se habían contabilizado con lo cual se documentó al menos 11 de ellos que no habían sido tomados en cuenta, con lo que el número de conjuntos de víctimas pasó de tres a al menos 14.
En el caso de las agresiones a integrantes de movimientos urbano-populares, quienes protestaron al crecimiento exponencial de las zonas urbanas luchaban por vivienda digna y servicios públicos, el informe identificó a un total de 32 mil 27 víctimas.
Al menos 250 periodistas fueron víctimas y se documentaron 45 casos a profundidad en los que se muestra que integrantes de la prensa independiente y, particularmente que se atreven a denunciar tropelías de servidores públicos y redes de colusión Estatal con bandas criminales, son perseguidos violentados y estigmatizados.
Las violaciones contra personas refugiadas guatemaltecas destacan al documentar al menos tres masacres.
El grupo de personas de las disidencias sexogenéricas cuenta con 394 víctimas y profundiza en cinco casos de personas violentadas por el modo diverso que tuvieron de amar otras personas y de ejercer su sexualidad.
Miembros de organizaciones político-partidistas que encabezaron la lucha por la democracia en México vivieron al menos 12 masacres documentadas en ese contexto con agresiones cometidas principalmente por el ejército policías estatales y pistoleros militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) además de que la mayoría de las masacres se centraron contra militantes de izquierda participantes de protestas postelectorales tras la contienda de 1988.
Las comunidades violentadas por imposición de políticas de desarrollo dan cuenta del desplazamiento forzado interno, tortura y ejecuciones que ocurrieron para asegurar la construcción de nuevos desarrollos urbanos como presas, en el caso de Tamaulipas con la construcción de la Presa Vicente Guerrero.
Habitantes de las zonas en las que se realizó el combate al narcotráfico en el marco de la narrativa antinarcóticos registraron al menos 761 víctimas y también se documentan cuatro masacres.
En el caso de las violaciones de Derechos Humanos contra personas marginalizadas y criminalizadas profundiza en casos de ataques masivos contra personas que fueron masacradas y mutiladas, lanzadas al drenaje profundo y posteriormente fueron hecho pasar por desaparecidas.
Las disidencias religiosas presentaron al menos 608 víctimas con mil 325 casos de desplazamiento forzado interno principalmente contra cristianos no católicos
Las agresiones contra miembros de las Fuerzas Armadas detallan violaciones complejas debido a la instrumentalización de la violencia por parte de los mandos de dichas corporaciones y a la corrupción, así como la participación de policías y militares en operaciones de tráfico de drogas. Destaca el caso en Tamaulipas de 28 elementos de la Marina que en 1990 fueron detenidos en un cuartel de Matamoros y llevados a la PGR, en la Ciudad de México, donde fueron torturados e inculpados de nexos con el narcotráfico.
Así, el informe logró identificar 8 mil 593 víctimas de violaciones graves que incluyen la detención arbitraria, prisión por motivos políticos, tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada, desaparición forzada transitoria, masacre, tortura sexual, violencia sexual, violencia reproductiva y exilio.
Una de las situaciones más graves que documenta es que contra la mayoría de las víctimas se cometió más de una violación grave o la violación se cometió en más de una ocasión con lo cual se sustenta que el número de violaciones graves asciende a 11 mil 743 dentro de los 11 contextos investigados.
Destaca el número de masacres que en el periodo de 1965 a 1990 ascendió a 46 con la identificación de al menos 385 víctimas mortales.
En el caso del desplazamiento forzado se identificaron 123 mil 34 víctimas estimadas en 113 eventos diferentes mientras que las agresiones en el marco de las ocupaciones militares policiales a territorios se logró documentar 167 mil 391 víctimas.
