Continuando el recuento de gobernadores defenestrados en Tamaulipas, abordamos ahora el caso más cercano a nuestro tiempo, aunque data de 1947: la desaparición de poderes en la entidad, siendo gobernador Hugo Pedro González Lugo y presidente de la República, el licenciado Miguel Alemán Valdez. Veamos enseguida como ocurrió aquel episodio histórico.
Miguel Alemán tomó posesión el 1 de diciembre de 1946 y el escenario tamaulipeco – jefaturado por Emilio Portes Gil – se complicó con su ascenso. Se rumoraba que el nuevo presidente no veía bien a Portes Gil; pues el padre del mandatario, Miguel Alemán González – general escobarista levantado en armas – murió en Veracruz en 1929, cuando el tamaulipeco despachaba en palacio nacional como presidente provisional. Circulaban dos versiones del mismo hecho, una era que se había suicidado, la otra que lo fusilaron. Lo que si era cierto es que Portes en 1946 no había apoyado la precandidatura de Alemán; se la había jugado con Javier Rojo Gómez al interior del partido de Estado. Y para colmo, el contrincante del candidato oficial fue Ezequiel Padilla del Partido Democrático Mexicano (PDM), amigo bastante cercano del jefe político tamaulipeco.
Alemán ganó las elecciones en Tamaulipas sin mayor problema, excepto en Ciudad Madero, donde fue superado por Padilla. También participó en ese proceso electoral de 1946 el director-gerente del periódico El Mundo de Tampico, Vicente Villasana González, registrado como candidato a Senador por el Partido Acción Nacional (PAN), que por primera vez presentaba candidatos en la entidad. No obstante, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), – que recién había adoptado ese nombre – se llevaba completa victoria, pero con impugnaciones y denuncias por “fraude electoral”.
La agitación que venía desarrollándose en Tamaulipas desde antes, por disputas políticas, selección de candidatos al interior del oficialismo y denuncias de prensa contra el “cacicazgo portesgilista”, se recrudeció durante los primeros meses de 1947. El problema mayor se vivió en la Villa de Llera al empezar marzo, cuando un grupo disidente armado, encabezado por Guadalupe Arcos, atacó la sede del poder municipal con saldo de varios muertos y heridos. El Mundo reseñaba ampliamente estos hechos, magnificándolos, para continuar sus críticas al gobierno tamaulipeco, en particular al gobernador y a Portes Gil. Esta línea del periódico tampiqueño no era reciente, venía de tiempo atrás y se había acentuado después del resultado electoral de 1946.
En tal contexto ocurrió el asesinato de Vicente Villasana a manos de Julio R. Osuna, Inspector de Policía y Tránsito del estado, el 31 de marzo de 1947 en la capital tamaulipeca. El controvertido empresario-periodista se encontraba con su amante en la habitación 208 del Hotel Sierra Gorda, donde ebrio irrumpió el jefe policiaco y disparando a mansalva mató a Villasana; estos hechos están registrados en el expediente 2-1/47/398 del fondo Investigaciones Políticas y Sociales conservado en el Archivo General de la Nación (AGN). El violento suceso impactó a la clase política, ocupó las primeras planas de los diarios tanto de la capital del país como regionales y generó un ambiente de movilización social en varias ciudades de Tamaulipas. Llama la atención que a escasos dos días del crimen, El Mundo ya anunciaba en su portada: “Posible desaparición de poderes”.
Y en efecto, estando en receso la Cámara de Senadores, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sesionó en secreto el 9 de abril de 1947 bajo la presidencia del senador Carlos I. Serrano. El presidente Miguel Alemán remitió el informe conjunto del secretario de Gobernación, Héctor Pérez Martínez y Francisco Martínez de la Vega, procurador general de la República; enviados a investigar los hechos: “El licenciado [Hugo Pedro González Lugo] no hizo nada por aprehender a [Julio] Osuna […] durante el tiempo en que permaneció en Ciudad Victoria, ni en el lapso en que, con conocimiento del ciudadano gobernador, se encontraba en su rancho” decía tal informe, de modo que el “homicida se entregó a las autoridades después de que los agentes de la federación”, por orden presidencial, “habían intervenido para vigilar la debida impartición de justicia en el caso especial que nos ocupa”, afirmaba también este escrito, que fue base para declarar la desaparición de poderes en Tamaulipas, con lo que no solo caía el gobernador sino el Congreso Local y el Supremo Tribunal de Justicia. Dicho acuerdo se concretó mediante un escueto decreto legislativo – de tan solo dos puntos- que declaraba desaparecidos los poderes y, en el mismo acto, nombraba gobernador provisional al general Raúl Garate Legleu.
Aquel acuerdo legislativo de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión removió de su cargo a Hugo Pedro González, cuando todavía le faltaban 4 años para concluir su mandato constitucional. Consumándose de esta forma el cuarto caso de un gobernador tamaulipeco defenestrado en tiempos modernos.
Faltaría profundizar en algunos aspectos de la historia política de Tamaulipas, que aportarían mayor luz y entendimiento a ese episodio, por ejemplo: qué motivó a Osuna para asesinar a Vicente Villasana y cómo fue que este empresario mediático, a pesar de su truculenta trayectoria y sus vinculaciones con la ultraderecha internacional – era simpatizante de Hitler y Franco e integrante de la Falange española – se convirtió en bandera de la “libertad de expresión”. También explicar la responsabilidad de Portes Gil en estos sucesos – él se deslindó públicamente en ese tiempo – que sirvieron al presidente Alemán para iniciar el desmantelamiento del “portesgilismo” y el ascenso del “alemanismo” en Tamaulipas, pues además de los poderes estatales fueron desconocidos varios ayuntamientos, incluido el de la capital tamaulipeca. Así, aquel acontecimiento histórico marca el fin de la “era portesgilista” y el inicio de otro sistema autoritario en la entidad. Ya hemos escrito sobre ese pasado en otros espacios, pero valdría la pena tratar esos temas políticos y jurídicos aquí, en otro momento.
En la actualidad vivimos el proceso de desafuero contra el gobernador Cabeza de Vaca, un caso iniciado en la Cámara de Diputados a nivel federal. La FGR lo acusa de tres delitos graves: delincuencia organizada, operaciones con recursos ilícitos y fraude fiscal equiparado. Mientras se desenvuelve este proceso, el Congreso Local de mayoría panista aprobó al vapor algunas modificaciones legislativas, para “blindar” dicen, al Ejecutivo estatal, bajo la “interpretación” que el desafuero finalmente se decidirá a nivel local. Al mismo tiempo aparecen informaciones documentadas de enriquecimiento inexplicable del gobernador en reportajes y trabajos de investigación periodística. El resultado del proceso federal – cualquiera que sea – tendrá un impacto considerable en la vida pública y en la estructura política tamaulipeca contemporánea. Se trata de una historia fluyente, un asunto inacabado que ya constituye un reto para los estudiosos de las ciencias sociales; como acontecimiento histórico habrá que encararlo con las herramientas teóricas y metodológicas de la Historia del Tiempo Presente.
