Ciudad de México, 19 de julio.- Una comisión de pobladores del municipio de Hidalgo, conformado por un grupo de viudas, huérfanos, esposas, hijos, de personas que fueron asesinadas entre los años 2018 y 2020, todos en forma violenta y con el uso de armas de fuego, a manos de la delincuencia organizada acudieron a la Ciudad de México para denunciar los hechos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y poner en conocimiento a la Guardia Nacional.
Asimismo, solicitan una audiencia con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para que termine el acoso y hostigamiento del actual gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y de los presuntos delincuentes llamada “La gavilla de Buenavista” o “Los Jaibos”, liderada por Javier Niño Betancourt, alias “El Jaibo”, y por Cipriana Elena Betancourt Cantú.
Los acosadores operaron primero desde un caserío asentado en el rancho Buena Vista, del municipio de Hidalgo, Tamaulipas, con el apoyo y financiamiento del Gobierno del Estado a cargo de García Cabeza de Vaca, y actualmente desde el interior del Centro de Ejecución de Sanciones de la capital del Estado de Tamaulipas.
Narraron que “desde esos años a la fecha hemos sufrido un viacrucis clamando justicia para nosotros; primero, porque el gobierno estatal en todo momento ha retrasado dolosamente los procesos ministeriales y judiciales en nuestro perjuicio”.
En el mes de diciembre desde 2021, Javier Niño Betancourt e Inés Betancourt Urbina, fueron recluidos en prisión en el Centro de Ejecución de Sanciones de Ciudad Victoria, Tamaulipas (CEDES), por ello y ante el caudal de carpetas de investigación judicializadas en su contra, que son quince, (aparte las que están en proceso), solo se les cumplimentaron cinco órdenes de aprehensión de parte de la Fiscalía General de Justicia que encabeza Irving Barrios Mojica, quien ha hecho caso omiso de las denuncias.
“EL fiscal se siente protegido por García Cabeza de Vaca y nunca ha dado respuesta, ni nos ha dicho por qué tarda tanto la justicia en aplicarse; son evasivos y demoran la justicia en detrimento procesal de las víctimas”, denunciaron las familias.
En las dependencias que están recorriendo en la capital del país, incluyen la lista de delitos, números de carpetas de investigación, así como las víctimas de estos hechos violentos durante este sexenio gubernamental del PAN.
Ante la CNDH Y CEAV solicitaron que se analicen las violaciones cometidas por los servidores públicos de Tamaulipas “y se garanticen las prerrogativas Constitucionales que como víctimas del delito nos asisten, y que han sido vulneradas por el Gobierno del Estado de Tamaulipas”.
Dijeron que el colmo es que los integrantes de “La gavilla de Buenavista” o “Los Jaibos”, liderada por Javier Niño Betancourt, alias “El Jaibo”, y por Cipriana Elena Betancourt Cantú, “pretenden y están iniciando gestiones para que se les incorpore al programa de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo cual resulta absurdo porque de víctimas no tienen nada”.