*Se cumplen dos años de la masacre de 8 personas en el Valle de Anáhuac
El domingo cinco de septiembre se cumplieron dos años de la masacre de ocho personas en el Fraccionamiento Valles de Anáhuac de Nuevo Laredo; dos agentes detenidos, tres policías convertidos en testigos protegidos y dos elementos más prófugos, es el resultado de las “investigaciones” realizadas por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) y de su compromiso de “hacer justicia”.
En un comunicado del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo que dirige Raymundo Ramos Vázquez señala que la Policía Estatal Acreditable y del centro de análisis, inteligencia y estudios de Tamaulipas, (Caiet), con el acompañamiento y la complicidad de personal militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), allanaron tres domicilios particulares sin orden de cateo, detuvieron a cinco hombres y tres mujeres, y luego las ejecutaron, a la mayoría con un disparo en la cabeza. Las víctimas presentaban huellas de tortura y marcas en sus muñecas de haber sido esposados al momento de su muerte.
En un intento por justificar su acción criminal, el director del desaparecido CAIET, Félix Arturo Rodríguez Rodríguez, informó a un grupo de periodistas que cubren la fuente de Seguridad Pública que habían “abatido” a ocho integrantes de un grupo delictivo, y además aseguraron quince armas de fuego durante un enfrentamiento entre autoridades federales y estatales con civiles armados.
Sin embargo, el testimonio de al menos tres víctimas sobrevivientes y una investigación del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, permitieron descubrir que dicho “enfrentamiento” fue en realidad un montaje organizado por el director del CAIET, para encubrir los homicidios realizados por el personal bajo su mando. L
as víctimas de detención arbitraria, tortura y ejecuciones extrajudiciales fueron identificadas como Luis Fernando Hernández Viesca, Jenifer Hazel Romero López, Cindy Esmeralda Briseño Chapa, Juana Yetzel Graciano Magaña, José Daniel Saucedo Martínez, Enrique Pérez Chávez, Wilbert Irrastreto Pérez Y Severiano Treviño.
Hasta el momento ningún militar perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional ha sido investigado por su participación en estos hechos, a pesar de justificar ante organismos defensores de los derechos humanos que su presencia el día del montaje criminal, solamente “prestaron apoyo brindando un perímetro de seguridad”.
Algunas de las unidades militares tenían los siguientes números económicos: 0916312, 0916324 y 0916593. Por estos hechos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) mantiene abierto el expediente de queja CNDH/2/8078/2018/Q, mismo que familiares de las víctimas han solicitado a su presidenta Rosario Piedra Ibarra que concluya su integración, y emita una recomendación por violaciones graves a los derechos humanos.
AUTORIDADES DE TAMAULIPAS SIMULAN JUICIO
De las “investigaciones” por estos hechos realizadas por el fiscal especial Adelfo Gabriel González Pérez, con fecha del 5 de noviembre del 2019 solicitó al Juez de Control del Primer Distrito Judicial de la Primera Región, Aldo René Rocha Sánchez, siete órdenes de aprehensión por los delitos de Homicidio Calificado, Abuso De Autoridad, Falsedad En Informes Dados A Una Autoridad Y Allanamiento De Morada dentro de la Carpeta Procesal 232/2019, (omitiendo tortura y robo entre otros delitos), siendo detenidos diez días después solamente dos agentes del Centro de Análisis, Estudios e Información de Tamaulipas (CAIET): José Rafael González Villalpando Y Ricardo Guadalupe Mendoza Aguirre, e internados en una cárcel del municipio de Tula, una vez que se calificó de legal su detención.
Otros tres policías estatales solicitaron el beneficio de criterio de oportunidad para “colaborar” con las autoridades investigadoras a cambio de cancelar las órdenes de aprehensión en su contra, siendo estos. Zayra Concepción Guevara Garza, Juan Carlos Vicencio Zuvirie, Azariel Urbina Arguelles, actuación que fue acordada por el fiscal especial el 6 de noviembre del 2020, sin informar a familiares de las víctimas los alcances, objetivos de esta decisión y su fundamento legal.
Mientras que otros dos agentes de la policía estatal Edith Esteban Cruz Y Francisco Hernández Carbajal hasta la fecha se encuentran prófugos y extrañamente sin poder ser localizados en todo el territorio nacional. Familiares de las víctimas desconocen si la fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas ha solicitado la colaboración de la Fiscalía General de la República y de otras fiscalías de los 30 estados de la República Mexicana, así como de la ciudad de México
