Por Nancy Flores/Contralínea:
Entre 2019 y 2021, el gobierno de Estados Unidos donó 48.9 millones de pesos a la “guerra sucia” del empresario Claudio X González Guajardo contra el gobierno de López Obrador. Informaciones de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad revelan que en la primera mitad del actual sexenio, ese brazo jurídico y mediático del también “líder moral” de la alianza Va por México recibió otros 122.9 millones de pesos de abiertos opositores a la 4T: Kimberly Clark –de Claudio X González Laporte–, Fundación Maelva –de Valentín Diez Morodo–, Fundación Kaluz –de Antonio del Valle Perochena– y del Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana –de Alejandro Joaquín Martí García–. Aunque MCCI se empeña en decir que desde julio de 2020 su presidente fundador no dicta las estrategias, la asociación civil tiene la misma agenda política que González Guajardo. Incluso, de cara a las elecciones de 2023 y los comicios presidenciales de 2024, el think tank de la derecha patrocinó una campaña de hostigamiento contra uno de los hijos del presidente de la República
Primera parte. El dinero fluye a raudales a las cuentas bancarias del brazo jurídico y mediático del empresario Claudio X González Guajardo: Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). En los documentos a los que Contralínea tuvo acceso se revela que la organización reportó ingresos por un total de 171 millones 962 mil 813 pesos en la primera mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador: 2019-2021. De ese monto, 48 millones 980 mil 418 pesos fueron donados por la Embajada de Estados Unidos en México, a pesar de que la asociación civil se caracteriza por ser abiertamente opositora a la actual administración federal y de que las leyes mexicanas prohíben el intervencionismo de gobiernos extranjeros en el país.
El resto de las donaciones, 122 millones 982 mil 395 pesos, corresponde al financiamiento otorgado por empresarios adversarios de la llamada cuarta transformación: la trasnacional Kimberly Clark –de Claudio X González Laporte, padre del presidente fundador de MCCI, quien renunció a su cargo en julio de 2020 para encabezar la alianza Va por México–, Fundación Maelva –de Valentín Diez Morodo–, Fundación Kaluz –de Antonio del Valle Perochena– y del Sistema de Observación por la Seguridad Ciudadana –de Alejandro Joaquín Martí García.
En su registro como asociación civil sin fines de lucro ante el Servicio de Administración Tributaria, Mexicanos Contra la Corrupción reporta que se dedica a la “investigación científica o tecnológica”, con constancia de inscripción ante el Conacyt número 2016/22941, y registro federal de contribuyentes MVC151126K45. No obstante, en sus propios documentos indica que se dedica a: periodismo, investigación aplicada, litigio estratégico y movilización ciudadana. Asimismo, reconoce que sus actividades “no benefician a ningún sector en particular” puesto que, según, lucha por la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
Al estar dada de alta como AC, la organización tiene permitido recibir donaciones de personas físicas y morales de México y el extranjero, deducibles de impuestos. Esta organización fue creada por Claudio Xavier González Guajardo, en sociedad con su hermano Esteban Patricio González Guajardo, así como con María Amparo Casar Pérez (exfuncionaria de Vicente Fox), Max Kaiser Aranda (exfuncionario de Felipe Calderón), Antonio Carbia Gutiérrez (jefe de oficina de Salomón Chertorivski Woldenberg), Ana Macarena Velázquez López (exsubprocuradora de la Profedet en el gobierno de Enrique Peña), María Teresa Aguilar Álvarez Castro (abogada de Mexicanos Primero, otra AC de Claudio X) y Antonio Mario Prida Peón del Valle (abogado asociado a la Unión Internacional de Abogados y a la organización UNETE, también ligada al “líder moral” de la oposición).
El multimillonario presupuesto que MCCI consigue de algunos de los empresarios más ricos del país, la empresa familiar Kimberly Clark y la agencia del gobierno estadunidense USAID, le permiten orquestar –entre otras acciones de tinte político– estrategias legaloides. Por ejemplo, en este sexenio sus llamados “litigios estratégicos”, que constan principalmente de juicios de amparo, se han enfocado en frenar las principales obras de la administración de López Obrador, como el Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería Dos Bocas.
Además, esos donativos del gobierno estadunidense y de los empresarios financian las campañas de noticias falsas en medios de comunicación, bajo la fachada de trabajos periodísticos. A diferencia del periodismo que debe tener como valores fundamentales la independencia frente al poder institucional o fáctico, la búsqueda de la verdad, la honestidad y la responsabilidad social, los supuestos reportajes de MCCI han incurrido en la propagación de falsedades y verdades a medias con fines propagandísticos.
Aunado a ello y como parte de sus litigios estratégicos, Claudio X González Guajardo promovió la creación del colectivo #NoMásDerroches, bajo el patrocinio de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, pero también abrazado por Causa en Común, Comisión Mexicana de Derechos Humanos, Confederación Patronal de la República Mexicana, Consejo General de la Abogacía Mexicana y México Unido Contra la Delincuencia.
En 2019, año en el que esas organizaciones promovieron más de un centenar de juicios de amparo contra la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en Texcoco, y otras tantas demandas para frenar la construcción del Aeropuerto de Santa Lucía, la cara visible del colectivo fue el abogado Gerardo Carrasco Chávez, entonces director del área de Litigio Estratégico de MCCI –cargo que ocupó desde enero de 2017 hasta octubre de 2021.
En ese 2019, el gobierno estadunidense financió con 16 millones 127 mil 490 pesos el abierto activismo político de Mexicanos Contra la Corrupción. Del grupo de empresarios, obtuvo 57 millones 731 mil 274 pesos.
La información de la organización creada por el ahora “líder moral” de Va por México –que aglutina a los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática– revela que, en 2020, el gobierno de Estados Unidos le donó 18 millones 197 mil 680.71 pesos y el financiamiento empresarial ascendió a 42 millones 14 mil 566 pesos. Ese año, MCCI y el colectivo #NoMásDerroches promovieron amparos contra el Tren Maya y la refinería Dos Bocas.
En ese mismo 2020, Claudio X González Guajardo convocó a empresarios y políticos opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador a unirse en un mismo frente para buscar derrotar electoralmente a Morena en las elecciones de 2021, o ganar la consulta de revocación de mandato para que el presidente de la República dejara su cargo. Así fundó Sí por México, y, en julio de aquel año, anunció su renuncia a la presidencia de Mexicanos Contra la Corrupción.
No obstante la salida del magnate, la organización continuó exactamente con la misma agenda política opositora a López Obrador que González Guajardo enarbola bajo el amparo de tres partidos políticos a los que constantemente se suma Movimiento Ciudadano.
Para 2021, el gobierno de Estados Unidos otorgó donaciones por 14 millones 655 mil 247.66 pesos a MCCI, ya encabezada por la exfuncionaria Casar Pérez. En ese ejercicio, del sector empresarial obtuvo 23 millones 236 mil 555 pesos. Ese año continuaron las estrategias para entorpecer legalmente las obras gubernamentales.
En los documentos a los que tuvo acceso Contralínea aún no se da cuenta de los financiamientos en 2022 y 2023, años en los que la asociación ha incrementado sus campañas de desinformación con miras a incidir en las elecciones de 2023 en el Estado de México y Coahuila, y en la presidencial en 2024.
El destino del dinero
Acerca del destino de los recursos, de los más de 73 millones de pesos que recibió en donaciones en 2019 –tanto del gobierno estadunidense como del sector empresarial–, la organización gastó 31 millones 496 mil 354 pesos en el pago de nómina. Entonces, contaba con una plantilla laboral de 44 personas. Además, a Claudio X González Guajardo se le transfirió 1 millón 374 mil 393 pesos.
En ese año también reportó que le donó 772 mil pesos a la asociación civil AGM-EMR, mejor conocida como Tojil, fundada por Adriana Greaves Muñoz y Estefania Medina Ruvalcaba. En marzo de 2020, Tojil y MCCI presentaron una denuncia contra Ana Gabriela Guevara Espinoza, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, según dijeron, por posibles hechos de corrupción.
En 2019, Mexicanos Contra la Corrupción reportó un ingreso adicional a los donativos. Se trata de 6 millones 8 mil 864 pesos por concepto de productos financieros. Además, indicó que en gastos de administración erogó 1 millón 928 mil 12 pesos.
Los 36 millones de pesos restantes los justificó como sus gastos de sus proyectos de periodismo, investigación aplicada, litigio estratégico y movilización ciudadana. Entre ellos, todos los juicios de amparo contra las obras del gobierno federal.
Gastos en 2020
Al siguiente año, 2020, la organización informó ingresos de donativos por 60 millones 212 mil 247.64 pesos, y 4 millones 615 mil 777.73 pesos por intereses. En su relación de egresos anuales, y a pesar de que es supuestamente una asociación sin fines de lucro, Mexicanos Contra la Corrupción detalló que destinó 28 millones 800 mil pesos a inversiones en valores de renta fija (especulación financiera).
También refirió que pagó a su presidente Claudio Xavier Gonzalez Guajardo 1 millón 20 mil 89.3 pesos; al abogado Gerardo Carrasco Chávez –promotor de los juicios de amparo contra la cancelación del Aeropuerto de Texcoco–, 1 millón 142 mil 608.9 pesos; y a Darío Manuel Ramírez Salazar, exrepresentante de la organización Artículo 19 y actual vocero de MCCI, 1 millón 393 mil 607.22 pesos.
De la nómina, reportó que entonces su plantilla laboral contaba con 32 pesonas a las cuales se les pagó, en conjunto, 30 millones 173 mil 675.14 pesos. Si todas hubieran ganado lo mismo, se habrían embolsado 942 mil 926 pesos anuales (78 mil 577 pesos mensuales).
Además, en sus gastos indicó haber realizado un nuevo donativo a Tojil, por 772 mil pesos; y un donativo a Renace capítulo San Luis Potosí, por 36 mil pesos.
Respecto de sus proyectos, su información enunció erogaciones como las siguientes: I[nvestigación] P[eriodística]-18-19 sobre farmacias, por 548 mil 935 pesos; IP-04-20 investigación rumanos-Riviera Maya, por 563 mil 422 pesos; IP-09-20 investigación salud 2 , por 1 millón 170 mil 729 pesos; IP-13-20 investigación Pemex, por 580 mil 524 pesos; IP-14-20 investigación Liconsa, por 554 mil 123 pesos.
Además, C-05-20 proyecto radio novela “Ellas tienen nombre”, basada en la investigación feminicidas libres, por 501 mil 832 pesos; I[nvestigación] A[plicada]-13-16 seguimiento al Sistema Nacional Anticorrupción, por 745 mil 788 pesos; IA-2-20 evaluación de los procesos de contratación dentro de Pemex, por 1 millón 547 mil pesos; IA-6-20 programas educativos de beneficio social 2, por 2 millones 353 mil 852 pesos; IA-7-20 programas educativos de beneficio social 3, por la misma cantidad que el anterior, por citar algunos.
Erogaciones en 2021
Respecto del ejercicio 2021, la organización creada por Claudio X González Guajardo reportó un total de 37 millones 891 mil 803.06 pesos de ingresos por donaciones, y 2 millones 722 mil 415.18 de intereses. Acerca de sus egresos, indica que destinó 19 millones 300 mil pesos a inversiones en valores de renta fija.
Respecto de los sueldos, aseguró que a Darío Manuel Ramírez Salazar se le pagaron 2 millones 745 mil 966 pesos, y al abogado Gerardo Carrasco Chávez, 1 millón 492 mil 805 pesos. Asimismo, indicó que en su plantilla laboral contó con 29 personas que involucraron un gasto de 25 millones 41 mil 150 pesos.
Sobre sus actividades, refirió egresos en: IP-21-19 investigación plataforma Pegasus, por 412 mil 308 pesos; IP-16-20 investigación covid infraestructura hospitalaria, por 552 mil 811 pesos; IP-17-20 investigación covid muertos invisibles, por 912 mil 954 pesos; IP-22-20 investigación energías limpias y seguridad zona este del país, por 958 mil 469 pesos; IP-03-21 investigación laboratorios, por 444 mil 560 pesos; IP-04-21 investigación manejo de vacunas, por 706 mil 330 pesos, por citar algunos.
