Por Federico Anaya Gallardo:
La buena noticia de 2023 es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha decidido finalmente a hacer política abierta. Se trata de una decisión largamente meditada por el colectivo cambiante de once ministras y ministros. Digo largamente porque esta decisión empezó a procesarse desde 1994-1995, cuando los otros dos poderes originales de nuestra Muy Liberal Constitución destruyeron y recrearon el máximo tribunal de la República. Digo colectivo cambiante porque en el cuarto de siglo que lleva existiendo esta Corte 27 personas han ocupado los once sillones del nuevo Pleno.
Hoy en día, nuestros ministros y ministras duran en su encargo 15 años. Para asegurar que el Pleno se renovase escalonadamente, la reforma constitucional de 1994-1995 ordenó que de las once personas del Pleno, dos durasen 8 años (hasta 2003), dos 11 años (hasta 2006), dos 14 años (hasta 2009), dos 17 años (hasta 2012) y tres 20 años (hasta 2015). De las once personas sólo una era mujer, Olga Sánchez Cordero (una de las tres designaciones de 20 años). Todas fueron seleccionadas de ternas enviadas por el priísta Ernesto Zedillo a un Senado en el que el PRI tenía 95 de 128 escaños –es decir, diez votos arriba de las dos terceras partes (85) requeridas para hacer el nombramiento.
En este nuestro año de 2023 conviene hacer memoria.
En aquel momento (1994-1995) el PRI tenía sólo 300 de las 500 curules de la Cámara de Diputados. Por lo mismo, el partido del presidente no podía reformar la Constitución por sí mismo. En aquellos debates, el diputado priísta José Francisco Lozada Chávez declaró estentóreo desde la máxima tribuna nacional: “Campea en el ambiente mexicano una gran voluntad por reformar y remover lo que es la estructura del Poder Judicial”. (Diario de los Debates, 21 de diciembre de 1994, Liga 1.) Fascinantes coincidencias: hoy nos azotan vientos del mismo estilo… y la bandera de la reforma judicial campea de nuevo. No hay nada nuevo bajo el sol.
La propuesta de desaparecer la Suprema Corte y sustituirla con un nuevo tribunal la presentó un presidente priísta a un Senado dominado por el PRI el 5 de diciembre de 1994 –apenas a cuatro días de comenzada la Administración Zedillo. La reforma constitucional se declaró aprobada el 30 de diciembre. Es decir, que en apenas 25 días se consiguieron dos terceras partes del Senado, dos terceras de los diputados federales y la mitad más una de las legislaturas estaduales. (¡Y hoy vienen los hipócritas a reclamarle al obradorismo la urgencia de sus procedimientos parlamentarios!)
Aquella reforma constitucional fue un pacto entre el PRI y el PAN. Las comisiones senatoriales aprobaron su dictamen en diez días. Fernando Gómez-Mont Urueta publicó en Reforma una defensa de la misma poco antes de que fuese aprobada en el Senado. Perfecto prianista, Gómez-Mont había sido diputado federal panista en la Legislatura previa (1991-1994); fue asesor del presidente Zedillo para asuntos judiciales bajo la coordinación de Luis Téllez (1994-1995) y sería secretario de Gobernación del presidente Calderón (2008-2010). Este abogado fue el que dirigió las presiones contra el Proyecto Zaldívar en el Caso Guardería ABC en 2010. Nota, lectora, adonde fue a publicar su apoyo público el licenciado Gómez-Mont en aquel ya lejano 1994: en Reforma. El mapa de correlaciones de fuerza políticas desde entonces y hasta el día de hoy es el mismo.
El 17 de diciembre de 1994 los senadores perredistas Guillermo del Río Ortegón, Heberto Castillo Martínez y Félix Salgado Macedonio argumentaron contra la reforma señalando la precipitación de la misma y que no se hubiese consultado con organizaciones civiles, profesionales y políticas. Al día siguiente, 18 de diciembre, ellos y los otros cinco senadores del PRD abandonaron el salón de plenos para no ser cómplices. (Sí, lectora: la izquierda sólo tenía 8 escaños en ese tiempo. Si algo ha cambiado en México ha sido porque el Pueblo ha empujado desde abajo la democracia representativa.)
Sólo dos días después de la aprobación senatorial, el 20 de diciembre de 1994, las comisiones de Cámara de Diputados ya tenían un dictamen favorable. Al día siguiente, el 21 de diciembre, los diputados del PT Ezequiel Flores Rodríguez y José Narro Céspedes hablaron en contra, argumentando que si ya existía un Consejo de la Judicatura, debía ser este órgano y no la Presidencia, quien propusiera las ternas de ministros al Senado. En el mismo sentido, Leonel Godoy Rangel, Jesús Zambrano y Pedro Etienne Llano (a nombre del PRD) señalaron que dada la composición del Senado en ese momento, se estaba entregando sin restricciones al presidente Zedillo la designación de todos los nuevos ministros. Luis Sánchez Aguilar, del Partido Social Demócrata y quien moriría apenas tres años más tarde, denunció que “la mayoría se ha negado a ampliar el lapso para analizar responsablemente, con profundidad, con el tiempo y la consulta necesarios, una reforma trascendente al sistema de justicia”.
En otras palabras, la Corte que hoy castiga el apresuramiento de los procesos parlamentarios nació de una reforma fast-track, impuesta y no deliberada.
La cuestión de cómo elegir a los ministros también fue tocada en aquel primer invierno del zedillismo, por el diputado federal Mauro González-Luna Mendoza (entonces perredista y hoy furibundo anti-obradorista) quien recomendó retornar al sistema original de la Constitución de 1917: cuando los congresos estaduales proponían y el congreso general –en sesión conjunta de diputados y senadores– aprobaba al ministro por mayoría calificada. Puedes ver, lectora, que la cuestión de cómo se elige a los altos jueces de nuestra República SIEMPRE ha sido una cuestión política. (Este detalle lo resalto para que mis amigas juzgadoras y mis amigos de la izquierda buenaondita dejen de santiguarse ante los “excesos” discursivos del obradorismo de hoy.)
La reforma constitucional de 1994 la aprobaron en San Lázaro con 381 votos a favor y 66 en contra. (Estaban ausentes 53 personas legisladoras.) La izquierda (PRD y PT) tenía apenas 81 votos. Podemos asumir que los opositores venían de allí, pero es obvio que algunos decidieron mejor ausentarse. Junto a los 300 priístas votaron unos 81 panistas. Hay que notar que el PAN tenía 119 curules, así que los otros 38 (un buen tercio) prefirieron hacer mutis. Podemos imaginar por qué se salieron: por más que Zedillo –igual que Salinas– representase la esencia del proyecto de Nación panista, en diciembre 1994 el control parlamentario del PRI en el Senado seguía asegurando la imposición de ministros a modo de la Presidencia.
Pero las mil argumentaciones de la izquierda o las reticencias calladas de la derecha no importaban. Zedillo y el PRI sólo necesitaban 34 votos aparte de los suyos. Obtuvieron 81. Más importante para la discusión política de nuestro tiempo es que la minoría opositora a la reforma judicial de 1994 no estaba siquiera cerca del tercio de la Cámara (166 votos). Este número es importante hoy día porque es el mínimo de votos que requiere una minoría en San Lázaro para impulsar una acción de inconstitucionalidad contra una norma aprobada por la mayoría. En el Senado se necesitan 43 votos para activar ese control de constitucionalidad. Pero todo esto entró a nuestra Constitución, precisamente, con esta reforma de 1994 –así que la minoría parlamentaria de ese tiempo aún no podía activar esa defensa.
Regresemos al proceso legislativo. En apenas nueve días, la reforma aprobada por las cámaras federales se circuló a los congresos de los estados y 16 de ellos respondieron por la afirmativa. El 30 de diciembre de 1994 la Mesa Directiva del Senado proclamó reformada la Constitución. Ese mismo día se publicó la reforma en el Diario Oficial de la Federación. ¡Qué terrible rapidez! –deberían decir algunos de los críticos del obradorismo de hoy.
La vieja Suprema Corte, que tenía 26 ministros vitalicios, desapareció el 31 de diciembre de 1994. Durante casi un mes (enero de 1995) México no tuvo máximo tribunal. En ese mes (otra vez, nótese el apresuramiento del proceso de deliberación parlamentaria) las once propuestas del presidente Zedillo fueron procesadas en el Senado. (Liga 2.)
Hay que decir que Zedillo cumplió con alguna de las promesas que hizo al PAN en lo oscurito. De los once nuevos ministros, sólo dos, el guanajuatense José Vicente Anguinaco Alemán (1919-2007) y el jalisciense Salvador Aguirre Anguiano (1943-2020) no eran parte del poder judicial federal. Desde los 1970, Anguinaco se había dedicado al ejercicio profesional en su despacho. Se destaca su relación académica con la Universidad La Salle y con la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Aguirre era abogado por la ultra-derechista Universidad Autónoma de Guadalajara (los Tecos), por años había sido notario en la Perla Tapatía y fue un destacado militante del PAN en los 1980. Aparte, uno de los viejos ministros que fue recuperado en la nueva Corte, Mariano Azuela Güitrón (n.1936), pese a ser parte de la nomenklatura judicial del viejo régimen, estaba bien relacionado con la red de colegios católicos. Tres conservadores entre los once altos juzgadores. No le fue mal al PAN.
Los otros ocho sillones fueron ocupados por personas con largas carreras judiciales –algunos desde siempre garantistas como el chihuahuense Genaro Góngora Pimentel (n.1937) o el jalisciense Jesús Gudiño Pelayo (1943-2010). Por cierto que hasta en estos perfiles progresistas se nota la negociación entre PRI y PAN: Góngora era egresado y catedrático de la UNAM, mientras que Gudiño era egresado y catedrático de las universidades jesuitas.
Algunos ministros de la nueva Corte resultaron sorprendentes. El tamaulipeco Juventino Castro y Castro (1918-2012) había hecho carrera en el poder ejecutivo, en Gobernación y la PGR (1979-1995); así que se esperaba de él institucionalidad y muy poco garantismo. Lo conocí en 1997 en una conferencia de la OIT sobre Derecho Indígena en Sucre, Bolivia. Castro y Castro me dijo que él no comprendía bien a bien qué era lo que buscaba el neozapatismo en los Acuerdos de San Andrés y que él consideraba que el tema indígena se solucionaría sólo a través de la justicia agraria. Pero también me aclaró que el Pleno le había instruido aprender de las experiencias que había en la región latinoamericana. En los años que siguieron, don Juventino se movió consistentemente hacia la izquierda en sus posicionamientos. Luego de su salida de la Corte, se solidarizó con el neozapatismo, fue asesor de Andrés Manuel y sirvió como diputado federal del PRD entre de 2009 y hasta su muerte. Uno no los conoce de ministros, diría don Daniel Cosío Villegas.
Los once nuevos ministros no fueron aprobados del mismo modo en el Senado. El día de la votación (26 de enero de 1995) había 113 senadores presentes. Ninguno tuvo unanimidad, pero ocho ministros fueron aprobados con 110 o más votos. Las tres excepciones fueron Guillermo I. Ortiz Mayagoitia (n.1941), Juan N. Silva Meza (n.1944) y la única mujer, Olga Sánchez Cordero (n.1947). Estos tres sólo tuvieron 89 votos a favor y recibieron 24 votos en contra. Recordemos que el PRI tenía 95 escaños –así que Ortiz, Silva y Sánchez Cordero no convencieron a la totalidad de los priístas. Todo es política, aunque mis amigas y amigos kelsenianos se espanten.
Las decisiones que la nueva Corte ha tomado en las últimas tres décadas demuestran la importancia (y preeminencia) de lo político en los trabajos de nuestro más alto tribunal. En este espacio he analizado cómo la Corte usó de modo cada vez más eficaz su vieja facultad de investigar graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos –hasta que PAN y PRI se la arrebataron en 2011. (Liga 3 para el primer artículo de esa serie.) La deriva progresista de Castro y Castro, Góngora Pimentel, Sánchez Cordero y (en menor o más discreta medida) Silva Meza demuestran que Zedillo y el PAN no les conocían de ministros.
Así, querida lectora, cuando en este nuestro 2023 de la polarización, veas a un pobre ciudadano formalista desgarrarse las vestiduras en la calle y cubrir su cabeza con cenizas porque “¡la Corte está siendo víctima de ataques políticos!”… invítale un té de tila y recuérdale que es lo más natural del mundo. Que por eso (y para eso) la Corte es un uno de los Supremos Poderes de la Unión.
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Ligas usadas en este texto:
Liga 1:
http://cronica.diputados.gob.mx/DDebates/56/1er/Ord1/L56A1P126.html#Entrada6
Liga 2:
https://contralinea.com.mx/interno/semana/el-dia-que-zedillo-cerro-la-suprema-corte/
Liga 3:
https://julioastillero.com/la-facultad-peregrina-y-omitida-autor-federico-anaya-gallardo
