Por Francisco Hernández Montemayor
El informe anual del gasto 2021 acaba de ser publicado por la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal donde nos muestra que el proceso de presupuestación y la facultad del Congreso para fijar el presupuesto de egresos no es respetado en lo particular y eso lo observamos en el comportamiento del gasto, donde se muestra en verdad lo que más le interesa al gobernador y el grupo que más influye en sus decisiones y también refleja los rubros que menos les interesa.
El tema resulta interesante ya que el poder ejecutivo está obligado a rendir cuentas públicamente y lo hará ante el Congreso por escrito y probablemente en persona, donde habrá de explicar en que gastó el presupuesto en su 5º año de gobierno y también porque el Congreso tiene la facultad constitucional de vigilar el gasto y aprobar o no la cuenta pública del poder ejecutivo.
El gobernador del estado se ha quejado insistentemente que el gobierno federal le escatima recursos, sin embargo, el informe mensual de los ingresos registra que le fue enviado mes a mes las transferencias de la federación a Tamaulipas, incluso copeteadas y sin reducción alguna, ya que al final del ejercicio tuvo ingresos excedentes por 2,582, millones y contrató además créditos por 3,452 millones, solo en participaciones tuvo un 15% más de lo calendarizado, algo así como 3747 millones extras, lo que demuestra que a pesar de las diferencias y las quejas el gobierno de la 4T ha tratado con justicia y equidad a Tamaulipas.
Las transferencias al gobierno estatal equivalen al 83% de todos los ingresos del estado y sumaron el año pasado 54 mil 715,millones de pesos, casi 4,560 millones por mes, que no se pudo gastar en su totalidad, o sea, dejo de ejercer por ineficiencia y “falta de tiempo para comprometer o devengar”, 2,343,millones que registran como subejercicio, de los cuales, los “recursos etiquetados” que no se ejercieron, tendrían que haberse regresado a la
tesorería de la federación de acuerdo con la ley de disciplina financiera, convirtiéndose así, en un probable daño patrimonial al erario público del orden de $930 millones.
De las ineficiencias y faltas administrativas que más nos han afectado a la ciudadanía de Tamaulipas, es el gasto en la obra pública, donde año con año dejan cuantiosos recursos sin ejercer, obras defectuosas de cientos de millones y obras inconclusas. Por eso es lamentable que la columna de subejercicio registre una cantidad de 1,784.millones, de los cuales, $494,7 millones fueron etiquetados y debieron de regresarlos a la federación. Para tener una idea comparativa esa cantidad que no pudieron devengar sería más que suficiente para construir el acueducto para dotar de agua suficiente para 20 años más a la Capital.
Para darnos una idea de los verdaderos intereses dominantes en el gobierno panista se observa en algunas de las variaciones más grandes entre el gasto asignado y las modificaciones que hace el Poder Ejecutivo, usando y abusando de sus facultades discrecionales, por ejemplo, de acuerdo con dicho informe, el Congreso le asignó en el año pasado a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, la cantidad de $1,002. millones de pesos, presumiendo ser un gobierno responsable con el ambiente y para invertir en la infraestructura y el ordenamiento urbana, el cual es un caos en las principales ciudades de Tamaulipas; sin embargo, una vez que consiguió la aprobación del Congreso en las oficinas de la Secretaría de Finanzas justificaron que el presupuesto para
infraestructura urbana y ambiental era demasiado grande y decidieron reducirlo radicalmente, gastando tan solo $116,882,155, lo que representó una reducción de 883 millones, para destinarlos a sus prioridades, como Comunicación Social y subcontratación de servicios personales, en lugar de hacer obras para dotar de agua y tratar las aguas residuales o ampliar y adecuar los sistemas de disposición de residuos urbanos y promover la reforestación.
Las prioridades del gobierno panista destinaron el aumento de recursos hacia los servicios de proyección política y de imagen pública, rubro al que el Congreso le aprobó originalmente 70.4 millones, pero resultó insuficiente para un año de desafuero y elecciones, entonces le agregaron $364 millones más, para brincar a los 435 millones de pesos.
Otro rubro que resulta muy interesante para la política interna y el control de los grupos y operación política es el dedicado a “ayudas sociales”, donde el gobierno se gastó en un año electoral $1,588, millones, de los cuales, 977 millones fueron etiquetados para las asociaciones “sin fines de lucro” pero que se gastan más que 5 secretarías de gobierno y el poder legislativo juntos. Por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Rural apenas llega a 210 millones, la del Trabajo 158 millones, la de Economía a 150millones, la de Pesca $39 millones; la de Turismo 70 millones y el Poder Legislativo, 309 millones… etc.
Ante el informe del ejercicio 2021, los representantes sociales y políticos de la ciudadanía, o sea los diputados, pueden y deben ejercer su facultad de “fijar el presupuesto” y vigilar el estricto cumplimiento de sus objetivos y metas, evitando la desviación de los recursos para fines distintos; además, de auditar la comprobación fiscal y la calidad de las obras y servicios prestados.
El titular del ejecutivo habrá de informar puntualmente al pueblo lo que se hace con los 69 mil millones de pesos que ingresaron, pues son “recursos públicos”. Por su parte, el Congreso puede y debe promover ante la Fiscalía Contra la Corrupción la investigacióny las sanciones a los abusos, desvíos y delitos de corrupción que seguramente ocurren, ya que si la Auditoría Superior de la Federación ha acumulado observaciones no solventadas en este sexenio panista, por más de 17 mil 528 millones de pesos,resulta increíble que la Auditoría Estatal no señale algo y solo se ha dedicado a encubirlas faltas, mientras que la legislatura 64, (de mayoría panista), aprobaba a ciegas y a “bote pronto”, las cuentas públicas estatales, municipales y de las COMAPAS.
Es la hora de la transparencia, de la democracia participativa, de la rendición de cuentas y de que devuelvan al pueblo lo que han robado.
Numeralia:
Importe del gasto en las 3,944 cámaras de videovigilancia: $3,038 millones, y para su mantenimiento: 880
millones de pesos.
Importe presupuestado para la carretera de 100 km de Ocampo a Tula: $6,300 millones.
Fuente: Secretaría de Finanzas.
