Por Martha Olivia López
Irving Barrios Mojica llegó a Tamaulipas en septiembre del 2016 a la entonces Procuraduría General de Justicia con dos recomendaciones de peso: la de Felipe Calderón Hinojosa y la de Roberto Gil Zuarth, asesor financiero y legal de Francisco García Cabeza de Vaca.
Siendo titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y Genaro García Luna director general de la Policía Federal (PF), les tocó encabezar el llamado “Michoacanazo”, el operativo encabezado por el Ejército Mexicano y la PF donde se detuvieron a 11 presidentes municipales, 16 funcionarios del gobierno estatal, un juez y algunos policías para incriminarlos por ser de un gobierno de oposición, encabezados por el perredista Leonel Godoy. Tiempo después todos los detenidos fueron exonerados por falta de pruebas y elementos para procesarlos.
Pero al norte no llegó solo Barrios Mojica, lo acompaña su equipo más cercano:
Natanael Castelán Iturria, actual vicefiscal de Litigación, Control de Procesos y Constitucionalidad; Olegario Contreras Macías, comisario general de Investigación; Iván Fernando Contreras Aguilar, comisario de Operación Estratégica; así como la titular del Órgano Interno de Control, la contraloría interna, Dámaris Rojas Lucio, cuñada del Fiscal.
Del vicefiscal
En la entonces Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, Castelán fungía como director general de Operación del Procedimiento Penal Acusatorio; el escándalo más grave que enfrentó fue el supuesto cobro de una recompensa en el caso del asesinato del periodista independiente Carlos Domínguez el 18 de enero de 2018.
Un mes después del asesinato del comunicador, la entonces Procuraduría General del estado ofreció una recompensa de 2 millones de pesos para quien aportara datos para el esclarecimiento del homicidio. Castelán Iturría habría ofrecido 500 mil pesos a David Mejía Bravo para formar parte de la trama que inculpó a otras cinco personas, denunció Gabriel Regino, integrante del equipo de abogados de los acusados, quien detalló que el funcionario habría sido responsable de fabricar culpables y de corrupción.
El litigante reveló como se fabricó un delito para inculpar a seis personas – tres de ellos reporteros– como los autores materiales del asesinato del columnista.
“Fue el expolicía federal David Mejía Bravo, uno de los cinco acusados, quien denunció el hecho y destacó que dio los datos de Adrián Montes (también expolicía federal) para que fueran dos los detenidos, y con el tiempo y al no cumplir el pago de los 500 mil pesos ni de liberarlo en el plazo de los seis días, decidió contar la verdad”, señala el corresponsal Carlos Figueroa de La Jornada.
Añadió que “por primera vez ante un tribunal de enjuiciamiento se aclara y se pone en evidencia que estamos en una situación gravísima, donde no sólo se ha acusado a seis, sino que tres de ellos eran reporteros y uno murió en prisión, siendo inocente.”
Por el asesinato de Domínguez, estuvieron presos los periodistas Gabriel Garza Flores –quien murió en la cárcel–, Luis Valtierra y Jesús González, así como el empresario Rodolfo Cantú y los expolicías federales Mejía y Adrián Montes.
Al respecto, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (en un derecho de réplica a esta información) se limitó a decir que el otorgamiento de dichas recompensas “implica un proceso basado en marcos legales, desde el momento en que un Comité analiza la procedencia y aprueba, hasta los mecanismos que deben seguirse para la entrega” y que el homicidio de Domínguez «sigue siendo objeto de un proceso.“
Las renuncias
Cinco meses después de las denuncias de cobro de recompensa, el 12 de enero de 2020, el director de Operación de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral (Castelán) y el Coordinador Estatal Antisecuestros Alejandro López Reyes, se separaron de sus cargos “por motivos personales”.
Sin explicación alguna, sus renuncias no fueron aceptadas y los funcionarios continuaron en la dependencia, e incluso fueron promovidos.
El Comisario General de Investigación
En el pasado profesional del Comisario General de Investigación de la Fiscalía, Olegario Contreras Macías, en el estado de Michoacán, las referencias indican que fue acusado ante la Comisión de Derechos Humanos por secuestro y tortura en su desempeño como director Regional de Investigación y Análisis en el municipio michoacano de Zamora.
Contreras Macías fungió como director Regional de Investigación y Análisis de la Subprocuraduría Regional de Justicia de Zamora hasta septiembre de 2016 en que fue despedido por acusaciones en su contra por secuestro, tortura, amenazas de muerte, extorsión y otros delitos en contra de un comerciante, ademas de que se le relacionó con el control de casinos y protección a delincuentes.
Cuando fungió como comandante de Ministeriales en Morelia fue acusado de secuestrar a una persona junto con su hijo de 4 años, a quien habría llevado a las instalaciones de la PGJE donde fue golpeado, torturado, amenazado y extorsionado.
Al «Comandante Olegario» se le vinculó con Roberto Campos Paniagua “El Chino Tamacuas” –líder delincuencial de Michoacán–, quien fue detenido coincidentemente unos días antes de que el mando fuera «renunciado» por el procurador Martín Godoy Castro a fin de protegerlo de las pesquisas. De acuerdo con investigaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) de la Procuraduría General de la República (PGR), Contreras le ofrecía protección en el estado, especialmente en Lázaro Cárdenas, donde Campos tenía una fuerte presencia y controlaba un remanente de “Los Caballeros Templarios».
Al respecto de estos datos, la Fiscalía de Tamaulipas aseguró que estos señalamientos «carecen de veracidad» y que si bien fueron investigados por las autoridades michoacanas, “estas no encontraron elementos de pruebas por lo que no se fincó responsabilidad alguna».
El “pariente” de Olegario Contreras
En la Comisaría de Operación Estratégica, los empleados y trabajadores de la Fiscalía señalan que Iván Fernando Contreras es familiar muy cercano al Comisario General de Investigación, sin embargo la Fiscalía General de Justicia rechaza un vínculo familiar.
Ambos Contreras han enfrentado acusaciones como las del mes de noviembre del 2022. El 13 de noviembre en el fraccionamiento “Marte R. Gómez” hombres armados a bordo de dos camionetas, dispararon en contra de asistentes a un evento de arrancones que se llevaba a cabo a las afueras de Ciudad Victoria, donde resultaron muertas tres personas y dos más lesionadas.
De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los hechos se registraron en el autódromo de Ciudad Victoria, hasta donde llegaron hombres armados a bordo de dos camionetas, quienes dispararon en contra de los asistentes.
La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) integró una carpeta de investigación por estos hechos sin que informe del seguimiento de estos hechos.
Días antes, a través de mantas, se habría acusado a Contreras Aguilar de acosar a comerciantes y habitantes con cobro de cuotas y situaciones ligadas al crimen organizado.
La contralora en problemas personales
La titular del Órgano Interno de Control Dámaris Rojas Lucio, cuñada del fiscal Irving Barrios Mojica fue motivo de una acción de la Fiscalía por asuntos personales que involucran a una juez y a un titular de una Comisión.
En su defensa, la Fiscalía General de Justicia abrió una carpeta judicial y emitió un comunicado oficial donde, con fecha del 2 de marzo se leía:
“La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informa que fue abierta una carpeta de investigación por los delitos de Lesiones Dolosas, Amenazas y Delitos Cometidos contra Servidores Públicos en contra de Rosa María “R”, persona que se identificó como jueza del Poder Judicial del Estado.
Lo anterior derivado de la agresión que cometió anoche contra una servidora pública de esta Fiscalía en el interior de las oficinas de la institución.
De acuerdo con las primeras indagatorias, la probable responsable ingresó a las instalaciones de la Fiscalía, aduciendo que iría a buscar a su pareja, pero se dirigió a otra área donde lanzó amenazas, ostentando tener fuero y respaldo político. Luego comenzó a agredir físicamente a la víctima (no dice el nombre) y, de manera intempestiva, salió del edificio tras discutir con otra persona subiendo a su vehículo para salir a toda velocidad poniendo en riesgo a los vigilantes y personal que se encontraba en ese momento en el área”.
En los comunicados crípticos omitieron señalar el asunto personal que se volvió institucional y que involucraba la protección del fiscal.
La Fiscalía de Tamaulipas dijo que dio a conocer esta información porque “empezaron a circular diversos textos especulando sobre los hechos y «desvirtuando» lo ocurrido en el interior de la institución.”
