POR RAFAEL E. LOZANO, ANJAN SUNDARAM:
Las comunidades indígenas de México están en la primera línea de la preservación ecológica. Muchas de ellas siguen viviendo en sus tierras ancestrales y luchan contra proyectos de desarrollo que destruirían algunos de los ecosistemas más valiosos del mundo que consideran su hogar. Su resistencia ha adoptado la forma de protestas, bloqueos de las principales autopistas y ocupación de edificios gubernamentales.
Estas comunidades nos están mostrando cómo la lucha contra el cambio climático empieza a nivel local. También tienen valiosas lecciones que enseñarnos sobre el mantenimiento de las plantas, la fauna y las especies autóctonas de sus tierras. Pero México se ha convertido en el lugar más mortífero del mundo para los activistas medioambientales y protectores de los territorios indígenas, según la organización sin ánimo de lucro Global Witness, que afirma que 54 defensores del medio ambiente y de la tierra fueron asesinados en México en 2021. Tenemos que proteger a los pueblos indígenas de amenazas cada vez más violentas, si queremos proteger también nuestro frágil medio ambiente.
Como periodistas, hemos visto a qué se enfrentan las comunidades. Hace poco viajamos a Paso de la Reina, una localidad donde seis activistas medioambientales indígenas han sido asesinados en dos años por defender su prístino río Verde. Los activistas habían protestado contra la construcción de una presa hidroeléctrica y la excesiva extracción de arena y grava en el cauce del río, y habían establecido un bloqueo en la carretera que conduce a su pueblo y al río Verde.
Este aislado territorio indígena chatino y mixteco se encuentra en el estado de Oaxaca, a un par de horas en coche del balneario de Puerto Escondido, popular entre los turistas extranjeros. Los investigadores creen que los activistas fueron atacados por su labor medioambiental. La fiscalía no está investigando los asesinatos. Y la comunidad indígena ha hablado con pocos periodistas, sin dar detalles sobre los asesinos, porque temen más represalias.
Los defensores indígenas se están convirtiendo cada vez más en la última línea de defensa del medio ambiente en México, desempeñando un papel esencial en la monumental tarea de preservar la biodiversidad nacional. Los indígenas representan menos del 5% de la población mundial, pero se estima que cuidan del 80% de la biodiversidad del planeta, según el Fondo Mundial para la Naturaleza. Y México es uno de los siete países más biodiversos del continente americano, junto con Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos.
De estos países, México posee el mayor porcentaje de tierras de propiedad colectiva de comunidades indígenas y locales.
Un estudio de la Iniciativa para los Derechos y Recursos estima que más de la mitad de la tierra de México es propiedad de pueblos indígenas y comunidades locales. Esto es posible en gran parte gracias a los sistemas específicos de tierras ejidales y comunales, que permiten la propiedad colectiva en México, a menudo por parte de comunidades indígenas que ejercen su derecho político a la autodeterminación, garantizado por la Constitución.
Pero estas reformas políticas progresistas no han cambiado la agresión contra las comunidades indígenas de México. Los indígenas, que representan más del 19% de la población mexicana, según un censo gubernamental -unos 24 millones de personas-, han estado amenazados durante siglos. Primero por los ocupantes coloniales españoles, luego por el Estado mexicano moderno, que los masacró repetidamente, forzó el mestizaje y borró su cultura.
Esta marginación histórica sigue impidiendo que los indígenas protejan ecosistemas cuyos recursos naturales sin explotar se buscan ahora para impulsar la industrialización, el crecimiento económico y la producción de energía limpia en forma de parques eólicos y presas hidroeléctricas.
Los activistas indígenas se enfrentan a amenazas del gobierno federal y de los gobiernos locales, de las empresas y de la delincuencia organizada, las mismas entidades que han convertido a México en el país más peligroso del mundo para los periodistas. La prensa nacional mexicana no suele informar sobre los defensores indígenas mexicanos.
En la tierra comunal indígena que visitamos recientemente en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, el gobierno mexicano quiere construir un “Corredor Interoceánico”, un megaproyecto carretero, ferroviario, de oleoductos e industrial que rivalice con el Canal de Panamá: unir los océanos Atlántico y Pacífico, con gigantescos complejos industriales y refinerías que importen y exporten productos a lo largo del camino. Autoridades estadounidenses, como el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, también han pregonado este proyecto como sustituto del infame “muro” del expresidente Trump: una frontera industrial y militarizada que ofrecerá oportunidades de trabajo a los migrantes centro y sudamericanos, y también les impedirá cruzar a Estados Unidos por la fuerza.
Este mes, el gobierno mexicano anunció que comenzará a recibir licitaciones para los parques industriales de este megaproyecto por parte de empresas estadounidenses, mexicanas y multinacionales. Pero en la zona que abarca el Corredor Interoceánico viven una docena de comunidades indígenas diferentes, y muchas de ellas reclaman gran parte de la tierra en disputa como territorio comunal que les pertenece colectivamente.
No está claro que estos activistas indígenas -que a veces sólo llevan machetes- puedan resistir a la Armada mexicana que resguarda el megaproyecto de la Interoceánica desde octubre pasado, respaldada por intereses económicos estadounidenses. Aun así, están decididos a defender sus territorios y modos de vida, que están profundamente entrelazados.
Las comunidades indígenas que protegen valiosos recursos naturales merecen ser escuchadas e incorporadas a las decisiones políticas y económicas de las autoridades mexicanas que afectan cada vez más a sus territorios. No sólo porque son los propietarios legales de sus tierras, sino también porque podríamos aprender de sus formas de vida que han protegido eficazmente bienes públicos como el agua limpia, el aire no contaminado y la biodiversidad, a veces durante milenios. Los funcionarios estadounidenses y las empresas que persiguen proyectos de desarrollo en México también deberían respetar a los pueblos indígenas y comprometerse con ellos.
Algunas comunidades han conseguido resistirse a la destrucción del medio ambiente y salvaguardar sus tierras. La comunidad zapoteca de Magdalena Teitipac protestó contra la instalación de una mina canadiense de oro y plata en los Valles Centrales del estado de Oaxaca, preservando valiosos acuíferos subterráneos en un Oaxaca cada vez más árido. La comunidad purépecha de Cherán, en el estado occidental de Michoacán, desterró a los leñadores criminales de sus bosques tras un levantamiento, y ahora es una comunidad autogobernada, que reforesta sus colinas y decide qué intereses económicos pueden entrar en su territorio.
Si no prestamos atención a las voces indígenas y no las protegemos, todos sufriremos las consecuencias de la degradación de nuestra ecología.
