Legisladores locales rechazaron citar en el Congreso del Estado a Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas del Estado para esclarecer el proceso de licitación para la concesión de la carretera Juan Capitán-El Chihue, mejor conocida como ‘Rumbo Nuevo’.
Durante la Comisión de Gobernación y la Comisión de Comunicaciones, Transportes y Movilidad, los diputados integrantes de las mismas, rechazaron con cinco votos a favor, dos en contra y una abstención llamar a comparecer al secretario de Obras Públicas de Tamaulipas.
El diputado de Morena, Javier Villarreal Terán dijo que el asunto debía dejarse sin materia, ya que el secretario ya había rendido un informe de las actividades de la dependencia, entre ellas la licitación de la carretera, por la glosa del segundo informe de gobierno del ejecutivo estatal
“El pasado 27 de febrero, el secretario informó bajo protesta de decir verdad los criterios que se consideraron para la concesión de la carretera, es decir ya ha sido atendida la comparecencia, la propuesta se deja sin materia”, dijo el diputado.
Por su parte, Liliana Álvarez Lara, diputada panista quien propuso el llamado al funcionario, señaló que durante la comparecencia Cepeda Anaya solo abordó temas generales y no detalló el asunto de la concesión en el tramo carretero.
“Qué lástima que no podamos avanzar y aclarar las inquietudes a la población del altiplano”, mencionó.
Álvarez Lara solicitó mediante iniciativa llamar a comparecer a Pedro Cepeda Anaya, secretario de Obras Públicas del Estado para que rinda un informe pormenorizado de la licitación para concesionar la carretera Rumbo Nuevo, esto durante la sesión pública del 28 de noviembre del 2023.
En la iniciativa indica que “El 17 de octubre del 2023, se lanzó la convocatoria para la licitación pública internación LPI-APP-001-2023, en la que busca otorgar un contrato de asociación público privada durante 30 años para la modernización de la carretera Juan Capitán-El Chihue, mejor conocida como Rumbo Nuevo”.
Pedro Cepeda Anaya anunció en diciembre del 2023 el contrato de concesión con la empresa Infra durante 30 años, con el cual el Gobierno del Estado recibirá 664 millones de pesos. Aseguró que los ejidatarios que habitan en los alrededores no pagarán por transitar el tramo carretero.