Yahleel “N”, exsecretaria de Bienestar Social durante el sexenio de Francisco García Cabeza de Vaca, evitó ser llevada a la cárcel luego de que una jueza de control le dictó prisión preventiva justificada, medida que no pudo ejecutarse por un amparo presentado por la imputada.
Durante la audiencia inicial celebrada este jueves, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción formuló imputación y solicitó la vinculación a proceso de Yahleel “N” por los delitos que se le atribuyen dentro de la causa penal correspondiente.
La defensa de la exfuncionaria solicitó que su situación jurídica se resuelva dentro del plazo constitucional ampliado de 144 horas, por lo que la jueza deberá determinar en la continuación de la audiencia si existen elementos suficientes para vincularla a proceso.
No obstante, antes de suspender la audiencia, el Ministerio Público solicitó la imposición de diversas medidas cautelares, entre ellas la prisión preventiva justificada, al considerar necesario garantizar la comparecencia de la imputada y evitar nuevos retrasos en el proceso penal.
La jueza concedió dicha medida cautelar; sin embargo, Yahleel “N” presentó un amparo, lo que impidió que la prisión preventiva fuera ejecutada en ese momento.
Con ello, la exfuncionaria evitó ser detenida, pese a que una jueza de control consideró procedente imponerle prisión preventiva justificada.
El episodio se suma a una serie de recursos, incidentes y diferimientos que durante meses han retrasado el avance del procedimiento penal, entre ellos justificantes médicos, cambios de defensa y solicitudes de aplazamiento que postergaron en diversas ocasiones la formulación de imputación.
El caso ha generado especial atención pública por tratarse de una exintegrante del gabinete estatal del sexenio cabecista y por las presuntas irregularidades investigadas en el manejo de recursos públicos destinados a programas sociales.
Será dentro del plazo constitucional solicitado por la defensa cuando la jueza resuelva si Yahleel “N” es vinculada o no a proceso. Mientras tanto, aunque la prisión preventiva ya fue dictada, su ejecución permanece frenada por el amparo presentado por la imputada.