Autor: Federico Anaya Gallardo
Reza el dicho popular: mal paga el diablo a quien bien le sirve. Las victorias electorales panistas de 2016 en Tamaulipas, tanto en la gubernatura (56% de una participación robusta) como en la Legislatura (18 de 22 distritos uninominales, 20 de 36 curules) y en los ayuntamientos (23 de 43 municipios) permitieron a los blanquiazules comportarse como partido ultramayoritario. Dos años más tarde, en una elección especial de ayuntamientos (para empatar con el calendario electoral de la Federación), el PAN aumentó a 31 sus alcaldías –mientras su enemigo tradicional priísta debió conformarse sólo con seis. (Morena obtuvo cinco, pese a la marejada obradorista.).
Como ya te conté, lectora, la mayoría parlamentaria del gobernador García Cabeza de Vaca (2016-2022) aumentó una vez antes de caer. En la elección intermedia de 2019 se eligió un congreso “especial” de sólo dos años. Como sólo se elegían diputadas y diputados, el electorado desairó los comicios: sólo acudieron 32.5% de las y los votantes. Pero en esas circunstancias el partido en el gobierno (PAN) salió beneficiado. Ganó 21 de 22 distritos y con dos curules más de representación proporcional sólo necesitaba “adquirir” un voto más para hacer reformas constitucionales.
Así las cosas, los parlamentarios panistas procuraron hacer nombramientos en la rama ejecutiva, en tribunales y órganos autónomos que asegurasen su hegemonía –una ambición explicable… ¿quién no sueña con construirse como Partido de Estado? El problema es que el PAN tamaulipeco, y específicamente lo que hoy se llama cabecismo,olvidó que una de las circunstancias que hicieron posible la “ultra-dominancia” del PRI en el régimen postrevolucionario mexicano (1940-2000) era que las oposiciones nunca se acercaban electoralmente al ganador. En las Tamaulipas de 2016-2022 no ocurría tal. Antes bien, los segundos lugares eran poderosos.
Pese a la enorme ventaja del propio García Cabeza de Vaca sobre su competidor priísta en 2016 (le ganó por más de 30 puntos: 56% contra 24%); pese a ganar 31 de 43 ayuntamientos en 2018 y pese a la victoria blanquiazul en 21 de 22 distritos legislativos en 2019, en estas dos últimas elecciones el segundo lugar era cada vez más competitivo. En 2018, montado en la ola obradorista, Morena ganó cinco alcaldías, casi tantas como el PRI, pero no parecía amenazante. Sin embargo, en 2019, los segundos lugares de Morena en los 21 distritos que ganó el PAN le aseguraron nueve curules de representación proporcional. Era una “sentencia escrita en la pared” como aquélla en que una mano divina anunció al rey de Babilonia el fin de su dominio (Daniel 5:25-28).
Esas señales políticas sin duda facilitaron la tarea de la Cámara de Diputados federal al analizar, en 2020-2021, las imputaciones que la Fiscalía General de la República hizo al gobernador panista. Al prepararse la elección legislativa tamaulipeca de 2021 se podía prever el fin de la hegemonía panista y era dable imaginar que la nueva Legislatura (la LXV, 2021-2024) podría mantener la estabilidad democrática del Estado, incluso en el escenario extremo de un gobernador desaforado y fuera de su cargo. (Aparte, lectora, debes recordar que las primeras imputaciones a García Cabeza de Vaca no implicaban necesariamente prisión preventiva, por lo cual aún desaforado podría haber permanecido en el ejercicio de su cargo.)
El problema es que en junio de 2021 Morena no alcanzó una mayoría clara y definitiva en la LXV Legislatura, tema que ya hemos analizado en este espacio. Aparte, su bancada fue víctima de cuchileos, amenazas y probablemente corruptelas, de modo que en menos de seis meses el nuevo partido dominante había perdido el control de los órganos de gobierno del congreso tamaulipeco. Aparte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió procrastinar su resolución sobre la naturaleza de los fueros que gozaba el gobernador tamaulipeco.
Te pido, lectora, que regresemos a la frase bíblica de la sentencia en la pared. La sentencia divina contra Babilonia es un ejemplo de castigo al gobernante soberbio. Pero sólo funciona si Dios existe y si Su Divina Majestad juega a la política. Ambas condiciones están en duda y el cabecismo tamaulipeco siempre ha jugado impíamente –pese a la tradición democristiana de los blanquiazules. A finales de octubre de 2020, el PAN tamaulipeco dio una primera señal de soberbia. Aprovechando su supermayoría en la LXIV Legislatura, García Cabeza de Vaca redujo el número de magistrados del Tribunal Electoral de Tamaulipas (Trieltam) de cinco a tres. Los panistas alegaron razones de austeridad, pero la ciudadanía tamaulipeca entendió que el cabecismo creía más sencillo controlar sólo a tres personas en ese tribunal. (Liga 1.)
En el pecado llevaron la penitencia. Los dos magistrados afectados fueron René Osiris Sánchez Rivas, nombrado desde 2017, y Edgar Iván Arroyo Villarreal, nombrado en 2020. Inconformes por su cese impugnaron la resolución legislativa. Alegaron –correctamente– que sus nombramientos provenían del Senado de la República y que una reforma a la Constitución Tamaulipeca no podía quitarles el cargo. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial la Federación les dio la razón y ordenó mantener a los cinco magistrados nombrados por el Senado. La presidenta del Trieltam, Blanca Hernández Rojas –identificada como operadora del gobernador García Cabeza de Vaca– desobedeció las sentencias y retrasó la reintegración de los dos magistrados cesados por la Legislatura. (Liga 2.)
Estos actos demostraron a las élites tamaulipecas que el cabecismo también podía maltratar a quienes antes le habían servido. El ejemplo del cese, litigio y retorno de los magistrados Sánchez Rivas y Arroyo Villareal seguro pesó en el ánimo de dos colegas: Edgar Danés Rojas y Gloria G. Reyna Hagelsieb. En este año, los cuatro se han unido en diversos fallos en contra de la Administración García Cabeza de Vaca.
El Trieltam ha declarado que la elección para gobernador de 2022 fue válida, pese a varias impugnaciones del PAN. Igualmente, los magistrados electorales tamaulipecos encontraron que García Cabeza de Vaca incurrió en delitos electorales durante la campaña. Y, lo más interesante, este tribunal acaba de echar por tierra las decisiones clave del grupo parlamentario panista en la Legislatura.
Resulta que el 30 de junio de 2022, a las 12 de la medianoche, debía terminar el segundo periodo de sesiones de la cámara tamaulipeca. Para representar al poder legislativo durante el receso el Pleno debe elegir (por mayoría de la mitad más uno de los presentes) a una Diputación Permanente. El PAN y Morena controlan exactamente la mitad de las curules. Dos votaciones resultaron en empate y no hubo ganador. La Carta Magna tamaulipeca tiene una norma para esa emergencia: “Si por causa extraordinaria el Congreso se disolviere sin haber nombrado la Diputación Permanente, se entenderá por tal el personal de la última Mesa del Congreso.” El problema, para los cabecistas, era que esa Mesa tenía mayoría morenista. Entonces recordaron que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) puede proponer a la asamblea que se detenga el “reloj legislativo” –es decir, que aunque llegaran las 12 de la medianoche, se asumiría que continuaba la sesión del día 30 de Junio.
Como Morena no aceptaría esa maniobra, los coordinadores parlamentarios del PAN y del PRI se reunieron sin convocar a la de Morena. Esa Jucopo mocha hizo la moción y la presentó ante la asamblea. La sesión continuó hasta la madrugada del 1 de julio de 2022. A esas deshoras, los panistas lograron votar una Diputación Permanente a su gusto y aprovecharon para aprobar decenas de cuentas públicas municipales… y para reformar varias leyes que convirtieron al Fiscal General tamaulipeco (cuyo periodo termina en 2024) en un super-poder encargado de la policía preventiva, la inteligencia financiera y la investigación criminal.
Uno de los asesores jurídicos de Morena, Andrés García-Repper Favila, llevó ante el Trieltam la siguiente denuncia: Al no haber sido convocada a la reunión de la Jucopo, se violaron los derechos político-electorales de la coordinadora parlamentaria de Morena, Úrsula Salazar Mojica. Ella tiene derecho a ejercer las funciones derivadas de su elección como diputada. No sólo eso: también se violaron los derechos político-electorales de la ciudadanía que eligió a Salazar Mojica. Aparte, como la maniobra cabecista impidió a la última Mesa asumir su papel como Diputación Permanente, también se violaron los derechos político-electorales de todas las personas integrantes de esa Mesa. (Liga 3.) El Trieltam votó a favor de las y los demandantes.
Los panistas-cabecistas en la LXV Legislatura trataron de desobedecer la sentencia. García-Repper promovió un incidente de incumplimiento y el tribunal amenazó con iniciar denuncia penal. La última Mesa finalmente ha asumido su papel como Diputación Permanente… y todas las decisiones tomadas con el “reloj legislativo detenido”, el 1º de julio de 2022 quedan anuladas.
