Federico Anaya Gallardo
Regreso, querida lectora, al tema de la designación de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE). El domingo pasado (12 de febrero de 2023) PiédePágina publicó un artículo de Ernesto Núñez Albarrán que compara el ambiente de la designación de cuatro consejeros en 2020 con la de otros cuatro este año. (Liga 1.) De entrada, Núñez Albarrán parte de un supuesto falso: que Morena contaba en 2020 con mayoría calificada (dos terceras partes de los votos en la Cámara de Diputados) –que es lo que se necesita para nombrar a una persona como consejera electoral. Asegura Núñez que la coalición del gobierno contaba en 2018-2021 con 333 votos de su partido y de sus aliados (PT y PVEM). Primera corrección: la coalición del gobierno en la primera legislatura de la Administración López Obrador la formaban Morena (191), el PT (61) y el hoy desaparecido PES (56). Eso da 308 (22 votos debajo de los 330 que forman las dos terceras partes). Si queremos sumar los 16 votos del PVEM –que llegó a esa legislatura aliado del PRI– nos dan 324 (seis debajo de la mayoría calificada).
Núñez Albarrán elogia a la dirección parlamentaria de Morena (Mario Delgado Carrillo) porque aún “teniendo mayoría calificada, fue capaz de construir un acuerdo amplio con las oposiciones en torno al árbitro electoral.” No hay tal. El partido del gobierno necesitaba llegar a un arreglo porque NO tenía los votos suficientes para colocar por sí mismo a los cuatro consejeros. Por eso no le quedó otra que aceptar al viejo priísta Diego Valadés como parte del CTE 2020. (Otro tanto podríamos decir de Blanca Heredia Rubio, cuya oposición al obradorismo en los espacios que le abre semanalmente ForoTV es más que clara. En este sentido, las diferencias entre las designaciones de 2020 y las de 2023 no residen en la “mejor escucha” o el “mejor diálogo” de antaño frente a la polarización de hogaño. Lo que sucede, más bien, es que todos los actores involucrados (en gobierno y oposición) aprendieron del proceso de 2020 y hoy quieren hacer una mejor faena –perdóname la metáfora taurina, lectora.
A Morena la negociación de 2020 no le rindió los frutos que esperaba. Núñez Albarrán nos recuerda que Mario Delgado debió convencer a su bancada que las cuatro personas finalmente consensuadas por él con las otras cúpulas partidistas en la Cámara (Carla Astrid Humphrey Jordán, Norma Irene de la Cruz Magaña, Uuc-kib Espadas Ancona y José Martín Fernando Faz Mora), demostrarían una razonable lealtad a un principio ético de la Cuarta Transformación: la austeridad republicana. En la entrevista que los cuatro seleccionados tuvieron con la bancada, todas aceptaron. Al llegar al puesto, sólo Martín Faz aceptó ganar menos que el presidente de la República.
Por lo mismo –nos reporta Núñez Albarrán– es que el más conspicuo de los líderes del PT en la cámara, Gerardo Fernández Noroña, “reclamó airadamente la ‘deslealtad’ de las y los [nuevos] consejeros en 2021, cuando el INE … aprobó acuerdos como la cancelación del registro de Félix Salgado Macedonio o el que limitaba la sobrerrepresentación de los partidos en la Cámara”. En este punto yo comentaría que, pese a la cancelación de las candidaturas a gobernador en Guerrero y Michoacán, el movimiento obradorista ganó ambas contiendas (demostrando una fortaleza electoral inesperada para la oposición de derechas). Aparte, pese a la desaparición del arreglo viejo (del INE) que permitió la sobrerrepresentación del PRI en 2015 y que inesperadamente benefició a Morena en 2018; en 2021 el obradorismo aumentó su bancada propia (sin ayudas de los aliados) de 191 curules a 202.
Al revisar el reclamo del camarada Noroña importa diferenciar los intereses y posiciones del partido de izquierda en el gobierno (Morena) de aquellos de sus aliados. Recientemente hemos visto la diferencia en el debate de la cláusula de vida eterna que el PT y el PVEM lograron meter en la reforma electoral (“Plan B”) pese a la pública oposición del presidente López Obrador.
Recapitulo y avanzo. La complejidad de nuestro Parlamento es mucho mayor de lo que se podría apreciar a primera vista. Por eso es que, en mi última entrega sobre este tema subrayaba la importancia del problema cultural al conformar el Comité Técnico de Evaluación (CTE) que conformará las quintetas de candidatas y candidatos a consejeros: El savoir faire, la expertise de la élite político-académica que colonizó los organismos constitucionales autónomos (CNDH e INAI, que aportan cuatro de los siete miembros del CTE) tiene estilos y modos de proceder que conforman y determinan de modo absoluto los resultados de sus deliberaciones.” (Liga 2.)
En su artículo Núñez Albarrán sólo recuerda la impugnación que los partidos de derechas hicieron a John Ackerman Rose cuando la CNDH lo postuló como miembro del CTE 2020, recurso judicial que terminó en nada. Pero Núñez olvida otro pleito, el de Ackerman Rose contra todos sus colegas del CTE al final del proceso, cuando se percató que había cedido en todo. John afirmó entonces que la idea era “renovar esa institución (el INE)” y muy amargado reconoció que ese ideal no prevaleció en el CTE 2020: “Ellos estaban buscando… unos burócratas, tecnócratas que… al final de cuentas podrían dar continuidad al INE. Ellos… ven al INE como algo que va caminando y [al] que simplemente hay que mandar cuadros técnicos; no personas con visión y [ánimo de] transformación.” (Liga 3.)
En entregas anteriores analicé la composición de los CTE de 2014, 2017 y 2020. En los últimos tres meses, nos hemos enterado de dos “reelecciones” para el CTE 2023. El INAI ha propuesto de nueva cuenta a Sergio López Ayllón, quien ya fue parte del CTE 2017. (Liga 4.) En la Cámara de Diputados, la oposición de derechas ha sugerido a Ana Laura Magaloni Kerpel, quien ya fue parte del CTE 2020 –propuesta por el INAI y quien públicamente confrontó a Ackerman en el último debate de aquel CTE. (Liga 5.)
En este punto, Núñez Albarrán tiene razón: la polarización en 2023 es mayor que en 2020. Pero no es irracional.
Veámoslo primero desde el lado de Morena. El comportamiento anti-ético de tres de las cuatro personas designadas para el Consejo General del INE en 2020 –quienes se sumaron a la comodina postura de cobrar más que el presidente apenas llegaron a su cargo– demuestra la validez de los alegatos de Ackerman en contra de escoger tecnócratas que sólo dan continuidad al INE. (Y es en este punto adonde el llamado “Plan B” de reforma electoral ha dado en el clavo, al atacar el centro de la burocracia dorada y desmantelar la todo-poderosa secretaría ejecutiva del INE.)
Veámoslo ahora desde el lado de la oposición. La radicalización también tiene sentido. Durante el debate y derrota de la propuesta de reforma política constitucional, tanto las encuestas a población general, como las opiniones de muchas personas que marcharon a favor de “El INE no se toca” el 13 de noviembre de 2022 (véanse las entrevistas hechas in situ por RompevientoTV), mostraron que la opinión pública no está contenta con la burocracia dorada del gigantesco órgano electoral. En mis artículos previos creo haber argumentado ampliamente cómo los altos salarios y las unidades administrativas redundantes fueron las canonjías (pork and barrel, dicen los angloamericanos) que las élites partidistas en el Parlamento repartieron entre intelectuales y burócratas que ya no tenían asegurado un cargo lucrativo en la administración pública tradicional. Hoy en día, gracias a la politización más general que vivimos, las y los electores (tanto de izquierdas como de derechas) van cayendo en cuenta que más allá de la necesaria y legítima autonomía que siempre debe tener el árbitro electoral, no es justo ni razonable que el INE esté capturado por una pequeña, pomposa y clasista minoría. Así las cosas, a la oposición de derechas no le queda otro camino que polarizar su lado del debate.
Por eso aplauden que el INAI haya vuelto a nominar a López Ayllón –pese a su mala administración en el CIDE documentada por la Auditoría Superior de la Federación. La otra nominada del INAI es una periodista cercana a ellos. Por lo mismo (política y posicionamiento ideológico) han sugerido que una de las tres personas nominadas por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) sea Magaloni.
En este contexto de polarización debemos encuadrar el litigio que promovió el consejo ciudadano de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de las dos personas nominadas por la ombudswoman para integrarse al CET 2023: María del Socorro Puga Luévano y Ernesto Isunza Vera. Pero esta última historia, así como los argumentos que en estos casos han esgrimido demandantes y juzgadores, la abordaré la semana que entra.
