Por Camelia Muñoz y Eugenia Cabriales / Border Hub
*Este reportaje forma parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists, en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
La estrategia «Echados pa’Delante» del Ayuntamiento de Saltillo se instrumentó con opacidad y contradicciones entre los documentos oficiales y los discursos del presidente municipal Manolo Jiménez Salinas, al pasar de 30 a 150 millones de pesos presuntamente destinados a combatir las afectaciones económicas derivadas de la pandemia.
Esta investigación revela cómo el recurso público que sería destinado para apoyar al sector productivo y a la sociedad en general terminó privilegiando mayormente a socios de cámaras empresariales y al sector informal adheridos a centrales obreras.
Tan sólo en el subprograma «Jalando Juntos» sólo se justificaron 9 millones 440 mil pesos de los 42 millones asignados y la población beneficiada, de acuerdo con los expedientes revisados físicamente, apenas llegó a las tres mil 492 personas y no a las ocho mil que oficialmente difunde el gobierno municipal.
El 9 de junio de 2020, Jiménez Salinas presentó el programa de reactivación económica junto con Miguel Angel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila, pero los apoyos quedaron en manos de los socios del sector productivo organizado.
Algunos recibieron beneficio doble durante la pandemia, ya que después de recibir el apoyo económico obtuvieron contratos de asignación directa o por invitación durante la pandemia, pero jamás por licitación.
La administración municipal mantiene ocultos los padrones de beneficiarios, se niega a responder solicitudes de información y no ha dado cifras precisas de los apoyos, además de condicionar la entrega de documentos al pago de 42 mil pesos y obligar a revisar los expedientes en las oficinas.
El 10 de junio, Jiménez Salinas explicó en un video que “Echados pa’Delante” fue la medida para proteger la economía, pero de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI, al tercer trimestre del año pasado -cuando se había terminado la entrega de apoyos- Saltillo ocupaba el segundo lugar con mayor tasa de desocupación en el país, con un 8.1 por ciento y poco más de 35 mil 096 personas sin empleo.
Los resultados de la estrategia eran negativos. Eder Alejandro López González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac), reconoció que el año pasado se perdieron 500 empleos en dicho sector y cerraron 15 restaurantes de sus socios.
Blas Flores González, director de Desarrollo Económico municipal, confirmó en entrevista para este reportaje que de mayo a julio del 2020, dejaron de operar cuatro hoteles de la ciudad, diez comercios del centro y seis restaurantes; todos de forma definitiva.
Jiménez Salinas olvidó que el mayor daño se registraba en la economía y en la salud de la población, que hacía llamados de ayuda para conseguir oxígeno y comprar medicamentos.
Para esas fechas los muertos por la pandemia cada día eran más y los precios de servicios funerarios, en particular la cremación, iban al alza. Al cierre del 2020, Saltillo registró 10 mil 379 casos de COVID-19 y mil 691 fallecimientos.
«Echados pa’Delante» está dividido en cinco subprogramas: Jalando Juntos, Estamos Contigo, Becas Todos por la Educación, Aquí hay chamba y Créditos pa’Delante, sin embargo mediante esta investigación únicamente se logró obtener datos de los tres primeros.
A través de solicitudes de acceso a la información pública -de las cuales 13 fueron dirigidas al Ayuntamiento de Saltillo- en su mayoría las oficinas o no respondieron o entregaron cifras parciales, por lo que fue mediante entrevistas con funcionarios y empresarios como se logró armar la base de datos.
Ni para todos ni evitaron cierres
Uriel Macías Loera pidió ayuda en varias ocasiones al presidente municipal de Saltillo a través de sus redes sociales.
El joven estuvo seis meses sin trabajo y en diciembre resultó positivo a COVID-19, pero no obtuvo ni despensa, ni medicinas y sí la respuesta automática de que el equipo de Jiménez Salinas se pondría en contacto, pero esto nunca ocurrió.
Fabiola (pidió ser identificada sólo con el nombre) fue una de las beneficiadas del programa «Jalando Juntos». Recibió en tres exhibiciones un total de seis mil pesos como «complemento al salario», pero esto no evitó el cierre del negocio donde trabajó por 16 años como vendedora. Una parte de su liquidación fue con prendas de vestir.
El panorama de los empresarios no fue diferente. Héctor Horacio Dávila Rodríguez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Coahuila, calificó el programa como una “aspirina que se entregó a quien lo necesitaba, pero no a todos los que lo requerían… y las dos o tres despensas que dieron, se les agradece».
Afirmó que los créditos estatales que se ofrecieron eran a una tasa de interés muy elevada. Los trabajadores del hotel de su familia recibieron el apoyo de «Jalando Juntos».
Jiménez Salinas asegura que se entregaron créditos bancarios y otros de corte popular, pero en los ejercicios de transparencia no se respondió nada al respecto y el Ayuntamiento mantiene en secreto el listado de beneficiarios.
«A mí me tocó entregar cientos de apoyos, más los que se entregaron por parte del equipo y para los negocios populares hubo una modalidad muy interesante, porque fue a fondo perdido. Creo que fue el mejor crédito del mundo», dijo el edil.
En el caso de «Jalando Juntos» el Ayuntamiento no verificó que los negocios operarán en la capital del estado o existieran en el lugar registrado en el formato llenado.
Por su parte, los trabajadores firmaban un escrito para pedir ayuda al presidente municipal y en otro le agradecen.
Tanto el director de Desarrollo Económico como el dirigente de Canirac reconocieron que el programa se diseñó para los socios de las cámaras Nacional de Comercio (Canaco), restaurantera, la Asociación de Hoteles y Moteles y de los Comerciantes Organizados del Centro Histórico.
El presidente de la Canirac aceptó que en la estrategia no se hizo una evaluación de las condiciones económicas por las que atravesaban los negocios.
«Todos los afiliados de la cámara fueron beneficiarios de estos apoyos que se dieron de parte del gobierno municipal y estatal y ayudaron a coadyuvar los efectos de la pandemia. Fue un apoyo general para los establecimientos que se fueron acercando, pero no hubo un filtro como tal».
A los pocos días de anunciarse la estrategia ya había beneficiarios recibiendo los apoyos en eventos públicos, aunque la convocatoria para el registro no se localizó en la página del Ayuntamiento y sólo se difundió en redes sociales, en las cuales la población exigía al edil los apoyos y denunciaba que no era atendida.
El 17 de agosto del 2021, en breve entrevista Jiménez Salinas aseguró que los integrantes de las cámaras empresariales tenían el derecho al beneficio por «ser saltillenses y cumplir con los requisitos de los programas», incluso siendo proveedores del Ayuntamiento.
Distintas dependencias municipales y funcionarios evidenciaron la desorganización en la implementación de la estrategia y, por consiguiente, en el manejo de los recursos, al contradecir el discurso del presidente municipal y la información entregada por ellos mismos.
El regidor Alberto Leyva afirmó que no fue un programa nuevo y mucho menos que los recursos provenían de una partida extraordinaria, como aseguró Jiménez Salinas: se integró una bolsa de 70 millones de pesos con los ahorros de la reasignación presupuestal, la entrega de útiles y despensas fue el programa normal anual, y mostró sorpresa al enterarse de que un grupo de empresarios fue privilegiado sin comprobar una situación crítica.
Las cifras no cuadran
En el ejercicio de acceso a la información se revisaron casi dos decenas de carpetas en las que se contabilizaron tres mil 492 personas beneficiadas de «Jalando Juntos», con una erogación de 9 millones 440 mil pesos y no los 42 millones que asegura el edil para ocho mil personas.
La revisión de los expedientes se realizó abril del 2020, a más de siete meses de concluir «Jalando Juntos», y sólo se encontraron uno o dos recibos de los pagos por 2 mil pesos cada uno.
Se armó una base de datos con los expedientes proporcionados por Desarrollo Económico de 99 negocios que recibieron el apoyo y esto se cotejó con un informe de la misma dirección en la que se localizaron otros 16 restaurantes y comercios, que en total dieron 272 beneficiarios.
También se encontraron los comprobantes por 2 mil pesos entregados a cada uno de los 424 choferes de micros y taxis.
Dos mil 454 trabajadores informales obtendrían cinco mil pesos cada uno, pero sólo se localizaron comprobantes de un primer pago por dos mil pesos. Ellos pertenecen a centrales obreras adheridas al PRI.
A los 20 empleados de eventos (cantantes, meseros y quienes se dedican a la renta de mobiliario y salones de fiesta) y 322 trabajadores de otros comercios, se les entregaron seis mil pesos.
Los más beneficiados del apoyo
Entre los beneficiados del programa se identificaron empresarios que son proveedores del ayuntamiento o de organismos públicos descentralizados, como el DIF y el Instituto Municipal de Planeación (Implan), que otorgaron contratos por asignación directa o por invitación, meses después de que los trabajadores de dichos negocios recibieron el apoyo económico.
Uno de ellos es Raúl Rodríguez Cortés, dueño de Eventos Rodríguez S. A de C. V, de acuerdo con la escritura pública número 45 emitida el 8 de febrero del 2012 por el notario público número 12, Jesús Francisco Aguirre Garza, con la que constituyó la sociedad anónima de capital variable.
El empresario obtuvo en octubre dos contratos de la Presidencia Municipal de Saltillo: uno por 417 mil 702 pesos por la renta de mobiliario y equipo de audio, video, planta de luz y otro por alquiler de toldos por un total de 129 mil 920 pesos.
A Gabriel de las Fuentes Martínez, dueño de Más Queso Food Service, el DIF saltillense otorgó el año pasado 31 “asignaciones directas” por un monto total de 384 mil 690.12 pesos, pero los contratos no son públicos y la empresa no aparece en el Registro Público del Comercio, pero sí como socio de Galaxy Bol, junto con sus hermanos, empresa que también fue beneficiada. Con dichos recursos se pudo haber apoyado a otras 64 personas, junto con sus trabajadores.
En el 2019 Armando García Garza, representante del Grupo ICC (Infraestructuras y Construcciones Coahuilenses) fue responsable de la remodelación en su primera etapa de la Delegación de Policía Preventiva por un millón 824 mil 920 pesos.
Se registró con la dirección Musa de León 1447 de la colonia Los Pinos, pero ahí se encuentra la Notaría número 106. En el Registro Público de Comercio, la sociedad mercantil con folio N-2017095087 aparece con domicilio en el municipio de Parras de la Fuente.
El negocio Proveedora de Oficinas Saltillo también obtuvo seis contratos por invitación del DIF municipal por más de 200 mil pesos.
La empresa Aldavis Comercializadora y Servicios S.A. de C.V. aparece en el Registro Público de Comercio con 66 «objeto social principal» y obtuvo un contrato a través del Implan que consistía en la adquisición de cucharas para café, jabones, platos desechables, tinas para trapeador, vinagre y toallas desinfectantes cuyo valor osciló entre 27 mil 312 hasta 43 mil 700 pesos.
También es proveedora de distintas dependencias de diferentes niveles de gobierno a las que proporciona todo tipo de artículos y el año pasado obtuvo dos contratos por 2.5 millones de pesos con el Instituto Electoral de Coahuila.
Las mismas personas concentraron más apoyos
Los más privilegiados fueron los negocios de Mario Mata Quintero y sus socios, quienes concentraron en siete de los restaurantes los apoyos para sus trabajadores.
El exdiputado federal, exfuncionario municipal y expresidente de Canirac, junto con Alberto Glyndwr Salinas de las Fuentes son dueños de Super Salads, que aparece en el Registro Público del Comercio con la razón social Mex-Trade S.A. de C.V; y de Costeñízate Saltillo, S.A. de C.V, con Folio Mercantil 32428.
También son dueños de El Costeñito (Pez y Pulpo S.A. de C.V), donde participan además Alberto de Jesús Martinez García y Víctor Septién Valenzuela.
En el bar La Municipal aparece como socio José Alfredo Valero Martínez, mientras que en el Barezzito se integra Juan Carlos Saade y en Abuket S.A. de C.V. o Partners and Brothers participa también Rodrigo José Garza Villarreal, mientras que en el Cafezzito el ex funcionario municipal aparece como único dueño, de acuerdo con las escrituras que se ubican en los expedientes de «Jalando Juntos».
Llama la atención que todos los negocios se encuentran en el sector norte, el considerado de mayor plusvalía de Saltillo.
Durante el inicio de la pandemia en redes sociales hubo señalamientos de que los restaurantes como El Costeñito en sus diferentes sucursales y el Cafezzito se mantuvieron abiertos, mientras que se manifestaban trabajadores de diversos sectores que no podían laborar.
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Entre otros de los negocios que recibieron los apoyos se encuentra la Óptica del presidente de la Canaco, Eduardo Dávila Aguirre, quien aparece en otro padrón de beneficiarios del Ayuntamiento como representante de dicho organismo y al que entregan mensualmente 200 mil pesos, al igual que a Fabio Gentiloni Arizpe, quien era dirigente de la Canirac el año pasado.
Con los 400 mil pesos recibidos por ellos se alcanzaría a otros 66 trabajadores con «complemento al salario».
Por su parte el integrante de Canirac, Gustavo Espinoza Mireles se registró como trabajador de dicha cámara, aunque cuenta con varias sucursales de la empresa Mr. Wine y los empleados de una de ellas aparecen también como beneficiarios.
Una de las sucursales aparece como proveedora de vinos del municipio en el cuarto trimestre del año pasado, aunque el local luce vacío.
La empresa Multiventas Del Norte registró el domicilio de Presidente Cárdenas 1375 en el que se encuentra una farmacia popular.
Su dueño Carlos Alfonso Durán Alcocer participó en varias licitaciones con dependencias federales a través de la empresa Servicio Integral de Oficinas, ubicada en la colonia República y a quienes presupuestó trabajos de limpieza.
Obtuvo 20 contratos el año pasado por un monto de 3 millones 865 mil 431 pesos, según la plataforma QuiénEsQuién.Wiki, donde aparecen como sus principales clientes el Centro de Investigaciones en Química Aplicada y la delegación en Coahuila de la Secretaría del Bienestar, entre otras.
El año pasado obtuvo la mayor parte de los 48 contratos que firmó desde el 2016 a lo que va del 2021.
También ofrece los servicios de limpieza de oficinas en la coordinación Saltillo del Programa de Ahorro Sistemático Integral que depende de Banobras además de ser proveedor de dicho fideicomiso en su carácter de «empresa especializada» y proporciona los aparatos electrodomésticos que son pagados a través de Comisión Federal de Electricidad.
Se localizaron negocios cuyos dueños se registraron como trabajadores para acceder a los apoyos. Otros, cuyos dueños registraron a sus familiares, como Bombas Kuess, Aqua Nova, Centro de Moda, Rivan Dorne y Seemex.
Los hermanos Claudia y Ricardo Valdés Cabello registraron la Notaría 20 y un Despacho Contable, respectivamente.
En el caso de la fedataria aparecen como beneficiarios dos de sus sobrinos y nietos del exdirector de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, Valeriano Valdés Valdés.
Durante esta investigación periodística no fue posible localizar empresas como Saga Construcciones, Cubo XXI y Suministro de Medios Administrativos.
Esta última empresa aparece como proveedora del DIF en asesorías legales, pero con un domicilio en el exclusivo fraccionamiento Privanzas del Campestre, del municipio de Arteaga.
Hubo grandes negocios que también recibieron este tipo de apoyos como el restaurante Pour La France, del ex diputado local Juan Carlos Guerra Negrete y La Cipolla, además de hoteles como el Quinta Dorada y el Quinta Real.
SICSA Computación se registró con un domicilio particular. El dueño es Alejandro Cárdenas Zavala, hermano del director del DIF en Coahuila.
Algunos negocios no resistieron, como la tienda de ropa Titán y el bar Monumental Public House. Las oficinas de Expo Contacto se encontraban cerradas durante las distintas ocasiones que fueron visitadas.
Estos se sumaron a la lista de restaurantes que también dejaron de operar, como el VIPS sucursal Emilio Carranza, Las Alitas en Venustiano Carranza, Bisquets Obregón y Applebee ‘s Galerías, entre otros.
Aunque se anunció que la estrategia era para proteger la economía de Saltillo, se localizaron empresas con domicilio en el municipio de Ramos Arizpe.
Tal es el caso de la empresa Tec-Ma-C, cuyos trabajadores sí comprobaron residencia en la capital del estado, y Seemex (Servicios Empresariales de México) cuyo dueño registró a sus hijos como beneficiarios y dio un domicilio particular en la capital del estado que es utilizado para instalar un bazar.
Para acceder a los apoyos algunas empresas improvisaron los recibos de nómina, pero en éstos había omisiones como el desglose de percepciones y deducciones de los trabajadores.
Del padrón de empresarios que recibieron los Créditos Echados Pa’Delante y el resto de los subprogramas, nada se encontró en la revisión de los documentos donde también había carpetas sólo con credenciales de elector.
Hasta el 12 de septiembre en el Ayuntamiento de Saltillo se habían negado a responder las diferentes solicitudes de información y en el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información las peticiones se mantenían en trámite.
Jiménez Salinas sostuvo que es «un error de dedo» no publicar los padrones de beneficiarios de la estrategia «Echados Pa’delante» y que revisará las incongruencias detectadas.
Desaparecen despensas
En lo que se refiere al apoyo a la población vulnerable, el encargado de Desarrollo Social municipal en ese entonces, Ernesto Siller Torres, respondió que entregó despensas, útiles escolares y kits de limpieza desde el mes de abril de 2020 cuando ni siquiera existía como tal la estrategia.
En una primera respuesta aseguró que se distribuyeron 80 mil 555 despensas, 10 mil paquetes de gel antibacterial y cubrebocas, mil kits de limpieza (cloro, pinol, gel y sanitizante), paquetes de verduras en beneficio de mil familias, nueve mil paquetes de queso y leche en coordinación con el DIF municipal así como 30 mil paquetes de útiles escolares por medio de la dirección de Fomento Económico. Todo en 29 colonias.
Semanas después entregó un concentrado de los sectores beneficiados que se incrementaron hasta alcanzar 543 colonias, pero de manera por demás extraña, las despensas reportadas disminuyeron en un 50 por ciento y de las más de 80 mil confirmadas inicialmente, apenas llegaron a las 40 mil 278.
El funcionario dijo en un oficio que su dependencia no fue la responsable del reparto de paquetes de verduras y queso, porque éstos corrieron por parte del DIF y esta oficina aceptó que apoyó con alimentos, pero no como parte de la estrategia Echados Pa’Delante.
Según Siller Torres, la distribución de apoyos ocurrió durante los meses de abril, mayo y junio, pero fue en este último mes cuando inicia la estrategia y aparece la figura de Paola Rodríguez López como representante de la iniciativa ciudadana “Apoyaré».
A la esposa del presidente municipal se le menciona en 21 comunicados oficiales durante los eventos que realizó el área de Desarrollo Social, sin especificar si son recursos y acciones distintas que se duplicaron en las colonias y comunidades rurales.
En reiteradas ocasiones se solicitó el padrón de personas que recibieron la ayuda, pero éste tampoco está publicado y, aunque se ofreció consultarlo en la dependencia, en las carpetas sólo se ubicaron nombres y colonias sin precisar el tipo de apoyo entregado por ellos o por la organización de la esposa del edil, cuya iniciativa ciudadana no aparece en el directorio de Organismos No Gubernamentales del estado de Coahuila.
Aunado a esta serie de contradicciones, se aseguró que se llevaron a cabo estudios socioeconómicos para determinar a quiénes entregarían los apoyos, pero en los expedientes éstos no aparecen.
En lo que respecta al presupuesto para Empleo Temporal, el director de Desarrollo Económico informó que atendieron a 2 mil personas y el lineamiento marca que el sueldo de 5 mil pesos sería para mil 600 personas.
Las tareas a desarrollar por los beneficiarios iban desde limpieza en espacios públicos, vigilantes de la salud y apoyo a Protección Civil en los operativos, para un total de 10 millones de pesos erogados. Tampoco existen padrones ni documentos que respalden la entrega de los recursos.
Contraloría Ciudadana de aparador
Todo esto ocurrió pese a que el Ayuntamiento integró una Contraloría Ciudadana con representantes de la sociedad civil encabezados por el empresario Joaquín Arizpe Dávila, quienes designaron a Jorge Ayax Cabello Hernández como encargado de supervisar la aplicación de los recursos en áreas como obra pública, procesos administrativos y adquisiciones, pero dicho organismo no hizo presencia durante entrega de apoyos.
Cabello Hernández, quien no accedió a entrevista, está registrado como proveedor del gobierno municipal con el folio P/0377/17 a través de su empresa Saltillo Asesores, S.C. de la cual es representante legal y en el 2018 recibió 250 mil pesos a través de un contrato con el DIF municipal, al que representó en el proceso de entrega recepción de la administración anterior.
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Era necesario evaluar a quién se daba apoyos
Para el subdirector de investigación de Posgrado e integrante del Centro de Investigaciones Socioeconómicas de la Universidad Autónoma de Coahuila, David Castro Lugo durante la pandemia se detonaron dos crisis: la sanitaria y la económica.
La segunda fue consecuencia de la primera y asumió el carácter prioritario, pero aún así la situación de la población se vio afectada al pasar una parte de ella a pobreza extrema, de acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social (Coneval) que establece que en Coahuila la población en condición de pobreza extrema se incrementó de 46 mil 700 personas a 81 mil.
Por todo ello consideró que la estrategia debió ser más específica para determinar “a quién y cómo se apoya” .
Por su parte el Instituto Mexicano para la Competitividad señala en su análisis sobre la estrategia federal de reactivación económica que el aumento en la cantidad de beneficiarios de programas sociales no equivale a generar empleos, porque no apoya de forma directa a los trabajadores que lo perdieron o vieron reducidos sus ingresos.
«Echados pa’Delante» se implementó sin un estudio previo para evitar afectaciones económicas durante la pandemia y el beneficio de «Jalando Juntos» quedó en manos de quienes tienen una situación privilegiada.
Jiménez Salinas lo reconoce, al asegurar que el recurso «alcanzó para que entraran todos» (los de las cámaras), aunque no se logró evitar la caída de empleo y al cierre del 2020 se reportaron 42 mil 947 fuentes de trabajo perdidas, la mayor parte en las ciudades de Torreón y Saltillo, según los titulares de Turismo y de Desarrollo Económico del Estado, Azucena Ramos Ramos y Jaime Guerra Pérez, respectivamente.
