Federico Anaya Gallardo
Oíamos hace quince días al presidente López Obrador preguntarse –respecto de la renovación del personal del poder judicial federal– cómo hacerle para asegurar una judicatura que sirva al Pueblo. Bien dijo Andrés Manuel que ni modo que se les despida a todos y a todas. Las Izquierdas hemos aprendido a desconfiar de soluciones autoritarias (que al final de cuentas suelen revertírsenos más pronto que tarde). La verdadera cuestión es, como dijo el presidente, ¿con quién se sustituye a los cuadros del viejo régimen? En La Mañanera del 2 de Enero de 2023 hablábamos sólo de abogacía y judicatura. Pero la cuestión aplica a todas las áreas de gobierno.
Antes de entrar en un ejemplo, te pido que veas y/ó recuerdes el cartón de Quino adonde la Mafalda avisa a sus amigos que si uno no se apura a cambiar el mundo, después es el mundo el que lo cambia a uno.¿Cuántas compañeras y compañeros de afanes no se han convertido, con el paso de los años en aquello que combatieron en su juventud? Este asunto suele quedarse en eterna plañidera. Tratemos de aprender y de discernir qué hacer.
El caso que quiero comentar contigo el día de hoy, lectora, es el del Consejo General del INE. Luego de las desastrosas experiencias del segundo y tercer IFEs (el presidido por Luis Carlos Ugalde entre 2003 y 2007 y el presidido por Leonardo Valdés Zurita entre 2008 y 2014), hubo una nueva reforma constitucional en Febrero de 2014. Recordemos el contexto. De los tres IFEs nacidos de la negociación pura y llana entre las bancadas partidistas (1996, 2003 y 2008) sólo en el primero (1996) se procuraron criterios inclusivos –y sólo en ese caso hubo avances serios y unánimes en el proceso de democratización. En los otros dos (2003 y 2008), la Izquierda alegó que el consejo no era confiable. Para el caso de 2003, el propio consejero presidente Ugalde reconoció este problema en su libro Así lo viví: Testimonio de la elección presidencial de 2006, la más competida de la historia de México (Grijalbo, 2008). Yo he analizado los defectos de la designación de consejeros del IFE en 2003 en este espacio (Liga 1).
La elección federal de 2012 tampoco dejó satisfecha a la sociedad, así que el PRI se vio obligado a una nueva reforma electoral que el presidente Peña procesó como parte del Pacto por México. Esta es la reforma que le cambió el nombre de IFE a INE –porque se centralizaron en el instituto todos los procesos electorales de los Estados. (Una historia que convendría comentar con más detalle en el futuro.)
En la reforma de 2014 se incluyó un nuevo sistema de selección de consejeros que trató de controlar los abusos de la partidocracia. Por supuesto, la reforma incluyó candados que asegurasen la tranquilidad de las élites. El primero fue asegurar que uno de los consejeros electorales previos (Lorenzo Córdova Vianello, designado en 2011), fuese designado consejero presidente del naciente INE. También se pactó que la burocracia del instituto siguiese controlada por el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina (quien había entrado a esa responsabilidad desde 2008). Otra de las garantías para el statu quo fue alargar los periodos de varios de los magistrados electorales designados antes de 2014. Si hacemos memoria de estas maniobras entenderemos mejor la terrible desconfianza de las Izquierdas (y del Pueblo en general) frente al actual aparato electoral.
Las nuevas reglas para designar consejeros del INE se establecieron en 2014 en el Artículo 41 Constitucional Base V Apartado A párrafo quinto (con cinco incisos). En resumen, la Cámara de Diputados emite convocatoria para elegir consejeros y consejeras. En el procedimiento debe formarse un comité técnico de evaluación (CTE) “integrado por siete personas de reconocido prestigio, de las cuales tres serán nombradas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados [la JUCOPO], dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dos por el organismo garante establecido en el artículo 6o. de esta Constitución [el INAI].”
El CTE recibe la lista de aspirantes, revisa sus documentos y selecciona entre ellos cinco personas candidatas por cada asiento vacante. El pleno de la Cámara votará a la nueva consejera ó consejero a partir de cada quinteta. Se requieren dos terceras partes de las y los diputados presentes para hacer la designación. Si por cualquier razón no se alcanza la mayoría requerida, la Constitución ordena que el pleno de la cámara insacule a una persona de la quinteta. Y, si la cámara fallase en reunirse para insacular, entonces la Suprema Corte de Justicia de la Nación realiza este último acto.
Un CTE formado por “personas de reconocido prestigio” busca poner límites a la negociacion partidista en la Cámara. Sin embargo, la Cámara conserva siempre el poder de decisión –siempre que logre reunir una mayoría de dos tercios. Es obvio que el arreglo constitucional de 2014 preveía la fragmentación partidista que hoy tenemos: por eso incluyó a la Corte como una salida de emergencia.
Sin embargo, en cualquiera de los dos escenarios el CTE determina quiénes son las personas candidatas. El sistema transfiere un poder excepcional a un pequeño grupo de siete personas. ¿Qué es ser “persona de reconocido prestigio”?
El reconocido prestigio parece ligarse con palabras como objetividad y neutralidad. En el discurso de la reforma de 2014, las siete personalidades del CTE superarían el mecanismo partidista usado en 1996, 2003 y 2008 porque estarían “alejadas” de los intereses partidistas. Su trabajo sería mejor y “más limpio” que el realizado por los dirigentes parlamentarios de los partidos políticos –los cuales son “obviamentesucios y perversos”.
En este espacio he analizado cómo la transición mexicana a la Democracia fue secuestrada por las nuevas élites partidistas y cómo el arreglo entre ellas creó una partidocracia (en la Liga 2, el primero de mis artículos sobre ese tema). Pero tengamos cuidado, lectora, no sea que aventemos por la ventana al niño junto con el agua sucia. Aún en medio de los mil problemas que nos han provocado las componendas entre personajes como Manlio Fabio Beltrones, Diego Fernández de Cevallos, Dante Delgado Rannauro ó Ricardo Monreal Ávila, debemos recordar (1) que cada uno de ellos debió vencer a sus rivales dentro de su partido y luego ganar votos en una elección; y (2) que el arreglo de élites partidistas en parlamento es esencialmente mejor –porque es pluralista– que la monarquía sexenal priísta con partido prácticamente único que le precedió. En los arreglos constitucionales se trata de avanzar y no de retroceder. Y la reforma de 2014 fue un retroceso porque, so pretexto de la “suciedad” de la partidocracia, entregamos las llaves del INE a “personas de reconocido prestigio”, sin aclarar qué significaba eso.
Te propongo que, igual que en el caso de las Fiscalías Autónomas cuyo caso analicé para Sentido Común el pasado 18 de Julio de 2022 (Liga 3), en el caso de la elección de consejeros electorales a través de un CTE entregamos el poder de decisión no a la sociedad sino a élites de la sociedad que no responden a controles democráticos. La semana que viene analizaré los tres CTEs que se han formado hasta ahora para mostrarte lo anterior. Y a partir de ese análisis, te invitaré a revisar la actual crisis en la formación del CTE que debe trabajar este año de 2023.
Por ahora, cierro con esta nota: la entrega de decisiones centrales de nuestro sistema republicano a “personas de reconocido prestigio” es un paso atrás en la ampliación de la participación ciudadana. Es una abdicación tonta é inaudita del derecho de todas y todos a ejercer la ciudadanía democrática. Por eso es que la propuesta obradorista de elección popular de las y los consejeros del INE (y de los magistrados electorales) ha sido tan bien recibida.
