Federico Anaya Gallardo
La semana pasada analicé en este espacio las reglas para designar consejeros del INE establecidas en 2014 en el Artículo 41 Constitucional Base V Apartado A párrafo quinto. Repasemos el mecanismo: La Cámara de Diputados emite convocatoria para elegir consejeros y consejeras. Se forma un comité técnico de evaluación (CTE) “integrado por siete personas de reconocido prestigio, de las cuales tres serán nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados [la JUCOPO], dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dos por el organismo garante establecido en el artículo 6o. de esta Constitución [el INAI].”
Ya adelanté mi opinión en contra de un sistema basado en un “reconocido prestigio” que no se define y señalé que, por escaparnos de la partidocracia, entregamos el poder de decisión no a la sociedad sino a élites de la sociedad que no responden a controles democráticos. Este complicado sistema se ha activado tres veces de 2014 a la fecha. ¿Quiénes han sido las “personas de reconocido prestigio” en esas tres ocasiones?
En 2014, para el primer CTE (antes de la Masacre de Iguala y con el Pacto por México en todo su esplendor) la JUCOPO nombró a Jorge Moreno Collado, destacado priísta, exdiputado federal por ese partido, director general de Gobierno en la Secretaría de Gobernación federal en los 1990s y profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM; a Alejandro González Alcocer, destacado panista, ex-gobernador de Baja California y ex-senador de PAN; y a Ricardo Becerra Laguna, universitario originalmente de Izquierdas y quien fuera particular de José Woldenberg en el IFE a mediados de los 1990s. Si de lo que se trataba era de liberar el procedimiento de la influencia de los partidos, esta selección fue poco creíble. (Acuérdate, lectora, que la DGG de SEGOB era la encargada de organizar las elecciones fraudulentas del viejo régimen –al que siempre ha servido el ciudadano Moreno Collado.)
Por su parte, la CNDH (presidida en ese 2014 por Raúl Plascencia Villanueva) nombró a Tonatiuh Guillén López, reconocido catedrático de El Colegio Frontera Norte y a José Antonio Lozano Díez, catedrático de la Universidad Panamericana. Una selección aparentemente equilibrada entre instituciones de educación superior públicas/laicas y privadas/católicas.
Finalmente, el aún IFAI nominó a dos personas académicas. Uno fue Enrique Cárdenas Sánchez, egresado del ITAM y de Yale, con carrera en el Banco de México y la Secodam federal. La otra fue Soledad Loaeza Tovar, de El Colegio de México. En este caso ni siquiera hubo un intento de equilibrio ideológico –ambas nominadas forman parte del consenso institucional post-autoritario dominado por el PRI y el PAN.
La suma de los siete miembros de este CTE (en el que hubo tan sólo una mujer) nos da un resultado claramente conservador y con claros sesgos partidistas. No te dejes engañar por la aparente “tolerancia” de la CNDH, lectora: si se trataba de que las personas designadas por la comisión representasen adecuadamente el mundo académico, debemos recordar que el sector privado y católico no conforma la mitad del medio universitario mexicano.
De las quintetas formadas por el CTE 2014 salieron los consejeros Lorenzo Córdova Vianello, Ciro Murayama Rendón, José Roberto Ruiz Saldaña y Adriana Margarita Favela Herrera –cuyo periodo termina este año. El comportamiento de los dos primeros en los últimos cuatro años demuestra el perfil por el cual fueron designados: guardianes de la nueva institucionalidad conservadora.
(Notemos que Córdova Vianello fue reelecto como consejero, pues ya era parte del IFE. Esta repetición era un acuerdo político previo a la formación del CTE. Este detalle desenmascara que este primer CTE estaba subordinado al pacto parlamentario que dio origen a la reforma electoral de 2014. Digo, por sí creíamos que los CTEs se pensaron como espacios independientes.)
Para el segundo CTE, en 2017 (después de la masacre de Iguala y con una muy debilitada Administración Peña en su último año) la JUCOPO nominó a Luis Eduardo Medina Torres, catedrático de la UAM-Iztapalapa especializado en instituciones electorales y transparencia; a Jorge Islas López, de la Facultad de Derecho de la UNAM y quien se había distinguido en promover legislación para defender derechos de las audiencias y el acceso a la información pública; y a Humberto Aguilar Coronado, ex-diputado y ex-senador del PAN. Aumenta el componente académico en el subgrupo JUCOPO, pero destaca que aún haya habido un representante de la partidocracia (Aguilar Coronado). Nota lectora, que Islas, el más progresista de esta triada, había sido abogado general de la UNAM (hoy es nuestro cónsul general en Nueva York).
Por su parte, la CNDH (presidida por otro ex-abogado general de la UNAM, Luis Raúl González Pérez) nombró a Leoba Castañeda Rivas, quien acababa de terminar su periodo como Directora de la Facultad de Derecho de la UNAM; y a José de Jesús Orozco Henríquez, quien fue magistrado en el tribunal federal electoral por 16 años, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM y quien –en aquél 2017– acababa de cumplir los primeros tres de sus quince años como miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM (hoy día, 2023, aún le restan seis años en tan augusta compañía).
Finalmente, el ya INAI propuso a César Astudillo Reyes, experto en derecho electoral del IIJ-UNAM y a Sergio López Ayllón, quien en ese tiempo era el director general del CIDE –y quien hoy, al parecer, ha migrado al IIJ-UNAM.
La suma de los siete miembros de este segundo CTE (en el que, de nuevo, sólo hubo una mujer) nos muestra un patrón institucional interesante. Si bien la JUCOPO prefirió ahora perfiles académicos –como la CNDH y el IFAI habían hecho desde 2014– todas las instituciones proponentes se circunscribieron en 2017 a los circuitos jurídicos de la UNAM.
De las quintetas formadas por el CTE 2017 salieron las consejeras Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez y Beatriz Claudia Zavala Pérez –cuyo periodo terminará hasta 2026. Es notable que estas tres consejeras se distingan por no aparecer en las candilejas de nuestro agitado debate político –como les gusta tanto a sus colegas Córdova y Murayama. Pero eso no implica un deslinde de las posiciones de estos dos: las tres han apoyado los recursos jurídicos en contra de la reducción de sus inmensos salarios a partir de 2019.
Cuando llegó el tiempo de conformar el tercer CTE, en 2020, el panorama general de la política mexicana había cambiado. En 2018 López Obrador había llegado a la Presidencia (pese al arreglo institucional conservador). La coalición parlamentaria obradorista tenía la mitad más uno de la Cámara de Diputados –aunque no las dos terceras partes necesarias para designar consejeros del INE. Y, a finales de 2019, llegó por vez primera a la CNDH una persona ajena a los círculos conservadores de la UNAM: Rosario Piedra Ibarra.
Sin embargo, pese al predominio de MORENA y sus aliados en San Lázaro, en 2020 la JUCOPO nombró a Diego Valadés Ríos, un destacado priísta, ex-procurador general de la República con Salinas de Gortari, y ex -director del IIJ-Unam. En el contexto del triunfo de la 4T, la presencia de Valadés en el CTE es un notable retroceso. Junto a Valadés, la JUCOPO nominó dos mujeres académicas: Blanca Heredia Rubio del Cide y a la actual presidenta de El Colegio de México, Silvia Elena Giorguli Saucedo. Debe destacarse que dos de las tres nominaciones de la JUCOPO correspondieron críticos públicos del obradorismo (Valadés y Heredia). Una muestra de pluralidad. Pero también, una señal de que el CTE se convertiría en un espacio político mucho más disputado.
Lo anterior se hizo evidente cuando la nueva titular de la CNDH propuso a sus dos miembros del CTE. Originalmente fueron John M. Ackerman Rose, académico del IIJ-Unam pero notorio defensor del obradorismo; y Carla Astrid Humphrey Jordan, jurista del ITAM y de Berkeley, quien era especialista fiscalización, financiamiento de partidos políticos y género. El problema es que Humprey Jordan deseaba postularse para consejera ella misma y declinó la nominación. En su lugar, la CNDH postuló a Sara Lovera, destacada periodista feminista y una de las fundadoras de La Jornada. Si el cambio de Lovera por Humprey causó confusión, la nominación de Ackerman fue impugnada judicialmente por el PAN, PRI, PRD y MC –quienes argumentaban que John no cumplía el “perfil de neutralidad”. Cosa interesante, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación encontró que Ackerman sí reunía el perfil. Notemos, lectora, que la supuesta neutralidad no había sido problema ni en 2014 ni en 2017 y que, en 2020, implicaba cuestionar también a Diego Valadés.
Por su parte, el INAI decidió realizar un procedimiento de selección complejo y transparente. Luego de evaluar perfiles, su pleno eligió sin problema a Ana Laura Magaloni Kerpel, jurista del ITAM y fundadora de la clínica de Derecho en el CIDE (a quien siempre perseguirá la defensa que hizo de los asesinos materiales de Acteal). No hubo consenso para el otro nominado, así que el jurista José Roldán Xopa, profesor e investigador del Cide, debió ser insaculado.
El repaso de los tres primeros CTEs que te presenté hoy nos indica qué entendieron las élites partidistas, la CNDH y el INAI por “reconocido prestigio”. Nos muestra que (A) pese a las apariencias, la neutralidad partidista NUNCA ha sido parte del arreglo institucional; y (B) que sí hubo una transferencia de poder desde la partidocracia, pero no hacia la sociedad civil, sino hacia las élites académicas –específicamente a las dominadas por juristas y, dentro de este gremio, a personas vinculados con la UNAM. (Esa torre de marfil que nunca ha sido el paraíso de la democracia.)
Eso es verdad incluso en el caso de John Ackerman Rose –cuyas aventuras en el CTE de 2020 analizaré para ti la semana que viene, lectora. Dejo también para esa entrega el análisis de las cuatro nuevas personas que entraron en 2020 al consejo general del INE.
