Interiores por Carlos López Arriaga
Acaso no sea miedo sino elemental precaución, el que RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA, fiscal anticorrupción, decidiera faltar a la comparecencia solicitada por el congreso tamaulipeco este jueves en punto de las 10 horas.
En puntual oficio, el funcionario argumentó problemas de agenda y “compromisos laborales adquiridos con antelación” por los cuales no le fue posible acudir al llamado del poder legislativo.
Manifestó sin embargo su total disposición “para comparecer y colaborar con los trabajos legislativos que realiza el Congreso del Estado”, a la hora y día que se le indique.
Se quedó esperando, pues, la comisión legislativa anticorrupción y de participación ciudadana que preside el diputado HUMBERTO PRIETO HERRERA, nacido sonorense y radicado en Reynosa, panista de origen, actual miembro de MORENA.
Reunida dicha comisión en presencia de los medios, habló también la diputada presidenta ÚRSULA PATRICIA SALAZAR, quien se encargó de leer, palabra por palabra, la misiva de RAMÍREZ CASTAÑEDA.
Ello, para luego dar paso a la propuesta del mismo PRIETO HERRERA que reprogramó la comparecencia del fiscal para el lunes 8 de mayo a las 17 horas, moción que fue aprobada por unanimidad.
El incumplimiento de RAMÍREZ puede interpretarse de muchas maneras. Cabría como explicación la cautela pero también la necesidad de ganar tiempo.
Amén de preparar los mejores argumentos que lo defiendan de sus sinodales quienes, sin duda, traen muchos cuestionamientos en su tintero.
Entre otros, destacaría el reclamo de la consejera jurídica estatal TANIA CONTRERAS LÓPEZ sobre el modesto (acaso nulo) trabajo de la fiscalía anticorrupción en torno a las 42 denuncias donde más de 120 exfuncionarios estatales resultan involucrados en graves desfalcos que en su conjunto rebasarían los 600 millones de pesos.
AMIGOS DE SUS AMIGOS
Ninguno de estos casos ha sido procesado, judicializado por la dependencia a cargo del señor RAMÍREZ. Inacción que da pie a un sinfín de especulaciones. Por principio, dicho caballero procede del grupo político que gobernó en Tamaulipas hasta octubre pasado y por ello se muestra remolón en el difícil desafío de juzgar a sus amigos, incluyendo a su antiguo jefe y caudillo, el gobernador CABEZA DE VACA. Mire usted, el reto atañe también al fiscal general IRVING BARRIOS, del mismo corazón azul. La obvia dificultad para aplicar la enseñanza aristotélica de ser más amigos de la verdad que de sus amigos.
En ambos casos se adivina a leguas el conflicto de interés. Su querencia antigua y muy vigente con la pandilla cabezona que devastó las finanzas públicas y dejó al Estado como queso gruyere. ¿Cabría esperar de ellos otra respuesta que no sea la de esconder la cabeza en un agujero, dejar correr el tiempo, retardar los procesos, posponer el cumplimiento de sus obligaciones?
No es nuevo el tema. Desde que se reformó la ley para darle autonomía y calendario propio a los fiscales, es un fenómeno que se ha venido observando, particularmente en las entidades donde se han sucedido gobiernos de distinto partido.
Eso que llaman alternancia. Se recordará que las fiscalías autónomas de los estados fueron aprobadas en la Cámara Baja por la LXIII Legislatura federal (2015-2018) por una mayoría calificada (334 votos), el 26 de abril de 2018.
Pero luego resultó que lejos (muy lejos) de mostrar la independencia o el profesionalismo deseados cuando se formuló dicha reforma, los fiscales en muchos casos se han convertido en un gravoso lastre.
Verdaderos estorbos al servicio de intereses añejos, que ni son del pueblo ni de la administración vigente. En suma, emisarios del pasado, con un marcado olor a cempasúchil, que deambulan como zombis entre un equipo de trabajo que les resulta completamente ajeno.
REDISEÑO AL GABINETE
Volviendo al ámbito legislativo, la nueva Ley Orgánica que reforma las dependencias del Poder Ejecutivo en Tamaulipas crea la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Energético.
También fusiona a las secretarías de Desarrollo Rural con Pesca y Acuacultura. La transición del viejo al nuevo modelo deberá concretarse en los próximos 90 días.
Fueron 30 los diputados que votaron a favor de este cambio, coincidiendo en la aprobación las bancadas de los partidos MORENA, Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, con una inasistencia y cinco abstenciones, todas del PAN.
BUZÓN: [email protected]
